Por: César Gualdrón
La reciente polémica en torno a la relación entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República pone al desnudo el hecho de que la política económica (la política monetaria en este caso) no se reduce a una mera cuestión técnica sino que, por el contrario, implica la confrontación de visiones del mundo, correspondientes a los intereses objetivos de sectores concretos de la sociedad, en la medida en que una acción de política económica, en este caso la monetaria, afecta de manera diferenciada a cada sector.
Desde que fuera configurado como Banco Central Independiente en la Constitución de 1991, nunca antes se había presentado una confrontación entre el Ejecutivo y la Junta Directiva del Banco. Pero no al respeto a la institucionalidad, como sugieren los economistas neoliberales críticos del actual gobierno, sino porque hasta ahora se había presentado una confluencia de intereses y de perspectivas en cuanto al diagnóstico y orientación de las acciones de política monetaria a implementar, puesto que los unos y los otros compartían plenamente, o con apenas pocos matices, la interpretación monetarista del fenómeno inflacionario.
Aquí es preciso tener en cuenta que la Constitución Política promulgada en 1991 hizo del Banco de la República una entidad independiente dentro del aparato estatal; es decir, con un funcionamiento separado y en el mismo nivel jerárquico de los demás órganos del poder público, tales como el Ejecutivo, el Congreso de la República, las Altas Cortes y las entidades de control. En otras palabras, ningún funcionario de alto nivel del Estado se encuentra por encima de dicha entidad en cuanto al direccionamiento de su política, que es la monetaria, la cual se encuentra relacionada con los asuntos de la inflación, la tasa de cambio y la tasa de interés.
A su vez, el mando del Banco se encuentra en su Junta Directiva, compuesta por siete (7) codirectores, siendo uno de ellos el ministro de Hacienda, quien cumple la función de enlace entre la Junta y el Gobierno Nacional, con el propósito de la coordinación entre la política monetaria y la política económica general. Cinco (5) codirectores son nombrados por el presidente, aún cuando solamente puede poner dos (2) en su respectivo período, con el fin de evitar mayorías a su favor. Finalmente, estos escogen al gerente del Banco, quien resulta ser el séptimo codirector.
El presidente Petro nombró a principios de 2025 a César Giraldo y Laura Moisá, aunque en diciembre de 2022 había designado a Olga Lucía Acosta, reemplazando el nombramiento anulado por el Consejo de Estado a Alberto Carrasquilla (exministro de los gobiernos Uribe y Duque) y cumpliendo, de esa manera, con la cuota de género en dicha Junta. Así las cosas y en el papel, el Ejecutivo tendría mayoría, sumando el ministro de Hacienda a los tres (3) codirectores antedichos.
Sin embargo, Acosta fue impulsada para el cargo el entonces Ministro José Antonio Ocampo y, por lo tanto, no comparte la perspectiva política del presidente Petro sino que es más cercana a los otros tres (3) codirectores y, como consecuencia, la Junta del Banco ha mantenido su autonomía con respecto al Gobierno Nacional, llegando incluso a posturas de abierta oposición, que se concretan en el mantenimiento de una política contraccionista, consistente en ubicar la tasa de tasa de interés en los niveles más elevados de los últimos dos decenios.
En ese sentido, de estar la tasa de interés de política monetaria en 7.5% en julio de 2022 se continuó con los sucesivos incrementos que venían dándose desde octubre del año anterior y llegó a sostenerse entre 12 y 13.25% durante todo 2023. Mientras tanto, su punto más bajo fue ubicado en 9.25% entre mayo de 2025 y febrero de 2026, nivel que de todas maneras está entre los más elevados de esta variable desde 2002.
