Por: Karla Díaz
Los resultados de la COP 16 de Biodiversidad que acaba de suceder en Cali, será inspiración de múltiples estudios, columnas de opinión, posicionamientos, informes y charlas (ojalá con café o cerveza). No es para menos, las batallas que allí se perdieron o ganaron lo ameritan. Me aventuro en esta columna a divagar un poco sobre la meta del Plan Nacional de Biodiversidad que plantea aumentar en 1,371,449.8 las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La Meta 5 del Plan Nacional de Biodiversidad propone que “Para el 2030, Colombia habrá alcanzado el 34% de la conservación y gestión de las zonas terrestres, aguas continentales y marino costeras, mediante sistemas de áreas protegidas, OMEC y territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos, consolidando derechos territoriales étnicos, así como medios de protección de los defensores ambientales”. Esta meta está relacionada con el objetivo de conservar el 30% de los territorios nacionales al año 2030 (Meta 30X30) del Marco Global de Biodiversidad.
Los indicadores de la meta son sobresalientes pues, además de las áreas del SINAP, incorpora los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos como figuras que en sí mismas aportan a la conservación, es decir, no dentro del paquete de las Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC); una apuesta interesante y que amerita seguirle la pista, particularmente a los territorios campesinos por su reciente entrada en la discusión oficial.
Ahora bien, volviendo a las áreas del SINAP, más allá de los polígonos y el número de hectáreas ¿cuál es la situación real de conservación de las áreas protegidas?
El informe de Internacional Crisis Group dice en voz alta lo que viene sucediendo en la región de Caquetá, Meta y Guaviare. De acuerdo con el estudio, la disidencia Estado Mayor Central (EMC), actor armado que hace presencia en estos departamentos, tiene la potestad de decidir cuándo y cuánta tierra se puede arrasar. Desafortunadamente, los desbalances de la mesa de negociación se miden en número de hectáreas taladas.
De acuerdo con el Ministerio de Amiente, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre se estimó una deforestación de 18.400 ha. en los departamentos amazónicos, de las cuales 2.544 ha. estarían dentro de áreas de Parques Nacionales Naturales.
Otros casos han mostrado las tensiones que trae la constitución de áreas protegidas, en donde comunidades campesinas quedan atrapadas dentro de áreas ambientales y luego se enteran de que, por estar dentro de estas figuras, ya no pueden acceder a procesos de formalización, como sucedió en el caso de la Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida (RFPR – La Tebaida), estudiado por la Asociación Ambiente y Sociedad.
Una situación similar ocurre con el Parque Natural Regional Miraflores – Picachos, creado por CORPOAMAZONIA, y que durante el Paro Nacional 2021 se alcanzaron acuerdos para revisar la situación de comunidades campesinas que habitan dentro de esta área. Hasta la fecha, la autoridad ambiental no ha activado el escenario de diálogo para atender esta reclamación.
Daré un último ejemplo, en este caso no entraré en detalle porque lo insólito del caso amerita una columna completa; sin embargo, es un caso que muestra bien a lo que lleva la fiebre de constituir áreas protegidas. En el 2021 CORPOAMAZONÍA declaró como Área de Reserva Forestal Protectora casi todo el municipio de La Montañita, incluidas las áreas de frontera agrícola, definiendo que el 68,9% corresponde a uso de protección y el 31,1% de restauración.
Declarar un Área de Reserva Forestal en las áreas que fueron sustraídas de Reserva Forestal es la expresión misma del sinsentido. No solo no tiene sentido devolver una categoría de reserva forestal a un área transformada para uso agropecuario, sino que es absurdo cuando la autoridad ambiental no puede controlar ni siquiera las áreas forestales que ya administra. Sin contar que es una pesada imposición para las comunidades que habitan estas zonas y desarrollan otras actividades permitidas dentro de la Frontera Agropecuaria.
Este y otros casos ejemplifican uno, la dificultad para administrar las áreas protegidas; dos, los retos para hacer los procesos de constitución respetando los derechos territoriales de las comunidades; y tres, la reproducción de una matriz colonial en las metas de constitución de áreas ambientales. A continuación, desarrollaré brevemente estos tres elementos.
