Por: Ana María Rodríguez Valencia
Directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Karim Kahn, fiscal de la Corte Penal Internacional, estuvo de visita en Colombia la semana pasada. Llegó poco después de una reunión en La Haya con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Roberto Vidal, reunión de la que surgieron rumores de la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en nuestro país.
Los rumores tomaron mejor forma la semana pasada con la visita de Kahn al país y la firma de un plan de trabajo conjunto con la Jurisdicción, que incluye el establecimiento de una presencia de la CPI en la JEP en Bogotá y el establecimiento de una presencia de la JEP en la sede de la Corte en La Haya, formación y entrenamiento para los funcionarios colombianos e intercambio de información en tiempo real entre ambos tribunales. Kahn firmó también con el presidente Petro una adenda al Memorando de Entendimiento firmado en 2021 con el entonces presidente Duque durante la primera visita de Kahn, cuando anunció el cierre del examen preliminar a nuestro país después de 17 años. Este acuerdo reitera y profundiza el compromiso del Estado colombiano con la Corte y favorece la articulación de esta con diversas instituciones como la Fiscalía, entre otras, según lo señaló el propio Kahn.
La visita y los anuncios generaron diversas expectativas y reacciones, que obligan a pensar mejor en lo que está por pasar. A continuación les comparto tres ideas que me parece importante que se tengan en cuenta en esta reflexión.
Lo positivo de la complementariedad positiva o dinámica
El Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional solamente puede intervenir frente a la ocurrencia de crímenes internacionales cuando el Estado al que le corresponde no tiene capacidad o no tiene la voluntad de investigar y procesar a las personas responsables de su comisión. Es decir que la Corte se abstiene de conocer cualquier caso hasta tanto no se demuestre que el Estado encargado no hizo su tarea. Esto es lo que se conoce como principio de “complementariedad”.
Con fundamento en esta complementariedad, la CPI tuvo abierto durante varios años el Examen preliminar de Colombia, vigilando de cerca las labores de la justicia nacional, para verificar si había voluntad y capacidad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario que se han cometido en el país. Con el Examen, la Corte tenía la posibilidad de abrir una investigación formal “al alcance de la mano”, en caso de verificar el incumplimiento, y para las víctimas había una forma de presión a la administración de justicia para que diera resultados.
Esto cambio en octubre de 2021, cuando el recién posesionado fiscal Kahn visitó Colombia para anunciar el cierre del Examen preliminar. Ningún argumento valió para hacerlo cambiar de opinión, ni siquiera los intentos del Presidente Duque y su bancada en el Congreso por eliminar, desfinanciar o desbaratar a la JEP, o las alarmantes cifras de impunidad que nos caracterizan.
Esta semana Karim Kahn dijo que cuando cerró el Examen prometió que no se iría de Colombia, y que con estos anuncios honraba su palabra de 2021. En un panel que tuvo lugar en el Palacio de San Carlos el miércoles 7 de junio, se discutió la manera en la que la Corte, en ejercicio de esta complementariedad pero dándole la vuelta a la misma, ahora regresa al país para tener ojos sobre lo que hace la JEP y apoyarla en el cumplimiento de su mandato, al tiempo que se nutre de los desarrollos de esta Jurisdicción, modelo de justicia transicional en el mundo.
Es decir que, mediante el apoyo a la justicia nacional, la CPI se asegura de no tener que intervenir en Colombia, en una nueva comprensión de la complementariedad que no se basa en abstenerse de actuar sino, por el contrario, en que la Corte tome medidas para asegurarse de que el Estado cumpla. Esto es lo que se conoce como complementariedad positiva o dinámica.
Espaldarazo a la JEP
Por otra parte, oyendo a Kahn hablar de las bondades del trabajo de la JEP, sus logros en materia de metodologías de investigación, sus formas de incorporar los enfoques diferenciales o los avances para introducir y combinar mecanismos de justicia restaurativa en procesos judiciales, entre otros, y al decidir establecer una presencia de la Fiscalía en las oficinas de la Jurisdicción, se hace evidente algo más allá de la intención de mantener la atención de la Corte sobre Colombia: significa que la CPI reconoce y avala el trabajo de la JEP en la investigación y procesamiento de los máximos responsables de los crímenes cometidos durante décadas de conflicto armado en nuestro país. Eso significa que la Corte le da un espaldarazo a la Jurisdicción y, de paso, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y al propio Acuerdo Final de Paz. La CPI no daría este paso si considerara que la labor de la JEP está por debajo de los estándares internacionales de derechos humanos, derecho humanitario y derecho penal internacional.
Esta manifestación es muy valiosa, porque es un reconocimiento a los firmantes del Acuerdo, quienes hicieron el diseño institucional inicial, así como a los esfuerzos de todas las personas que hacen parte de la Jurisdicción y que llevan cinco años buscando la manera de esclarecer los horrores del conflicto armado más largo de la historia. Por supuesto, también es un incentivo para todas estas personas para seguir adelante, especialmente en el contexto de las recientes amenazas contra algunos miembros de la magistratura.
