Por: Mauricio Jaramillo Jassir
Parece polémico mas no lo es: presenciamos el genocidio más agravado de la historia, no el peor, pues cada tragedia de estas proporciones significa una singularidad de dolor que no debe ponerse en perspectiva comparativa. Para entender la relevancia de la orden de arresto contra Netanyahu y Gallant debemos recordar, aunque parezca excesivamente reiterativo, tres circunstancias inéditas que convergen en el genocidio en Gaza:
- Nunca el establecimiento internacional había apoyado un genocidio de forma directa y expresa. Los Estados más poderosos de Occidente y del norte global fueron incapaces de reaccionar en Ruanda (1994), Srebrenica (1995), Kosovo (1999) o Darfur (2002) pero jamás habían apoyado de manera tan efusiva a los perpetradores. Jamás vimos a líderes occidentales aplaudiendo a Milosevic, al Bachir o Hussein como lo vemos con Netanyahu;
- Nunca habíamos tenido un acceso inmediato a evidencia tan voluminosa sobre violaciones a los derechos humanos como las que han ocurrido contra la población árabe-palestina (hay que hacer hincapié en que son árabes, pues la arabofobia explica en buena medida la normalización del genocidio). En el colmo del desprecio por la vida, Benjamín Netanyahu subió un vídeo a la red social X mostrando cómo se bombardeaba la Franja. Y la peor banalización del apartheid, la limpieza étnica y el genocidio: cruceros para que turistas observen el asesinato en masa de gazatíes. No hay antecedentes en la historia contemporánea de semejantes niveles de mezquindad. El Estado de Israel patentó el turismo genocida;
- Y, nunca en la posguerra, un Estado había violado de manera tan categórica y sistemática el derecho internacional y el multilateralismo con la sola excepción de Estados Unidos. Tel Aviv ha desconocido y burlado decenas de resoluciones de la Asamblea General y Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluida la obligación de un alto al fuego que ni siquiera Washington pudo vetar. Ha violado dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia que ordenaron medidas cautelares en favor de los palestinos y detener el asedio a Rafah, sur de Gaza. Tel Aviv le ha declarado la guerra al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la autodeterminación de los pueblos y al multilateralismo.
Tres condiciones inéditas que sugieren que la orden de arresto contra Netanyahu y Gallant llega tarde, pero no es del todo impertinente ni debe percibirse como premio de consuelo. Por favor, perspectiva histórica sin excesos de optimismo, eso sí. Esta medida era necesaria, los palestinos necesitan saber que hay una justicia internacional que tarda para cumplir con las condiciones del debido proceso y para que en el futuro no se diga que la Corte responde a intereses políticos desligados del derecho. Se han cumplido todas las fases previstas por el derecho penal internacional con la gran mancha que supone haberlo hecho 400 días después de iniciada la ofensiva genocida.
A pesar del justificado escepticismo frente a la justicia internacional debemos resaltar un hecho que no es menor: la orden de arresto confirma que el sistema normativo legal israelí permite los crímenes de guerra y lesa humanidad. La decisión de la Corte, que no es un fallo, sí corrobora una denuncia que hemos venido haciendo desde hace varios años. El sistema judicial israelí no es democrático, ni compatible con los mínimos en derechos humanos, al contrario, ha sido cómplice del apartheid y la limpieza étnica. El derecho ha estado en favor de la ocupación, lo que obliga a la aplicación del principio de subsidiariedad que resumo en mis palabras -sin ser formado en derecho-: ante la absoluta incapacidad de la justicia israelí para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, corresponde a un tribunal internacional esa tarea inaplazable. Ésta fue una de las premisas básicas para concretar el Estado de Roma en 1998 que dio origen a la Corte Penal Internacional, un tribunal permanente con jurisdicción universal que pudiese juzgar estos crímenes atroces, sin que los individuos poderosos pudiesen escudarse en su inmunidad para esquivar la comparecencia ante las víctimas.
