Margarita Jaimes Velásquez
En los últimos años hemos sido testigos de casos de agresiones físicas, verbales y simbólicas contra personal que atiende público, sean del funcionariado estatal o empleados de la empresa privada. En todos los casos, la agresión física va acompañada de improperios y calificativos infames encaminados a humillar a la persona —que valga de paso indicar, estaba cumpliendo con sus obligaciones laborales.
Si apelamos a ejemplos, en los últimos días se conocieron las agresiones contra una auxiliar de vuelo en uno de los aeropuertos de Medellín que debió sufrir la mofa, los remedos y los calificativos de ‘muerta de hambre’ y ‘estúpida’ de parte de una clienta o el hombre que le gritó a una agente civil de tránsito que “por eso vive como pobre” y “mire en qué ando”. Y todo por pertenecer a la clase trabajadora.
Las expresiones peyorativas empleadas contra las victimas lesionan el núcleo fundamental de sus derechos: la dignidad humana. De manera flagrante se violenta la honra y otros bienes intangibles de la persona. Es un acto de discriminación encaminado a humillar y degradarla hasta lo más íntimo de su ser. La aporofobia y las ínfulas de grandeza de algunas personas se fundan en prejuicios sociales y patrones clasistas que afectan gravemente los derechos fundamentales de la clase trabajadora de este país. La discriminación trae consigo varios peligros, entre ellos, la violencia física contra quien es considerado inferior tal como lo reflejó la frase “le pego por estúpida”.
Ahora bien, esto es posible porque, aunque muchas personas no lo aceptan, la discriminación pulula en nuestra cotidianidad. Está tan invisibilizada y naturalizada que ni aún en estos casos de “usted no sabe quién soy yo” nos repensarnos como sociedad. La discriminación estructural y sus formas de reproducción social, institucional y normativa exigen transformaciones profundas en nuestros modelos educativos y sociales, por mencionar algunos.
En tal sentido, creo necesario que la apuesta por la Paz Total del actual presidente recoja y materialice la política para el fomento, la garantía y la educación en y para los derechos que se ha quedado en buenas intenciones. Una verdadera política de DDHH debe ser el basamento para desmontar prácticas de discriminación. La paz como derecho y como principio se funda en el respeto por la otredad. ¿De qué sirve silenciar los fusiles, si las causas que lo generan siguen vigentes? La población colombiana requiere una paz posible, una que se funde en el respeto y el reconocimiento de la dignidad humana de esas otras y otros con quienes compartimos nuestro espacio y tiempo.
Ahora bien, mientras eso ocurre, también es obligatorio m —es un derecho de las víctimas— que se castigue el acto en los términos que instituye la Ley Antidiscriminación (Ley 1482 de 2011 modificada por la Ley 1752 de 2015). Incluso, que se aplique el agravante correspondiente por haberse cometido en espacio público. Esta norma fue creada para ser aplicada en casos como los planteados en este escrito, es decir, donde la irracionalidad y la majadería se juntan para menoscabar a otro ser humano bajo criterios clasistas absurdos.
Así mismo, como medida accesoria debe existir una medida pedagógica que obligue al infractor a estudiar sobre igualdad y no discriminación, incluso, que se exija como requisito de aprobación un trabajo social encaminado a demostrar sus nuevos conocimientos con las comunidades. Me atrevo a sugerir que incluso sea un curso largo y presencial, tipo diplomado, ya que un curso corto y virtual no logra el objetivo que debe ser poner en cuestión al individuo, que aprehenda nuevas perspectivas para interpretar la realidad que le circunda.
Otro aspecto importante, son las medidas de satisfacción como ejes de la reparación a la víctima. Que bueno sería escuchar las disculpas públicas para las personas agraviadas. El sinsabor que queda es que se expresa arrepentimiento en los medios de comunicación, sin la presencia de la víctima. Esa conducta evasiva hacia la persona afectada puede ser una reafirmación de la discriminación, en tanto no se le considera digna de tal acto.
Como se ve, una inadecuada actuación del Estado frente a la discriminación contribuye a que estos casos queden en la impunidad, particularmente en los casos donde esta ocurre por pertenecer a la clase trabajadora, puesto que de esta discriminación casi no se habla en Colombia, siendo la más común y cotidiana debido a que se subvalora el interés de humillar, menoscabar y degradar a la víctima por el hecho de ser una empleada. Generalmente, centramos nuestro interés en cuestionar el acto de “patanería” dejando de lado la intención y el daño que causan tales actos. Prueba de ello es que las noticias dan mayor valor a los golpes que a las expresiones de violencia verbal de la que se ufanan los actores de tales hechos. Como sociedad, es momento de hacer un alto y comprometernos con el respeto por los derechos humanos. Recordar, además, que nuestra Nación se funda en la solidaridad, el trabajo y la dignidad humana. (Constitución Política de Colombia)
