Por: Mauricio Jaramillo Jassir
Los medios reportaron que la jueza 30 del circuito de Bogotá, mediante un fallo de tutela le ordenó al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, ofrecer disculpas públicas por los hechos censurables en los que revictimizó a las Madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”. El énfasis de la noticia ha sido desafortunado, pues se ha hecho hincapié en que se trata de un revés para el congresista que deberá presentar una disculpa pública.
Más allá de esa disculpa pública, la decisión de la jueza comprueba una denuncia que hemos venido haciendo hace años pero que el establecimiento colombiano (sobre todo políticos de derecha y medios hegemónicos) deliberadamente omite a sabiendas de los peligros que entraña para la democracia. En el fallo la jueza confirma que se vulneraron derechos fundamentales “al buen nombre, honra, dignidad humana, verdad judicial e histórica […] violación a las garantías de no repetición… no recibir tratos crueles, inhumanos, humillantes, y degradantes […]”. Si el fallo judicial confirma una violación patente a los derechos de las víctimas y un trato humillante, inhumano y degradante ¿cómo es que esta parte del fallo no es noticia? Registrar la obligatoriedad de la disculpa pública es parte del deber informativo, pero el énfasis debería estar en la confirmación de que un congresista llamado a representar los intereses del pueblo ha agredido a las víctimas y no solo no se retractó ni pidió excusas de manera genuina, sino que se reafirma e insiste en el trato inhumano a madres cuyos hijos fueron desaparecidos, torturados y ejecutados.
Las disculpas de Polo Polo serán un ritual, pero no son una victoria ni de la justicia, ni de las víctimas. Obviamente la juez 30 de circuito de Bogotá cumplió a cabalidad con su misión de administrar justicia, pero queda una deuda desde el plano restaurativo. ¿Cómo es posible que semejante agresión no esté acompañada de forma inmediata de un acto de arrepentimiento? Resulta inexplicable que solamente los legisladores del Pacto Histórico exigieran una retractación ¿Dónde queda el resto del Congreso? Peor aún ¿por qué los medios de comunicación que son tan activos para rotular como insostenible a varios de los ministros de este gobierno, frente a señalamientos que ni siquiera están comprobados, esta vez no exijan al unísono la renuncia de quien comprobada y agravadamente viola un derecho?
Que la motivación para el pedido de disculpas públicas sea la decisión de una jueza es una derrota para la democracia colombiana como un sistema garantista. Esto quiere decir que el día de mañana la razón para no mancillar los derechos de las víctimas no será la convicción pluralista y la empatía respecto de su dolor, sino el miedo a la sanción. Es la tentación de la falsa efectividad del punitivismo. La derecha colombiana acostumbrada a las artimañas para violar derechos humanos tiene una larga trayectoria para pedir disculpas por orden de un juez, pero burlando la dignidad de las víctimas. Así lo hizo Uribe Vélez cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pedir perdón por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, desconociendo que fuera un crimen de Estado. Algo similar hizo el entonces ministro de defensa de Duque, Carlos Holmes Trujillo. En 2020 la Corte Suprema de Justicia obligó a un pedido de excusas por los graves excesos en el estallido de noviembre de 2019, y el ministro respondió con un perdón por todos los actos ocurridos “en cualquier tiempo”, una leguleyada para evitar una excusa que hiciera alusión a los graves hechos que acabaron con la vida de Dilan Cruz, símbolo de la brutal represión del 21N y para adelantar excusas por hechos futuros. Como dijo en ese entonces Ramiro Bejarano su respuesta fue tan “tramposa como mezquina y constituye un desacato y amenazas futuras a las víctimas de la policía, a las que no les va a pedir perdón en el futuro porque ya lo hizo …”. La derecha reaccionaria siempre halla formas para torcer la ley.
Colombia debe superar el lugar común de que la justicia depende exclusivamente de los jueces y fiscales. A éstos les corresponde una parte, pero en casos tan ignominiosos como estas violaciones a los derechos humanos, el rol de la sociedad es clave para cerrar la puerta a los discursos de odio. Nos seguimos preguntando ¿por qué los medios de comunicación al unísono no están pidiendo la renuncia de Polo Polo? ¿Cómo es posible que no etiqueten su situación en el Congreso como insostenible? No es posible la democracia cuando se toleran los discursos que ponen en riesgo la pluralidad y los derechos humanos.