Respecto al primero, es evidente que en el triángulo Caquetá, Meta y Guaviare que el Gobierno Nacional no tiene la capacidad para controlar las dinámicas de expansión de la frontera agrícola, el mercado informal de tierras, ni de sancionar a los que están detrás del daño ambiental. Son los armados y los poderes locales (y no tan locales) quienes deciden el futuro de la Amazonía, no el presidente. Lamentable situación.
Con respecto a los procesos de constitución, hay muchos retos en el protocolo de saneamiento de nuevas áreas, debido principalmente a la debilidad del diálogo interinstitucional entre el sector ambiente y agrario. A esto se suman otros factores como la ausencia de información catastral, la alta informalidad en la tenencia, la persistencia de información en el sistema antiguo y un largo etcétera de información insuficiente sobre las dinámicas de tenencia que permitirían constituir áreas bajo principio de derechos.
La incapacidad para controlar estas áreas ambientales y el desconocimiento de derechos territoriales es explicada por el carácter colonial de este tipo de metas, operado a través de la separación hombre-naturaleza, en donde se crean áreas prístinas para que la naturaleza sin el hombre pueda ser. Bluwstein (2021) explica el carácter colonial de esta noción, a partir del análisis del concepto de paisaje y las formas de simplificación/descomplejización en el que los humanos son vistos como amenazas para la naturaleza.
Por otro lado, este tipo de metas imponen un saber experto occidental-bogotano que define “qué biodiversidad debemos preservar, dónde, cómo y por quién, y de qué especies, ecosistemas y relación socio-naturaleza podemos prescindir” (Corbera et al., 2021, p. 897).
El imperativo ambiental como garantía para la vida de generaciones futuras, pero también como garantía para la expansión del capital (Lang, 2021), se superpone a los derechos, racionalidades y conocimiento de quienes hoy viven en estas áreas, cuyos derechos a la vivienda, salud, educación y tierra se ven relativizados.
Quisiera hacer énfasis en esta última parte, tierra, pues vivimos en un país en donde tener una propiedad, que se puede dar como herencia a los hijos o se pueda vender cuando alguien en su familia enferme, es un privilegio. La falta de conciencia sobre esto muestra como la conservación sigue estando atravesada por la clase, la raza y el género (Lang, 2021).
Una nueva aproximación a las realidades de las áreas protegidas, parte de la necesidad fundamental de reconocer los conflictos socioambientales, los conflictos por la tierra, las dinámicas de gobierno y gobernanza inscritas en ellas. También implica reconocer que las dinámicas de distribución desigual de la tierra es lo que ha creado estos bordes de gente invisible, ocupantes de baldíos, a quienes se les impone el imperativo moral de conservar.
Todo esto implica “conceptualizar los paisajes como lugares y entidades políticas impregnadas de política, poder e injusticia” (Olwig & Mitchell, 2007, retomado por Bluwstein, 2021, p. 920).
Esto pasa también por dejar de lado las metas en términos de número de hectáreas en áreas protegidas y más en término de acceso a derechos de la población para un uso adecuado de la naturaleza. Hay un avance en este sentido al reconocer los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos como áreas de conservación, sin embargo, es necesario ir más allá y atender los conflictos socioambientales generados por la fiebre de áreas protegidas que ha caracterizado los últimos años para revertir el daño causado.
Quizás también fuera de las COP nos podamos sincerar como país y reconocer cuántas hectáreas realmente se están conservando, cómo se conservan y quiénes lo hacen. Esto nos aleja de la lógica del polígono/paisaje y nos lleva a caminar sobre un paradigma que nos hace reflexionar sobre los modelos de gobernanza y la materialización de derechos de las comunidades y la naturaleza en las áreas ya constituidas. Este sin duda sería un indicador más relevante.
Referencias
Bluwstein, J. (2021) Colonizing landscapes/landscaping colonies: from a global history of landscapism to the contemporary landscape approach in nature conservation, Journal of Political Ecology, 28, 904 – 927.
Corbera, E., Maestre-Andrés, S., Collins, Y. A., Mabele, M. B., & Brockington, D. (2021). Decolonizing biodiversity conservation. Journal of Political Ecology, 28, 889–903.
Lang, M. (2021). Simulación e irresponsabilidad: el ‘desarrollo’ frente a la crisis civilizatoria. Miradas críticas desde los feminismos y el pensamiento decolonial sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la erradicación de la pobreza. Gestión y Ambiente, 24(supl1), 131–152. https://doi.org/10.15446/ga.v24nsupl1.91899