Por: Margarita Jaimes Velásquez
En el contexto de violencia homicida que viven las ciudades colombianas se da un manejo diferencial a la información de acuerdo con la prestancia o no de la víctima. Cuando ocurre un homicidio en un barrio pobre y en el que la delincuencia se ha posicionado por causas atribuibles al Estado, las autoridades locales se apresuran a informar sin causa cierta o real las hipótesis o móviles que explican el hecho, cosa que no ocurre con la misma frecuencia cuando la victima tiene mayor peso económico, social o político. En estos casos, por el contrario, prima la prudencia en el manejo de la información que se entrega a los medios de información masiva, generalmente bajo la consigna de que dichos hechos son “materia de investigación”.
Un ejemplo de ello fueron las declaraciones de las autoridades locales de Barranquilla el 12 de septiembre pasado respecto al homicidio de seis hombres que se encontraban departiendo en un estadero en el barrio Las Flores en las que se expusieron dos hipótesis que explicarían por qué los mataron; tristemente ambas ligadas a la delincuencia y al narcotráfico, por consiguiente quedando la impresión de que probablemente los muertos y los heridos pertenecían a alguna estructura del narcotráfico. De ahí que, a través de redes sociales y prensa, los amigos y parientes de las víctimas se opusieron a las afirmaciones oficiales demostrando que la mayoría de las víctimas eran personas que con su fuerza de trabajo aportaban al desarrollo de la ciudad.
Sin lugar a duda, en Colombia urge un manual ético y coherente con los derechos humanos que oriente al funcionariado respecto a sus obligaciones frente a los medios de comunicación masiva. El derecho al buen nombre no se pierde con la muerte. Así como una persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta ser vencida en justo juicio, el buen nombre también goza de esa protección. La condición de habitante de un barrio periférico y con altos índices de criminalidad no debe ser óbice para que sus derechos sean protegidos y respetados.
¿Cuáles pueden ser los efectos sobre la opinión general de afirmaciones inexactas y apresuradas? Pues, nada menos que escenarios de culpabilización social, mayor estigmatización, segregación social e incremento de la vulnerabilidad de los habitantes del barrio. Por otro lado, ya en el plano individual, no se compadece con los dolientes que deben enjuagar sus lágrimas desplazando su duelo para, también, defender su honra.
Las palabras o afirmaciones erróneas o inexactas son saetas mortíferas que requieren retractación o por lo menos aclaración por parte de sus autores, máxime cuando quienes las lanzan ostentan la calidad de garantes. En casos como este, es imperativo que las autoridades actúen con la misma prudencia siempre, sin que medien distinciones por razones económicas, políticas o de estatus social. El manejo de la información preliminar debe ser “materia de investigación judicial” a fin de evitar yerros que afecten derechos fundamentales, y, de paso, evitar la discriminación institucional que sufren los familiares. Lo que una esperaría es más prudencia y una investigación exhaustiva que garantice la verdad y la justicia.
