Por: Jaime Araujo Rentería
“La política es la expresión concentrada de la economía..., la política no puede dejar de tener la primacía sobre la economía” Lenin.
La verdad de la anterior afirmación es que, sin poseer el poder político, ninguna clase social podría mantener su dominación económica sobre la otra pues, sin poder político una clase social dada (burguesía, esclavista, nobleza o proletaria) no afirma o no mantiene su dominio económico, por esta razón, la política tiene primacía sobre la economía.
Los problemas que hoy enfrenta la humanidad son múltiples, pero para ver los más importantes como la guerra y la paz, el medio ambiente y el cambio climático o la desigualdad (especialmente la económica), no podemos olvidar la relación dialéctica entre economía y política y la primacía de la política sobre la economía.
El problema central de la política es el del poder. A ella pertenecen los problemas del gobierno y de la organización del Estado, de las reglas de la economía y de la propiedad y entran también los problemas de las relaciones mutuas entre los estados, la política exterior de estos, determinada por los intereses de la clase gobernante de esos gobiernos. En política exterior, la clase dominante en un estado, defiende intereses que fluyen totalmente de su situación económica y realiza una política de conquista de territorios extranjeros, una política de guerra, con el objeto de ampliar las esferas de influencia, de apoderarse de nuevos mercados, de fuentes de materias primas y de elementos químicos y físicos que le permitan su supremacía económica, tecnológica y militar. En el interior del país la clase dominante, normalmente quiere consolidar el régimen capitalista, asegurar la libre explotación de los obreros y aumentar la desigualdad entre los seres humanos, y en el afán de obtener ganancias desmedidas, poco importa si se destruye a la madre tierra y la naturaleza, olvidando que la tierra puede vivir sin los seres humanos, pero estos no pueden subsistir sin ella.
La desigualdad, en todas sus manifestaciones y especialmente la económica, es también un fenómeno político. Fuerzas como las económicas, a las que apuntan los economistas, tienen importancia pero secundaria pues, ocurren dentro de un marco en el cual lo que permite que aquellas hagan crecer la desigualdad podría neutralizarse en sus efectos o ser modificados, si hubiera voluntad política para hacerlo. Así mismo, los cambios en la distribución causados por fuerzas económicas, como la globalización o el cambio tecnológico, pueden revertirse o neutralizarse políticamente mediante las regulaciones del gobierno, la tributación o el gasto, por lo que en una sociedad cualquiera, el grado de desigualdad está determinado, finalmente, por la política. La excesiva disparidad daña el crecimiento económico y la estabilidad política al impedir que los derechos humanos como la educación y la salud, sean derechos para todas las personas. La desigualdad en el ingreso económico hace que el crecimiento de las economías sea más lento (Alesina A. y Rodrik D. 1994).
Los pueblos no son los gobiernos
Los gobiernos de los países, que normalmente están en poder de las clases dominantes económicamente, tratan de defender a nivel interno de los estados e internacionalmente, los intereses económicos de las clases dominantes, no los de sus pueblos. Por eso debemos distinguir entre pueblos y gobiernos, aun en las situaciones mas difíciles, como las guerras entre estados: el pueblo judío no es el gobierno del estado de Israel, ni el pueblo palestino es Hamas. El pueblo ruso no es el gobierno de Rusia ni el pueblo ucraniano es el gobierno de Ucrania. Tampoco el gobierno norteamericano es el pueblo norteamericano. Muchos rusos están contra la guerra en Ucrania y muchos ucranianos están contra la guerra con Rusia y teniendo visiones distintas, sin embargo coinciden en que la manera de resolver esas diferencias es por medios pacíficos y no mediante la guerra y mucho menos por una guerra nuclear. Muchos miembros del pueblo israelí, están contra la guerra en palestina (que pasó de 1 frente: Palestina a Yemen, Hamas, Hezbollah, Irán, el Líbano, y los cascos azules de la ONU). Netanyahu quiere la guerra, porque sabe que sin ella, perdería el gobierno y tendría que responder ante sus propios jueces por los delitos que ha cometido, antes y durante la guerra. El gobierno norteamericano, como dijera uno de sus ciudadanos, tiene una doble moral, ya que si de palabra se opone a los homicidios del gobierno de Israel, por otro lado le acaba de suministrar más de 8 mil millones de dólares para armas, que seguirán asesinando palestinos inocentes. Lo mismo sucede con el gobierno de la Unión Europea, que de palabra se opone a las acciones del gobierno de Israel, pero mantiene un tratado con él, que debería ser suspendido o anulado en casos de genocidio como el que se está realizando y a pesar de que muchos ciudadanos o miembros del pueblo europeo están pidiendo la suspensión de ese tratado, continúan apoyando a el gobierno de Israel.
