Por Jaizareama Gerardo Jumi Tapias
La experiencia de las personas indígenas, ante el desempeño de la Fiscalía General de la Nación, ha sido negativa e impregnada de sensaciones de impunidad y corrupción y esto se corrobora en el informe final 2023 presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONIC (ONIC, 2023), el cual se señala que:
“(…) desde la firma del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz, hasta el 5 de diciembre, hemos tenido más de 609.459 víctimas indígenas del conflicto armado. El 70% de estas violencias son colectivas e involucran a familias y comunidades enteras, víctimas de confinamiento y desplazamiento forzados, revictimización por falta de atención humanitaria o xenofobia”.
Así mismo, este informe señala que entre enero y la primera semana de diciembre de 2023 se registraron más de 58.726 víctimas indígenas, hecho que pone en riesgo de extinción a las 120 comunidades que aún subsisten en Colombia.
Ante estos hechos la justicia, y en especial la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, tienen una deuda con las comunidades étnicas, dado que su ineficacia expresada en una impunidad rampante conlleva a que múltiples actores, incluyendo agentes del Estado, vean en la desaparición de indígenas una manera de lograr sus intereses, o la forma más común para apropiarse de territorios ancestrales, junto a la la riqueza en flora y fauna que habita en ellos.
Cabe resaltar que, es deber del Estado y en especial de sus entidades de justicia, proteger la vida y cumplir con el deber histórico hacia aquellos que han sido excluidos y confrontados con actos de violencia que promueven la desaparición y el genocidio étnico.
La historia de Colombia da cuenta de cómo los Pueblos Indígenas han tenido que dirigirse a instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Justicia, para que se emitan dictámenes que obliguen al Estado colombiano y sus entidades velar y respaldar la protección de los derechos de las personas indígenas, sin embargo, esto es insuficiente y dispendioso, solo una restructuración y un nuevo enfoque en entidades como Fiscalía General de la Nación, permitirían pasos claros para evitar la extinción.
En los anaqueles de la Corte Suprema de Justicia se encuentran miles de procesos que demuestran la situación dramática que viven los Pueblos Indígenas de Colombia, en especial en territorios que son sagrados, donde agentes legales e ilegales articulados con los poderes políticos y económicos, se alimentan de la impunidad y ven en el asesinato, masacres, amenazas y desplazamientos, herramientas para alimentar su codicia.
¡Esto tiene que terminar ya!, por ello, la terna para la elección de la nueva fiscal, brinda un atisbo de esperanza para combatir la impunidad y la corrupción rampante en Colombia. Las tres mujeres que hacen parte de este proceso (Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez), resaltan por no identificarse con los poderes tradicionales, si no con la obligación constitucional de ejercer justicia y cumplir con su deber.
“No entendemos por qué la demora en la elección de la nueva fiscal, por qué perpetuar en la Entidad a aquellos que no han cumplido con sus deberes constitucionales. Llamamos la atención a la Corte Suprema de Justicia, para que tome una decisión ya, los tiempos se han cumplido, el riesgo en que vivimos con la falta de justicia ha sido insoportable, cada día vemos como compañeros y compañeras, ancianos y ancianas, niños y niñas, mueren asesinados y masacrados y son expulsados de los territorios”, afirma Gerardo Jumí, Consejero de la ONIC.
Hagamos memoria:
- En Bogotá, una niña Indígena, desplazada fue secuestrada, violada y asesinada en un edificio de una zona exclusiva de la ciudad, la Fiscalía terminó salvando a varios de los cómplices del violador ante los ojos impotentes de todos.
- En Risaralda, 10 hombres violaron a una niña y no pasó nada.
- En el Cauca, masacran a miembros de pueblos indígenas y no pasa nada.
- En el Chocó, se desplazan comunidades enteras y no pasa nada.
- En cada rincón de Colombia asesinan líderes y lideresas indígenas y no pasa nada.
Ya es suficiente, Colombia y en especial sus pueblos indígenas necesitan un cambio urgente en la Fiscalía. El riesgo es claro, así también lo expresa en diversas sentencias la Corte Constitucional, pero las fuerzas políticas de Colombia mantienen sus intereses personales y económicos por encima de la constitución y la democracia.
Los Pueblos Indígenas hemos resistido y seguiremos resistiendo caminando la palabra, porque con nosotros se cuenta siempre para la paz, nunca para la guerra.
