Por: Clara López Obregón[1]
Hablar de desigualdad está de moda. Desde la elección de Gustavo Petro han regresado a la conversación palabras arrumadas como equidad y cambio. Pero hay una enorme distancia del dicho al hecho. No fue sino presentar la reforma tributaria y el discurso de la igualdad cedió al del catastrofismo inspirado en el miedo atávico a perder los privilegios. No se repara en que los impuestos están dirigidos a financiar las bases mismas de la competitividad empresarial, la sostenibilidad fiscal y la prosperidad compartida de la población.
La miopía selectiva de los críticos frente a los beneficios que reclaman del Estado les permite, como se ha apreciado en las audiencias públicas del Congreso con los gremios económicos, exigir que la reforma no los toque y agregan, que si no se atienden sus reclamos se vienen abajo la economía, la inversión y el empleo. Se arropan en la pequeña y mediana empresa para pedir que les dejen intactas sus ganancias que crecen más rápidamente que la economía y. por tanto, producen una creciente concentración de los ingresos y de la riqueza en favor de los más aventajados de la sociedad.
Tal vez no reparan cuan desigual es la sociedad en que vivimos y cómo la realidad es la inversa: si no pagan los impuestos que les corresponden según su reservada capacidad de pago, el Estado no podrá responder por los servicios y la estabilidad económica y social que justamente exigen, al igual que los demás sectores sociales. Una investigación recién publicada de Jenny Pearce (LSE) y Juan David Velasco (Javeriana) encontró que solamente 46 personas naturales colombianas son dueñas de más del 50% de las acciones de los principales conglomerados económicos del país. Ya lo había publicado Julio Silva Colmenares en la actualización de su famoso libro de Los Verdaderos Dueños del País (2020), con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades.
Sus cálculos demuestran la extrema concentración del aparato productivo. Los cuatro principales grupos económicos controlan activos por un valor superior al PIB de $920.5 billones de 2017. El valor de los activos controlados por los cinco principales conglomerados económicos expresado como porcentaje del PIB de ese año fue el siguiente: Grupo Suramericana, también conocido como el GEA, (49,3%); Sarmiento Angulo, 34.3%; Grupo Bolívar, 13.5%; Grupo Colpatria, 5.4%; y Gilinski,3.5%.
Sobre una población de 50 millones, esas 46 personas representan el 0,000092 %, es decir, menos de una en un millón son literalmente dueñas de medio país. Ese micro-porcentaje es muy inferior al 0,1 o al 1% que utilizan Garay y Espitia para catalogar a los superricos y ricos. A ellas llegan el grueso de las utilidades de las empresas que, sector tras sector, se oponen a que les cobren una tasa progresiva de impuestos sobre los dividendos y las ganancias ocasionales, la misma tabla con que tributan los demás 3.300.000 contribuyentes.
Con el impuesto progresivo a los dividendos y ganancias ocasionales se empieza a hacer justicia tributaria, pero tímidamente. La progresividad se queda corta con los ultrarricos y recae en lo que mejor se denomina clase media y clase media alta. Esta franja gana entre $10 millones (US$28.000 al año) y $50 millones mensuales (US$ 144.000 al año). Son relativamente ricos en Colombia, pero ni cercanamente adinerados en comparación con sus supuestos pares de la OCDE. En Estados Unidos el 1% en EE. UU. gana más de los US$ 488.000 al año, mientras que el ingreso promedio de la OCDE asciende a US$ 30.490 anuales.
Hay una presión muy grande para que el gobierno y los ponentes cedan para retirar la progresividad de los dividendos y las ganancias ocasionales. Esa eventualidad no se compadece con las exigencias de un país agobiado de injusticias, exclusión y violencia, al lado de un déficit fiscal del 8% del PIB y una deuda pública que asfixia las finanzas. Sería no entender que en el barco vamos todos. Si los que tienen el músculo para remar hacen brazos caídos, es probable que zozobremos juntos en la misma injusticia tributaria.
[1] Senadora del Pacto Histórico y de la coordinación de ponentes de la reforma tributaria