Por: César Jerez
El pasado viernes 21 de octubre el presidente Petro convocó al palacio de Nariño a representantes de organizaciones y plataformas campesinas. Fue un almuerzo modesto: un plato de lentejas, arroz con carne molida, ensalada y tajadas de plátano; de postre torta de chocolate con helado, lo que se bajó con una gaseosa, una de marca extranjera y otra colombiana; ese día no había fruta de cosecha para el jugo en la cocina de palacio.
Una manera de abordar el tema de la reunión es el mismo menú del almuerzo. De los servido, todo era de producción nacional, excepto las lentejas. Y es que Colombia importa ya cerca de 15 millones de toneladas de alimentos al año, que corresponde al 30% de la comida que consumimos sus habitantes.
Las lentejas, vilipendiadas y mal valoradas como comida barata por unos, desde que en la cita bíblica del Génesis un laborioso Esaú, cansado y hambriento le vende la progenitura a su hermano gemelo, al vago Jacob, por un guiso de estas leguminosas; lentejas amadas por otros por su delicioso sabor y aporte proteínico.
Pues las lentejas que comemos en Colombia se importan en su totalidad, de Canadá en un 87% y de USA en un 13%. Durante los últimos 5 años Colombia ha importado unos 46 millones de dólares en lentejas en promedio anual. El mercado global de las lentejas lo domina Canadá, que exporta al año 810 millones de dólares en lentejas, el 50 % de los 1650 millones de dólares que representa el mercado global anual, esto en un país congelado gran parte del año.
En el plato de lentejas podemos ver reflejado el reto de resolver el problema de acceso a tierras en Colombia, de modernizar el sector productivo agropecuario, de recuperar la soberanía alimentaria y el mercado interno de alimentos y de convertir a Colombia en una potencia de producción agropecuaria y de transformación industrial, transitando de un modelo de economía extractivista, de hacienda ganadera y de latifundio, hacia una economía más sostenible y diversificada.
Sin contar los ingresos por exportación de cocaína y de otras bonanzas ilegales, el año pasado las exportaciones legales colombianas sumaron 41.223,9 millones de dólares, con un crecimiento del 32,7 % frente a 2020. Según el DANE, este nivel de exportaciones estuvo asociado a las ventas del sector de "combustibles y productos de las industrias extractivas", que sumaron 19.685,5 millones de dólares, registrando un aumento del 47,9 % frente al año 2020.
Sustituir estos ingresos derivados en gran parte de la explotación minera y de petróleo y gas, sin sacrificar la soberanía energética y al tiempo salir de la economía del narcotráfico, no será rápido y fácil, implica cambios y reformas que transformen la economía del país, empezando por cambiar su estructura feudal en el campo, para modernizarla en términos de capital, con políticas e inversión pública, redistribuyendo rentas en la Colombia rural, para incluir social, económica y políticamente al campesinado.
Sin desconcentrar la tierra para garantizar acceder a ella, sin formalizar la propiedad de las fincas campesinas, sin políticas de desarrollo rural, sin garantía para la economía campesina, sin sostenibilidad económica y ambiental y sin reconocer los derechos campesinos, es imposible lograr el cambio que se propone el actual gobierno.
Por eso el almuerzo del plato de lentejas con Petro toma una trascendental importancia al plantear los siguiente:
Primero. Convocar a una Convención Nacional Campesina que logre coordinar y articular la organización campesina en el objetivo de implementar la Reforma Rural Integral. Con la prioridad de organizar a campesinos(as) potenciales beneficiarios del Fondo de Tierras. Con manifiesta preocupación el presidente se preguntaba: ¿Dónde están esas tierras (¿En el Caribe y el Magdalena Medio solamente?), a quién se las vamos a entregar, están esos campesinos organizados para recibirlas?
Segundo. Potenciar el papel de las Juntas de Acción Comunal en el fortalecimiento de la organización campesina en los territorios donde es débil o no existente.
Tercero. Introducir un modelo alternativo, más eficiente de contratación con las comunidades organizadas de la ruralidad. De tal forma que se combata la corrupción y se fortalezca la organización campesina.
Cuarto. Reemplazar a representantes de la SAC y FEDEGÁN por líderes de organizaciones campesinas en todas las Juntas y Consejos directivos de entidades e instituciones del sector agropecuario. Esta propuesta de Petro elimina de tajo la oposición de los gremios a las propuestas progresivas que contiene la ley 160, la resistencia a la ejecución de las iniciativas de los acuerdos de paz, particularmente favorece los procesos de constitución de Zonas de Reserva Campesina y el financiamiento de sus Planes de Desarrollo Sostenible.
Petro, igualmente, se refirió positivamente a la propuesta del Baluarte Nacional Campesino de crear una red de promotores campesinos que impulsen la organización campesina en todo el país, una iniciativa que en el pasado, durante el gobierno de Lleras Restrepo, derivó en la constitución de la ANUC, la más poderosa organización campesina que tuvimos, fruto del trabajo de 5.000 promotores campesinos en toda Colombia.
De aquí en adelante, según las conclusiones de la reunión, se viene la convocatoria de la Convención Nacional Campesina, para lo cual es de suma importancia no desviarse del objetivo planteado, superando los esquemas sectáreos y los guetos ideológicos, garantizando la participación efectiva de las organizaciones locales y regionales campesinas.
Para lograr los objetivos de la Reforma Rural Integral, es necesario realizar la Convención Nacional Campesina rápidamente, en el corto plazo, para que sus propuestas sean integradas al Plan Nacional de Desarrollo y puedan ser financiadas.
Si bien las agendas de las organizaciones y plataformas campesinas con particulares y diferenciadas, ahora la tarea es lograr articularlas, priorizando las iniciativas que se comparten con el gobierno.
Un fondo de tierras implementado en clave de reforma rural agraria e integral, articulado a las agendas regionales campesinas y a los futuros acuerdos de paz total, serían un punto de partida hacia la transformación y modernización del campo, superando los problemas estructurales, generando escenarios para el desarrollo rural, la inclusión del campesinado, la reincorporación efectiva y la construcción de paz.