Cuando se observa ese detalle, se advierte que el presidente Petro desaprovechó la oportunidad extraordinaria que tuvo para obtener una mayoría en la Junta Directiva, la cual le habría permitido alinear la política monetaria de acuerdo con sus objetivos de política económica general desde inicios de 2025 y hasta nuestros días. O sea que, de haber elegido un o una economista más cercana a sus posiciones críticas del neoliberalismo, no habría habido controversia alguna o, por lo menos, no de la manera en como se ha desarrollado. Pero dejó esa decisión en manos del ministro Ocampo, quien aceptó a regañadientes el cargo en el Ministerio, siendo bastante complaciente con los gremios empresariales, hasta el punto de que en 2022 planteó una reforma tributaria muy poco audaz en cuanto a los impuestos al patrimonio y a los dividendos, entre otras.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la mencionada independencia del Banco de la República poco o nada importaba en el momento en que se aprobó constitucionalmente la reelección presidencial, puesto que no se reformó el mecanismo para la designación de los codirectores y, por lo tanto, tanto Uribe como Santos pudieron tener en cada uno de sus segundos mandatos 5 codirectores nombrados por cada uno de ellos (2 nombrados en sus primeros períodos y otros 2 en su segundos, junto con su ministro de Hacienda). De todas maneras, esta circunstancia no es la que explica que no existieron grandes conflictos entre el Ejecutivo y la Junta, pues los gobiernos anteriores y el inmediatamente posterior tampoco los tuvieron.
Tampoco se trata de una conspiración ni de que los codirectores del Banco sigan directrices de algún partido o dirigente político, sino de algo más profundo y que suele pasar desapercibido: es la consecuencia de los contenidos de la enseñanza en la inmensa mayoría de los programas de Economía del planeta, desde los mismos textos y cursos de Fundamentos de Economía, según la cual los Bancos Centrales deben dedicarse exclusiva o prioritariamente a la lucha contra la inflación; concibiendo este fenómeno como uno de naturaleza estrictamente monetaria, es decir, indicando que el exceso de dinero que circula en una economía es la causa por la cual se da el alza generalizada de los precios.
Así pues, desde 1991 se establece que la función constitucional del Banco no es otra sino la del “mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda” (artículo 373), lo cual fue interpretado en el segundo artículo de la ley 31 de 1992 (Orgánica del Banco de la República) en el sentido de que la entidad debe fijarse metas de inflación menores a las del año inmediatamente anterior.
Y, como se asume que una mayor cantidad de dinero se traduce en mayor inflación, la conclusión obvia es que la inflación se controla reduciendo la cantidad de dinero en la economía o, cuando menos, no incrementándola, o haciéndolo a un ritmo lento, de acuerdo con una regla fija o atendiendo a las “señales del mercado”. Esa es la explicación de que el Banco de la República no realice emisiones monetarias en favor de los gobiernos desde entonces.
Ahora bien, el instrumento con el que cuenta el Banco para llevar a cabo su política monetaria, especialmente su lucha contra la inflación, es la tasa de interés (la que arriba se ha denominado tasa de interés de política monetaria): una baja tasa de interés aumenta la cantidad de dinero en circulación y, desde el punto de vista de la mayor parte de economistas, se alimenta la inflación. La situación opuesta se obtiene cuando se aumenta la tasa de interés: ahí está la obsesión de los codirectores de la Junta.
Pero lo que no nos dice esta explicación es que una tasa de interés elevada perjudica a la mayor parte de la población, puesto que encarece los créditos tanto de consumo como de inversión y, de esa manera, reduce la capacidad de compra, dificultando las ventas de las empresas y, por consiguiente, generando un escenario recesivo, que conlleva el ascenso del desempleo y la pobreza, como el que se fue gestando durante la década de 1990.
Aunque lo verdaderamente interesante es que la polémica actual se da porque la Junta del Banco dice que debe subir la tasa de interés para contrarrestar las presiones inflacionarias que generaría el reciente incremento del salario mínimo, casi a manera de retaliación frente a dicha medida. A su vez, la subida de la tasa de interés favorece a quienes obtienen sus ganancias con el cobro de intereses: el sector financiero. Entonces, cabe preguntarse si aquellos codirectores que desean una tasa de interés más elevada defienden los intereses del pueblo trabajador o los del sector financiero.