Muchos miembros del pueblo norteamericano como del europeo, están contra la guerra, porque saben que todos pertenecen a la especie humana y que esa identidad es mayor que cualquier diferencia nacional y que la racionalidad de esa especie los obliga a resolver los conflictos y las diferencias de manera pacífica y no violenta, ya que la irracionalidad de la guerra, con la gran cantidad de armas de destrucción masiva que existen, pone en peligro a toda la especie humana.
A pesar de la situación de violencia que se vive en el mundo y en Colombia, seguimos siendo amigos de la paz y somos optimistas, cuando vemos, por ejemplo, como judíos y palestinos, se unieron en Paris contra la guerra y pidieron una solución pacífica y justa al conflicto, con una voluntad política de resolverlo definitivamente con la coexistencia pacífica de 2 estados: el judío y el palestino. Recordemos el manifiesto de Albert Einstein-Bertrand Russell contra la guerra, que firmaron 9 premios nobel: “Apelamos, como seres humanos, a los seres humanos: recordad vuestra humanidad y olvidad el resto. Si podéis hacerlo, tendréis el camino abierto hacia un nuevo paraíso; si no podéis, os espera el riesgo de una muerte universal.”
Coletilla: Colombia hoy
Aquí se ha desatado ya una guerra verbal, que esperamos no se resuelva de manera violenta a raíz de la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación contra la campaña Petro. No tenemos espacio para fijar nuestra opinión sobre todos los temas que se discuten: la competencia del CNE para hacerlo, la composición política del mismo, el fuero presidencial, las normas jurídicas vigentes, etc. Sin olvidar que detrás existe un tema político y que el estado social y democrático de derecho también tiene una naturaleza política. Como abogado, solo voy a referirme a un aspecto jurídico, que a mi juicio es fundamental: independientemente de la competencia del CNE, esta ya no existe por el factor temporal, que era de solo 30 días para hacerlo y así lo dijo la Corte Constitucional al estudiar la Ley 996 de 2005, que permitió la reelección de Uribe y contra la que yo vote, en la sentencia C-1153/2005 y especialmente el parágrafo del artículo 21; que en su parte pertinente dice:
“Artículo 21.Vigilancia de la campaña y sanciones. El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:
Parágrafo. La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial.
La Corte en la sentencia C-1153/2005, dijo claramente que esa competencia estaba condicionada a que se presentaran las denuncias dentro de los 30 días posteriores a la elección presidencial, de manera que NO puede investigar las presentadas después, ya que carecen de competencia temporal para hacerlo.
La Corte dijo, en la parte pertinente:
“Finalmente, en el parágrafo, la norma prevé un lapso de 30 días siguientes a la elección presidencial, dentro de los cuales podrán presentarse las denuncias por violación de topes de campaña. Aunque el procurador general de la Nación solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma por considerar que dicho término es insuficiente -habida cuenta de la magnitud de la decisión que podría adoptarse- esta Corporación considera que un lapso mayor mantendría en entredicho la legitimidad de la elección y -contrario a lo supuesto por el Ministerio Público- comprometería peligrosamente la estabilidad de las instituciones. Para la Corte es claro que un término de un mes constituye un plazo prudencial dentro del cual puede impugnarse la elección presidencial por superación del tope de financiación, pero que un término superior comprometería la institucionalidad en tanto que mantendría evidente incertidumbre sobre la provisión del cargo más importante del poder Ejecutivo”.
En efecto, la interpretación de la Corte indica que, pasados los treinta días desde la elección del presidente, el Consejo Nacional Electoral pierde competencia para recibir las denuncias por violación a los topes de financiación de las campañas, pero la ciudadanía y las entidades de control conservan las competencias asignadas para regular el manejo adecuado de los dineros públicos comprometidos. Los ciudadanos, entonces, podrían iniciar acciones populares para reponer la agresión contra los intereses públicos, al tiempo que la Contraloría podría iniciar los correspondientes juicios fiscales por responsabilidad de este tipo.
En conclusión, la competencia del CNE no le permite investigar denuncias presentadas después de 30 días de la elección presidencial, pasados esos días solo acciones populares y contraloría. Basta agregar que esta norma es especial para las campañas presidenciales y por lo mismo prima sobre otras incluidas las de la ley posterior, la ley 1475 de 2011.
Debo agregar, que yo denuncié parte de las violaciones de la campaña presidencial del 2010, sin que el gobierno y las autoridades de entonces hicieran nada para investigarlas, pero esa es otra historia negra de la democracia colombiana.
