Por: César Gualdrón
Los economistas y otros promotores de las políticas neoliberales plantean que el incremento del salario mínimo (y del nivel general de los salarios) es una situación que conduce al aumento del desempleo. Como se expuso en la columna anterior, su explicación consiste en indicar que el aumento de los salarios implica un mayor costo para las empresas por cada uno de los trabajadores empleados, lo cual encarece su nómina. Por tanto, con el fin de mantener su nivel normal de ganancias, las empresas se verían obligadas a reducir su plantilla de personal contratado.
Entonces, dichos economistas promueven la disminución del costo de la remuneración por cada trabajador: este es el contenido de las reformas laborales que se vienen operando desde la década de 1990 a lo largo y ancho del planeta, particularmente en América Latina y que, por ejemplo, acaba de ser aprobada en la República Argentina, impulsada por el nefasto gobierno del cuatro-camperas Milei. Según ellos, este tipo de políticas ocasionaría “inevitablemente” que los recursos de la nómina liberados, debido al menor costo laboral individual, sean empleados en la contratación de una mayor cantidad de mano de obra.
Sin embargo, esta conclusión solamente puede aceptarse cuando se asume que el uso de esos recursos es inamovible en la dinámica de inversión; o sea que la suma que se gasta en las remuneraciones de los empleados no presenta variación alguna a pesar de que los salarios aumenten o disminuyan. También se acepta dicha conclusión cuando se presenta una imagen de los empresarios según la cual su propósito principal o único es la generación de empleo: esta ficción se reflejó, por ejemplo, en la reforma laboral colombiana de 1990 (la ley 50 de ese año), en la cual se sustituye la denominación “patronos” por la de “empleadores”. Además, haciendo caso omiso de la existencia de otro tipo de obligaciones operativas o financieras y sus respectivas alteraciones, debidas a los frecuentes y esporádicos cambios del sistema económico general y del mercado específico en que actúa cada empresa.
De ser cierta semejante secuencia lógica, y fantasía propagandística, junto con la flexibilización-precarización laboral generalizada que se ha impuesto, habría habido pleno empleo desde hace más de 30 años en América Latina e, incluso, durante la segunda mitad el siglo XIX e inicios del XX, junto con la prosperidad y todas las demás características pseudo-virtuosas que pregonan quienes quieren devolvernos a los patrones socio-económicos y culturales de aquella época.
Pero la realidad es más bien otra: los salarios bajos han generado condiciones precarias de vida y, de paso, al sustentar niveles reducidos de consumo de una parte significativa de la población, constituyen un freno al crecimiento de las ventas de las empresas y de las empresas mismas, teniendo como resultado que no existe en los países del subcontinente un conjunto ni un tejido importante de empresas grandes y fuertes en el contexto mundial, en contraste con el que se construyó en Europa Occidental durante el siglo XIX y los Estados Unidos de América en el siglo XX y, ahora, en la República Popular China, debido al acceso privilegiado que tuviesen en el mercado mundial.
Por consiguiente, en estos países del trópico predominan tanto las pequeñas como las micro-empresas, caracterizadas por niveles muy bajos de productividad, de ventas y de esperanza de continuidad. Debe recordarse aquí que este tipo de empresas tienden apenas a sobrevivir, para el caso colombiano, apenas 5 años en promedio. Cada una de estas empresas tampoco cuenta con posibilidades significativas de crecimiento y consolidación o de generación de empleo y, mucho menos, de empleos de calidad. Es decir: la centenaria inexistencia de un fuerte tejido empresarial es la causa de los elevados niveles de desempleo, los cuales han devenido en estructurales en esta parte del planeta.
A su vez, el aumento del desempleo es el caldo de cultivo para el crecimiento de la informalidad, puesto que aquellos trabajadores expulsados de las empresas de la economía formal, o que no pueden entrar a ella, deben buscar opciones en dicho sector: esta sí es una cosa indiscutible. Así puede entenderse que en Colombia el sector del rebusque es el que termina ocupando al mayor número de seres humanos en edad de trabajar… y más allá y más acá; en tanto que una importante porción de ancianos se ven obligados a continuar rebuscándose a pesar de haber superado la edad de jubilación y de manera similar sucede con una multitud de jóvenes antes de haber llegado a su mayoría de edad.
Por otra parte, cabe recordar que, de manera estructural (o de largo plazo, muy por encima de ser una tendencia de 30 años), más del 50% de la población colombiana que tiene alguna ocupación para la obtención de ingresos se encuentra catalogada dentro del sector de informales: es decir, trabajadores que no pagan cotizaciones del régimen de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales). Aunque esta no es la única aberración del neoliberalismo, porque existen miles de trabajadores “formales” pero en condiciones contractuales precarias: los que son contratados bajo la modalidad de “prestación de servicios”, quienes carecen de la totalidad de los derechos reconocidos en el poco protector código sustantivo del trabajo.
Ahora bien, el neoliberalismo no puede ofrecer algún tipo de solución ni para los unos ni para los otros, o los demás de este listado, soluciones en lo referente a la creación de empleos de calidad o en los temas pensional, educativo, de salud o de vivienda, entre otros. Y no lo puede hacer porque la rentabilidad de las grandes empresas globales es su principal objetivo y, de esta manera, exige la eliminación de todo tipo de derechos y de la dignidad misma de los pueblos del mundo y de los individuos de cada uno de ellos.
Pero, retornando a la cuestión de las pequeñas y microempresas, debe plantearse la pregunta: ¿cuáles son las políticas neoliberales para la promoción explícita del fortalecimiento y crecimiento de dichas MyPiMes? Es decir: además de repetir hasta el cansancio que deben contenerse los salarios y bajarse los impuestos para que, según los economistas del establecimiento, el mercado automáticamente -o, más bien, mágicamente- les permita prosperar. Téngase en cuenta que solamente se habla de las rebajas de impuestos sobre los dividendos, el patrimonio y la renta para grandes empresas y propietarios, aunque nunca el IVA o el impuesto al consumo.
De hecho, los neoliberales nunca nos plantean cuáles son las condiciones básicas para que una empresa prospere. Por ejemplo: el acceso al crédito para que las empresas cuenten con recursos con los cuales invertir o el acceso a mercados de salida de sus productos para vender más. Pero la economía colombiana es una en la que no se presentan de manera “natural” ese tipo de condiciones. Ni hoy, ni hace 30 años, ni hace un siglo o, más bien, nunca; porque el gran empresariado colombiano (y el latinoamericano) ha estado acostumbrado a que el Estado le genere las condiciones privilegiadas para hacer ganancias, incluyendo una gigantesca transferencia de recursos de manera secular. El mismo empresariado que permanentemente bloquea o hace retroceder cualquier reforma o política que propenda por el bienestar para las mayorías de la población.
En ese sentido, se hace necesario que sea diseñada e implementada una política económica que tenga como objetivo la promoción explícita o de financiación directa del crecimiento de las empresas pequeñas y medianas o, incluso, de recuperación y creación de grandes empresas por parte del Estado colombiano. Porque la narrativa del emprenderismo es un fraude más que comprobado. Y también resulta insuficiente el discurso de la “economía popular”, que solamente ha venido brindando una dignificación discursiva del rebusque pero sin darle potencia efectiva al crecimiento de las capacidades productivas del pueblo trabajador colombiano.
