Por: Margarita Jaimes Velasquez
En Colombia creemos que en Europa y Norteamérica la situación de derechos es siempre mejor, seguramente, en muchos aspectos sea cierto, pero, en otros no tanto. En estos días tuve la oportunidad de conocer un caso que rasgó ese velo. El caso de las seis sindicalistas en Xixón- Asturias. Bien cercano al surrealismo por lo absurdo e injusto.
El contexto es el siguiente: una trabajadora de una pastelería en Xixón víctima de acoso laboral y sexual acudió para solicitar asesoría y acompañamiento en su situación al sindicato CNT – Confederación Nacional del Trabajo- que es, como su nombre lo indica, una confederación de sindicatos de clase en España. Esto ocurrió en el 2017. Esta mujer, no podía disfrutar de vacaciones, durante su embarazo le asignaron tareas excesivas que pusieron en riesgo la vida del feto, de ahí que, para evitar el aborto fue incapacitada por su médico.
El Sindicato inició las acciones de apoyo legal y una campaña de movilización social que en principio contó con los permisos del ayuntamiento, no obstante, en el marco de las concentraciones pacificas se produjeron alrededor de 30 detenciones, pero solo 8 personas con cargos, entre ellas, la víctima. La imputación fue por los delitos de coacción y obstrucción a la justicia. Según entrevista con tres de las sindicalistas afectadas, una de las condenadas nunca estuvo en la mesa de negociones con el patrón, solo participó en las concentraciones. Se deslegitimaron las denuncias sobre acoso sexual por no existir carga de prueba suficiente, por el contrario, fueron condenadas las activistas a tres años y medio de prisión, Además, la sentencia establece una indemnización a los dueños de la pastelería de 150.428 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario.
Como decimos en el Caribe, ¿cómo la ves? Pues muy maluca. Una esperaría que en los países “más desarrollados” no haya violencia contra el derecho a exigir derechos. Este caso, aunque no ocurrió en Colombia, es un mal precedente para el sindicalismo en cualquier parte del mundo. Como se ve, por un lado, hay violación a los derechos laborales de la víctima, a la que no se protegió, sino que por le contrario se le sancionó por atreverse a denunciar el acoso y por derecho a las otras mujeres sindicalistas que la apoyaron y asesoraron.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de toda persona a fundar y participar de las actividades propias de la actuación sindical para la reivindicación de los derechos de sus afiliados. Igualmente, reitera que los Estados no pueden adoptar medidas legales o judiciales tendientes a menoscabar el derecho a la sindicación. Como se ve, esto es un golpe certero a la movilización y a las reivindicaciones laborales, pues, sin conocer el derecho que rige al pueblo español, si puedo decir que violenta las disposiciones antes mencionadas. Esta es una forma de criminalizar la labor sindical. Sinceramente, he quedado estupefacta. Esto en Colombia, me habría sorprendido un poco, pero que ocurra en España, nunca lo habría esperado.
Otro elemento para tener en cuenta es la violencia de género que se diluye entre el derecho sindical y los derechos laborales. La violencia contra las mujeres que no es atendida y que desconoce como operan las relaciones de poder en el ámbito laboral, configura, violación a los derechos humanos fundamentales de las féminas, dado que existe un vínculo indisoluble con otros aspectos de la vida. No es un secreto que las mujeres en este modelo patriarcal sufrimos múltiples e interrelacionadas formas de discriminación, exclusión y violencia que deben ser tenidas en cuenta por los operadores judiciales. Ha dicho el Comité de la CEDAW en la Recomendación No 35 que el derecho de las mujeres a vivir libres de toda forma de violencia, lo que incluye la institucional, contiene entre otros derechos la protección del derecho a la participación, la asociación y a la reunión.
Reitero, si bien este caso no ocurrió en territorio colombiano, los derechos aquí vulnerados a estas mujeres sindicalistas, nos afecta a todas y a todos los que creemos en la democracia, es decir, en la posibilidad de discernir y de exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos, laborales y sindicales.
Desde la Colombia del realismo y del irrealismo toda la solidaridad para las sindicalistas de la Suiza, lo que les ha ocurrido a ellas, nos puede ocurrir a todas. ¡facer sindicalismu nun ye delitu¡ qué quiere decir, hacer sindicalismo no es un delito.