Por: Mauricio Jaramillo Jassir
No se entienden ciertas maneras de ejercer la oposición. El primer gobierno progresista en la historia de Colombia tuvo que apelar a sectores del centro para avanzar en algunas de las reformas donde se necesitaban de consensos amplios habida cuenta de la ausencia de mayorías en el Congreso y valga recordar para legitimar de manera más efectiva dichos cambios. Es apenas normal que surjan los disensos cuando se habla de temas sensibles para ciertos sectores como la regulación del mercado laboral, los impuestos para redistribuir o el esquema más efectivo para avanzar en la universalización de la salud. Ahora bien, nada justifica la férrea resistencia a los cambios en la posesión de tierra en el campo, bien sea por el despojo, el acaparamiento, la extranjerización (un fenómeno al que no se le pone el interés que merece), el desplazamiento o el confinamiento. Hay sectores de centro que a pesar de identificarse como progresistas o liberales parecen negar que el origen de buena parte de la violencia histórica en Colombia pasa por la insólita concentración de la tierra.
Colombia es el país más desigual de la zona donde más se concentra la riqueza en el mundo. El Coeficiente de Gini en términos de ingresos alcanza un 0,53 que es escandaloso, pero en el campo es aún peor. Al observar la concentración de la tierra este coeficiente roza el 0,87. Esto quiere decir que 1% de la población es dueña del 81% del territorio de acuerdo con cifras de la oenegé Oxfam. Es claro que la reforma rural integral que ha planteado el gobierno no es una solución mágica que de buenas a primeras solucione estos graves desajustes que son en buena medida estructurales. Pero es cierto que debería haber un consenso nacional para defender ideales como la redistribución para lo cual es necesario recurrir a la figura de expropiación, aunque valga aclarar sin que se haga de una manera arbitraria. No puede ser que por cuenta de una oposición que le arrebató el significado a la noción de expropiación se haya satanizado y se invoque en pro del pánico. Se trata de una figura que existe en todas las democracias del mundo pues es necesaria cuando como en el caso colombiano cunde la concentración. Ese pánico al que siguen apelando es muy efectivo para detener cualquier transformación.
Digámoslo una y cuantas veces sea necesario, en Colombia no existe la expropiación exprés o arbitraria, el Estado de derecho no permitiría que por la orden unilateral de un presidente o de una ministra pase a manos oficiales el control de una tierra. Como en cualquier democracia el Estado derecho prevalece por lo que ninguna persona, ni el mismismo Petro, está por encima de la ley. Son válidas las críticas a la reforma rural integral, pero deberían confrontarse con las propuestas de redistribución de la tierra, la devolución en los casos de despojo, la compensación de las víctimas del conflicto, el retorno de los desplazados y la titulación de 1.5 millones de hectáreas según la aspiración del gobierno. Todo debe girar alrededor de la seguridad y soberanía alimentarias, ideales del desarrollo que deberían ser irrefutables, pero que despiertan una férrea resistencia del establecimiento, para colmo de males con el apoyo de un centro que sólo es moderado cuando se trata de tomar distancia del progresismo.
La reforma rural tan necesaria para la democratización del acceso a la tierra en Colombia ha sido una de las grandes víctimas históricas de la desinformación y de una voluntad inflexible del establecimiento por no permitir una transformación estructural. Lo que esos sectores reaccionarios no le cuentan al país es que jamás habrá paz sin redistribución de tierras.
