Por: César Gualdrón
Los economistas y otros promotores de las políticas neoliberales sostienen que el incremento del salario mínimo —y del nivel general de los salarios— conduce al aumento del desempleo. Como se expuso en la columna anterior, su explicación consiste en señalar que el aumento de los salarios implica un mayor costo por trabajador para las empresas, lo cual encarece su nómina. Por tanto, con el fin de mantener su nivel de ganancias, estas se verían obligadas a reducir su planta de personal.
En consecuencia, dichos economistas promueven la disminución del costo de la remuneración por trabajador. Este es el contenido de las reformas laborales que se vienen implementando desde la década de 1990 a lo largo del planeta, particularmente en América Latina y que, por ejemplo, acaba de aprobarse en la República Argentina, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Según esta perspectiva, tales políticas provocarían “inevitablemente” que los recursos liberados de la nómina, debido al menor costo laboral individual, se destinen a la contratación de más mano de obra.
Sin embargo, esta conclusión solo puede aceptarse si se asume que el uso de dichos recursos es inamovible dentro de la dinámica de inversión; es decir, que el monto destinado a remuneraciones no varía, independientemente de si los salarios aumentan o disminuyen. También se sostiene cuando se presenta una imagen del empresariado según la cual su propósito principal —o único— es la generación de empleo. Esta ficción se reflejó, por ejemplo, en la reforma laboral colombiana de 1990 (Ley 50), en la cual se sustituyó la denominación “patronos” por la de “empleadores”. Además, se ignora la existencia de otras obligaciones operativas o financieras y sus respectivas variaciones, derivadas de los cambios —frecuentes o coyunturales— del sistema económico y de los mercados en los que opera cada empresa.
De ser cierta esa secuencia lógica —más cercana a una fantasía propagandística—, junto con la flexibilización y precarización laboral generalizadas, América Latina habría alcanzado el pleno empleo desde hace más de treinta años e, incluso, durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, con la prosperidad y las supuestas virtudes que hoy se evocan para justificar el retorno a esos patrones socioeconómicos y culturales.
Pero la realidad es otra: los salarios bajos han generado condiciones de vida precarias y, al sostener niveles reducidos de consumo en amplios sectores de la población, se convierten en un freno para el crecimiento de las ventas y, por ende, de las propias empresas. Como resultado, en los países del subcontinente no existe un tejido empresarial robusto en el contexto global, a diferencia de lo ocurrido en Europa Occidental durante el siglo XIX, en Estados Unidos durante el siglo XX o, más recientemente, en la República Popular China, en buena medida por su acceso privilegiado a los mercados internacionales.
En consecuencia, en estos países del trópico predominan las pequeñas y microempresas, caracterizadas por bajos niveles de productividad, ventas limitadas y escasa expectativa de permanencia. En Colombia, por ejemplo, este tipo de empresas apenas sobrevive, en promedio, cinco años. Además, enfrentan severas restricciones para crecer, consolidarse y generar empleo, y mucho menos empleo de calidad. En otras palabras, la histórica debilidad del tejido empresarial constituye una de las causas estructurales de los altos niveles de desempleo en la región.
A su vez, el desempleo alimenta la expansión de la informalidad. Los trabajadores expulsados de la economía formal —o quienes nunca logran ingresar a ella— se ven obligados a buscar sustento en el sector informal. Esto permite entender por qué, en Colombia, el “rebusque” termina ocupando al mayor número de personas en edad de trabajar. Incluso, una proporción significativa de adultos mayores continúa trabajando pese a haber superado la edad de jubilación, y lo mismo ocurre con muchos jóvenes antes de alcanzar la mayoría de edad.
De manera estructural, más del 50 % de la población ocupada en Colombia se encuentra en la informalidad; es decir, no cotiza al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales). Y esta no es la única expresión de precariedad: también existen miles de trabajadores formalmente vinculados bajo modalidades contractuales frágiles, como la prestación de servicios, que los priva de derechos laborales básicos, incluso dentro del ya limitado marco del Código Sustantivo del Trabajo.
El neoliberalismo no ofrece soluciones efectivas ni para unos ni para otros, ni en materia de empleo de calidad ni en ámbitos como pensiones, salud, educación o vivienda. Esto se debe a que prioriza la rentabilidad de las grandes empresas globales, lo que, en la práctica, implica la erosión de derechos y de condiciones dignas de vida para amplios sectores de la población.
En este contexto, cabe plantear una pregunta clave: ¿cuáles son las políticas neoliberales orientadas explícitamente al fortalecimiento y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas? Más allá de insistir en contener salarios y reducir impuestos —con la promesa de que el mercado, casi de manera “mágica”, garantizará su prosperidad—, no hay respuestas claras. Además, las reducciones tributarias suelen concentrarse en dividendos, patrimonio y renta de grandes empresas y propietarios, mientras se omiten gravámenes como el IVA o el impuesto al consumo.
En realidad, rara vez se abordan las condiciones básicas para que una empresa prospere: acceso al crédito, capacidad de inversión o existencia de mercados para sus productos. Estas condiciones no se presentan de manera espontánea en la economía colombiana: ni hoy, ni hace treinta años, ni hace un siglo o, más bien, nunca. Esto obedece, en parte, a que el gran empresariado colombiano —y latinoamericano— ha dependido históricamente de condiciones privilegiadas otorgadas por el Estado, incluyendo transferencias significativas de recursos. Es el mismo empresariado que, con frecuencia, bloquea o debilita reformas orientadas al bienestar de la mayoría.
En consecuencia, resulta necesario diseñar e implementar una política económica orientada explícitamente a promover y financiar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como a fortalecer la capacidad productiva nacional, incluso mediante la participación directa del Estado en la creación o recuperación de grandes empresas. La narrativa del emprendimiento ha demostrado ser, en gran medida, insuficiente. Y el discurso de la “economía popular”, aunque ha contribuido a visibilizar el rebusque, no ha logrado traducirse en un fortalecimiento efectivo de las capacidades productivas del pueblo trabajador colombiano.
