Dos polos opuestos terminaron firmando el “Acuerdo para la materialización de la paz territorial. La compra directa de tierras para la construcción de la Reforma Rural Integral. De un lado, el exguerrillero que denunciaba al narcolatifundio paramilitar. Lo hizo en campañas electorales, en el Congreso y en las plazas públicas, señalando a esos narcolatifundistas como victimarios y un lastre para el desarrollo el país.
Del otro lado, el personaje que encarna el feudalismo de la gran hacienda ganadera, que no representa precisamente a los latifundistas, sino a los terratenientes, que con capital del bueno y del malo, y a sangre y fuego, han reconcentrado tanta tierra y tanto poder, para poner más vacas que gente en nuestra geografía, instalando una vaca por hectárea en 38 millones de hectáreas de las 114 millones que tiene el país.
El acuerdo configura un escenario idílico, una foto paradójica y macondiana, protagonizada por dos costeños del Caribe. Tan idílico como lo es buscar superar el antagonismo de la tierra entre Santander y Bolívar; entre conservadores terratenientes y campesinos liberales; entre guerrillas comunistas y clanes políticos tradicionales asociados con narcotraficantes, entre grandes haciendas ganaderas, plantaciones y Zonas de Reserva Campesina.
El acuerdo representa un mensaje positivo y tranquilizador para un sector económico y político asociado al surgimiento de la versión más reciente del paramilitarismo en Colombia, hasta el citado acuerdo preocupados por el fantasma auto-inoculado de la expropiación.
Pero lo que debería preocuparles y preocuparnos es su propia historia. Fue a comienzos de los ochentas cuando fondos y asociaciones de ganaderos del Magdalena Medio impulsaron junto a gamonales y generales del Ejército la creación de bandas paramilitares en esa región.
Es así como en enero de 1980 se le otorgó la personería jurídica a la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM), en la que confluyeron líderes políticos como Iván Roberto Duque, conocido posteriormente como el comisario político de las AUC “Ernesto Báez”; Pablo Emilio Guarín, diputado del Partido Liberal; Luis Rubio, alcalde en su momento de Puerto Boyacá y el General Farouk Yanine Díaz, conocido luego como el pacificador del Magdalena Medio. Todos, a la postre fundadores de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Con la cofinanciación de Víctor Carranza y Gonzálo Rodríguez Gacha, y junto al grupo Muerte A Secuestradores - MAS, fundado por el cartel de Medellín, impartieron los primeros cursos de instrucción paramilitar, a cargo del mercenario israelí Yair Klein.
El resultado de este maridaje antisubversivo se media en masacres (19 comerciantes en Puerto Araujo, La Rochela, Segovia) y en los primeros asesinatos del genocidio de la Unión Patriótica en la región. Luego este modelo se trasladaría a Urabá y se convertiría en el proyecto paramilitar más grande del país amparado en la institucionalidad del Estado: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Desde este comienzo las relaciones entre ganaderos y paramilitarismo fueron estrechas, nunca se han roto y hacen parte de la historia de la violencia política en Colombia. Más recientemente se conoció, por ejemplo, la versión del exgobernador y exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, ante una magistrada de Justicia y Paz, que da cuenta de una reunión sostenida entre José Félix Lafaurie y Salvatore Mancuso en Montería, durante la cual el primero, presidente de Fedegán, le solicitaba al jefe paramilitar apoyo para lograr la elección de Mario Iguarán como Fiscal General a cambio de un trato indulgente hacia los miembros de las AUC. El líder ganadero, como contraprestación, buscaba que su mujer, María Fernanda Cabal, ocupara un alto cargo en la Fiscalía, como efectivamente ocurrió.
En declaraciones desde Estados Unidos Mancuso llegó a calificar la alianza con Fedegán y los fondos ganaderos como “un tipo de alianza gremial, política y militar que ha tenido alcances que la sociedad colombiana aún no ha llegado a imaginar”. Sobre el despojo de tierras relató que “el Fondo Ganadero de Córdoba sí se apropió de tierra de manera ilícita en el caso Tulapas entre 1995 y 1997”. Luego, el 4 de agosto de 2022, ante la Comisión de la Verdad, Mancuso aseveró que “bajo intimidación compramos en Urabá y Córdoba tierras a 25 mil pesos, después le vendimos 8.000 hectáreas al Fondo Ganadero de Córdoba y así creamos una burbuja económica”, dijo.
El exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba lo corroboró en su versión ante Justicia y Paz: “ganaderos, accionistas y directivos del Fondo apoyaron la propuesta de la Casa Castaño para adquirir tierras en Urabá mediante el despojo”.
Los casos descritos del Magdalena Medio y Córdoba ilustran el modelo de despojo y la provechosa alianza entre paramilitares y grandes ganaderos para despojar tierras, hacer negocios ilícitos y acumular poder político, cuyo modelo se puede ver replicado por todo el país.
Por tanto, el acuerdo que puede ser visto como un consenso de opuestos hacia la implementación del Fondo de Tierras del Acuerdo de Paz con las FARC, como premisa hacia el logro de la paz territorial, tiene detrás de Fedegán una historia de despojos violentos, de restituciones fallidas a los despojados, a quienes los líderes ganaderos llaman hasta el día de hoy “falsos reclamantes”.
En sus declaraciones sobre el acuerdo Lafaurie insistió en la “seguridad jurídica”, la misma que reclaman en la SAC y Fedepalma, donde podemos encontrar los otros despojos, hasta completar por lo menos 8 millones de hectáreas arrebatadas a familias campesinas en las últimas décadas. Seguridad jurídica que en plata blanca equivale al ejercicio de derechos de propiedad sobre lo despojado.
A Lafaurie no le gusta reconocer al campesinado, dice que más allá de dignificar la vida en el campo, lo que hay es que constituir una clase media rural, la de la agroindustria de plantaciones y la hacienda ganadera convertida en sostenible con recursos de renta publica y jornaleros proletarizados. Habla de una ganadería sostenible en 20 millones de hectáreas, cuando solo 8 millones de ellas tienen vocación ganadera.
Poner a Lafaurie y al gremio de los despojadores en el centro, legitimarlo como articulador y gestor de la ejecución del Fondo de Tierras, incluso como asesor técnico en su nueva experticie en ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles, pues no honra ni repara a sus víctimas.
Lo que si necesitamos es que el Fondo de Tierras y su distribución funcione, para lo cual se deben resolver primero los problemas estructurales: Garantizar derechos de los campesinos en áreas protegidas, zonas de reserva forestal y en páramos; cumplir con la constitución de las Zonas de Reserva Campesina; financiar sus Planes de Desarrollo sostenible y hacer valer el límite de extensión de la propiedad en su interior; ejecutar a cabalidad la reforma rural integral y sus planes sectoriales; cumplir a plenitud el acuerdo de sustitución de cultivos con los PISDA municipales; implementar una política pública de acompañamiento institucional a la economía campesina; montar un programa nacional de asistencia técnica; modernizar y capitalizar el banco agrario; impulsar una red de mercadeo agropecuario campesino anclado a la compra y distribución estatal de alimentos como punto de partida.
El pacto para sacar adelante la Reforma Rural Integral debe ser con los sin tierra (porque nunca la han tenido o porque les fue arrebatada), con el campesinado y con los indios y negros que sin derechos transformaron la economía del país desde las fincas de café, cacao, caña y arroz sembrando la comida a pulso, sin crédito, sin asistencia técnica, sin precios de sustentación, sin carreteras y sin logística de comercialización. Hasta ahora sin nada.
