Por: Jimmy Viera Rivera
Tanto el sistema económico apoyado por gobiernos neoliberales, como también las grandes superficies, los bancos de alimentos, y las élites terratenientes, agroindustriales y financieras, han contribuido al hambreamiento del país.
Cada vez más, una minoría de productores y compañías procesadoras controlan una porción mayor de los alimentos y perjudican a los consumidores, debido a crecientes e inútiles procesamientos, exposición a productos químicos peligrosos, menos nutrición y precios en alza permanente. El resultado: hambre o alimentación precaria como producto de las fuerzas que la industria alimentaria controla.
Colombia no cuenta con la línea de base sobre la que se construye una política pública nutricional, ya que su principal soporte, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional – ENSIN- no ha sido llevada a cabo desde el año 2015 hasta nuestros días; es decir, una década perdida. El gobierno actual no debe terminar su mandato sin realizar esta encuesta y, a su vez, debe contar con la participación de las regiones, para construir dicha política.
“Es hora de que el ICBF explique los motivos del retraso, pero sobre todo que, en el menor plazo posible, cumpla con el compromiso de actualizar esta encuesta. Nuestras prácticas y condiciones solo pueden ser abordadas desde una política pública integral que tenga en consideración las realidades nutricionales de los territorios y de los distintos elementos que componen el derecho a la alimentación adecuada”1.
“Por la eterna ausencia de un documento de política pública, o Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2012-2019) actualizado a la realidad alimentaria del país, las administraciones han optado por desglosar las acciones en seguridad alimentaria, a las que se viene sumando el programa “Hambre cero”, con mínimas acciones a las que cada ministerio o entidad pública de orden nacional pretende responder desarticuladamente”2.
Para avanzar con respecto a la construcción de una política pública, en la perspectiva del derecho humano a una adecuada alimentación y nutrición además de la soberanía alimentaria, es preciso estudiar el Quinto informe de FIAN Colombia: “Alimentar en vez de Hambrear”3. Este afirma que la lucha contra el hambre desde la perspectiva de derechos, implica: i) entenderla bien; ii) impulsar acciones de emergencia sin transgredir este derecho; iii) transformar la arquitectura institucional de toma de decisiones; iv) desarrollar un entramado coherente de políticas y normas con real focalización en el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada - DHANA; v) adelantar transformaciones profundas que revierten los condicionantes estructurales de las violaciones a este derecho; vi) proteger al pueblo, de sus vulneradores; y, por supuesto, vii) alimentar con alimentos reales.
El informe consta de los siguientes aspectos:
- Plantea una crítica con respecto a la manera como el hambre es actualmente conceptualizada y entendida de modo muy conveniente tanto al poder y actores que se encuentran detrás de su compleja generación y persistencia, como también a la perversa caridad corporativa o el asistencialismo estatal no basado en un compromiso más amplio en favor del DHANA. En este sentido, cabe llamar la atención acerca de la necesidad de “visibilizar todos los aspectos socioeconómicos, culturales, espirituales, políticos y ambientales que son determinantes y consecuencia del hambre” y, por ende, propone una definición holística sobre el hambre, que además dialoga con los elementos conceptuales y principios más importantes del DHANA y la Soberanía Alimentaria – SOBAL, como también, con las obligaciones de nuestro Estado en cuanto al DHANA.
- Aproxima un análisis sobre la situación alimentaria del país, con base en la información disponible, tomando también como referencia algunos datos de orden mundial. Patentiza el empeoramiento de la situación tras la pandemia, expresado en inaceptables cifras de subalimentación y crecientes limitaciones globales y nacionales para el acceso a una dieta saludable.
- Conceptualiza y resalta la importancia estratégica del Poder Popular Alimentario. Este concepto, desarrollado también por FIAN Colombia es importante para confrontar el Sistema Agroalimentario y Nutricional de tipo Corporativista y detener de manera organizada y conscientemente desde cada persona y el pueblo en su conjunto, los abusos y violaciones que parte del sector privado, el Estado colombiano u otros estados cometen contra estos derechos.
- Aborda algunos de los retos en materia alimentaria de la reforma agraria en Colombia y, otro desafío a las territorialidades contrahegemónicas que deben construirse en favor del DHANA y la SOBAL. Recalca la necesidad de que el actual gobierno, además de promover la producción de alimentos: i) genere condiciones para mejorar y acortar los circuitos de distribución; ii) priorice la producción de alimentos reales en vez de monocultivos o alimentos dependientes de paquetes tecnológicos destructores del ambiente; iii) proteja la producción de las semillas criollas; y iv) propicie la regeneración de aquellas tierras destruidas por causa de la acción humana, y entregue simultáneamente tierras adecuadas.
- Las grandes amenazas que pesan sobre el DHANA y la SOBAL, son: la captura corporativa del conocimiento en materia alimentaria, y la problemática con respecto a la caridad corporativa personificada en los bancos de alimentos. En cuanto a la captura corporativa del conocimiento, define en qué consiste y, la relación entre actores corporativos y académicos que actúan sinérgicamente, dinamizando este tipo de captura en favor de los intereses de poderosos sectores económicos. Con respecto a los bancos de alimentos, hace visible algunas de las narrativas que sus defensores movilizan para lograr posicionarlos como una “solución” al hambre o la inseguridad alimentaria. Estos bancos quieren hoy ser actores bajo protección constitucional en una nueva ley, para perpetuar sus ganancias a través de las exenciones tributarias y distribución de desperdicios y comida chatarra.
- Reseña algunas experiencias de resistencia que están adelantándose en el país, para avanzar hacia el DHANA y la SOBAL. Se trata de luchas colectivas encaminadas a confrontar diversos problemas alimentarios que abarcan desde la restricción en el acceso a los alimentos, hasta el creciente consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados - PCBUs.
El desafío que el DHANA y la SOBAL le deparan a este gobierno y la sociedad, es en primer lugar, poner en marcha el Sistema para la Garantía Progresiva a estos derechos, una medida pactada en el Acuerdo de Paz. El Sistema tiene que estar libre de la interferencia de terceros actores con conflictos de interés, de tal suerte que la toma de decisiones recaiga exclusivamente en el pueblo y el Estado, y el primero de estos debe ser mayoritario en los mecanismos y procesos para la toma de decisiones.
La estructuración y puesta en marcha del Sistema y de la Política Marco, deben estar formuladas y protegidas mediante sólidas leyes de la República; es decir, adoptadas como políticas de Estado.
La agenda del combate al hambre desde una política de derechos, se debe adelantar como agenda central, lo mismo que combatir las gigantescas desigualdades sociales estructurales y seculares que la originan.
“De no lograrse esto, justo ahora, las presentes y futuras generaciones no olvidarán que este gobierno fue incapaz de entender la importancia del tema, y que su narrativa en pro de reales, profundos y estratégicos avances en favor del DHANA se quedó apenas en un atisbo fugaz”.
Adenda: ¿hasta cuándo, la ONU permite que el Estado sionista de Israel continue el genocidio y utilice el hambre como arma de guerra, para lograr la limpieza étnica en Palestina?.
Notas.
1. Los datos que necesitamos (y no tenemos) sobre malnutrición - Dejusticia
2. Hambre y desinformación, un problema que persiste
3. Quinto Informe - FIAN Colombia
4. Periódico UNAL No. 233 by Medios Digitales UNAL - Issuu