Pero, al mismo tiempo, este espaldarazo pone una enorme responsabilidad sobre los hombros de la Jurisdicción: significa que la JEP tiene que seguir avanzando, y lograr aportes significativos a la verdad sobre hechos que llevan décadas siendo investigados; conseguir vincular a los diversos macro casos a altos oficiales de las Fuerzas Militares como máximos responsables de delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o violencia sexual; obtener respuestas claras del Secretariado de las antiguas FARC sobre las diversas formas de violencia de género que cometió este grupo armado, sobre esclavitud y sobre reclutamiento de niñas, niños y adolescentes; esclarecer la relación entre militares y paramilitares y el rol de empresarios, políticos y otros terceros en la comisión de graves crímenes en el marco del conflicto armado; y tiene que imponer sanciones a los comparecientes que, sin bien pueden no implicar cárcel, sí tienen que lograr contribuir a la reconciliación social y ser reparadoras para las víctimas. Como dijo el Fiscal Kahn, otros lugares como Yemen y Sudán del Sur están atentos a lo que pasa en Colombia con la JEP, y no se pueden defraudar esas expectativas (ni las de las víctimas, por supuesto).
Apoyo para cruzar el río de la impunidad
Durante su visita, el fiscal Kahn usó constantemente la metáfora de que Colombia está nadando en el río caudaloso de la impunidad e intenta llegar al otro lado, el lado de la justicia, y que su labor es ayudarla a nadar y llegar a buen puerto. Esa comparación da cuenta de la importancia que tiene la labor que la Oficina del Fiscal va a emprender en nuestro país. Sin embargo, teniendo la metáfora en mente, después de la vista de esta semana queda una preocupación latente: la mayor fuente de impunidad en Colombia no tiene que ver con la labor de la JEP, sino con la de la justicia ordinaria.
Aunque Karim Kahn se reunió con el Fiscal Barbosa durante su visita, ninguno de los anuncios y acuerdos, hasta donde se sabe, tienen implicaciones directas sobre la labor de la Fiscalía o los jueces. Y no es ningún secreto que Barbosa está dedicado a la política y a hacerle oposición al Gobierno, dejando de lado su mandato constitucional de investigar los delitos, salvo cuando se trata de desviar o archivar las investigaciones en contra de sus amigos y conocidos.
En ese sentido, resultó poco convincente el llamado a indagatoria a seis generales retirados involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales, dentro de los llamados ‘falsos positivos’, que hizo la Fiscalía después de años en que no han vinculado a ningún alto oficial a las investigaciones. Y no fue convincente porque, 1. el anuncio se hace justa y casualmente cuando el Fiscal de la CPI visita Colombia, y 2. ya estos generales están compareciendo ante la JEP.
Tampoco es secreto que la justicia penal militar continúa conociendo casos de violaciones a derechos humanos aún cuando la ley se lo prohíbe, que operadores judiciales alrededor de todo el territorio son sometidos a presiones por parte de diversos intereses que les impiden actuar con autonomía, o que siguen existiendo barreras para que mujeres, personas LGBTIQ+, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad, entre otras, puedan denunciar delitos y lograr una respuesta efectiva del aparato de administración de justicia en este país.
Además, el escalamiento de la violencia en los últimos años requiere una respuesta decidida por parte de la justicia, y esa ya no es tarea de la JEP. Hasta ahora no hay señales de que la Fiscalía esté avanzando seriamente (porque sus avances se basan en la constante manipulación de cifras y de conceptos, como el de “esclarecimiento”, más que en procesos que terminen en condenas o en la identificación de los autores intelectuales de los hechos) en el esclarecimiento de los crímenes contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, ni en el del escandaloso número de masacres, así como no lo ha hecho frente a los numerosos abusos cometidos por agentes estatales durante las protestas, más allá de unas pocas investigaciones por homicidio, por mencionar solo algunos ejemplos.
Así las cosas, la anunciada presencia de la Fiscalía de la CPI en Colombia podrá estar ubicada físicamente en la JEP, pero el país necesita que su mandato de observación, vigilancia, trabajo articulado e intercambio de información cobije también, y sobre todo, a la justicia ordinaria. Esta presencia tiene que ser, adicionalmente, de muy alto nivel, para poder sostener un diálogo “de tú a tú” con los principales actores de la administración de justicia. Además, para que esta cooperación entre la CPI y Colombia sea efectiva, debe incorporar el diálogo periódico con las víctimas y la sociedad civil.
A manera de conclusión, quisiera decir que, como ocurre cuando la corriente es fuerte y el río caudaloso, la ayuda para atravesarlo siempre es bienvenida. Sabemos que tenemos que lograrlo por nuestros propios medios, y por eso no esperamos que una lancha venga a rescatarnos. Sin embargo, tampoco queremos que nos lancen un par de flotadores. Queremos entrenadores de primer nivel y compañeros de nado que nos corrijan cuando nos desviemos o perdamos el rumbo, nos animen cuando desfallezcamos, y no permitan que por ningún motivo perdamos de vista la orilla a la que tanto nos urge llegar.
