Por: Jimmy Viera Rivera
La historia del ojo inquisidor del gran hermano en la novela “1984” de Orwell, que espiaba hasta los pensamientos, para mantener el orden, o la otra sobre la mirada escrutadora de Joseph McCarthy, el senador republicano que señalaba a librepensadores, haciendo “cacería de brujas” en EE. UU., se quedan cortas cuando se comparan con los procedimientos de dominación y los sistemas de vigilancia dentro de la Defensoría del Pueblo.
Las cuatro administraciones recientes de esta, se han aproximado tanto al sol neoliberal, que las alas de la pretendida utopía realizable, se derritieron. El ideal de defender los derechos humanos, por parte de esta institución convertida en botín burocrático, se esfumó marcando un retroceso democrático y un deterioro de los derechos fundamentales y de los avances en política pública, logrados en sus primeros tiempos. Por lo tanto, de la misión en defensa de los derechos humanos, queda solo un contingente de grandes funcionarios y funcionarias valientes que se juegan la vida, por encima de la institución, para que el agravamiento del problema más agudo que vive el país, es decir, la violación de derechos, no se profundice.
La Defensoría del pueblo cuenta con sofisticados sistemas de información que cualquier organismo de inteligencia envidiaría, y posee un Laboratorio Forense de Evidencia Digital con gran capacidad para rastrear, no sólo las comunicaciones internas y privadas de sus trabajadores, si no también del mundo político, periodístico y gubernamental colombiano.
La capacidad tecnológica, con equipos de hardware y software en varias estaciones móviles que pueden ser trasladadas dentro y fuera de las instalaciones de la entidad, constituye posiblemente una amenaza contra los derechos fundamentales de las defensoras y defensores de derechos humanos, los líderes sociales o los políticos. El defensor del pueblo anunció las especificaciones establecidas por el fabricante de las herramientas adquiridas por la entidad, que las define como equipos exclusivos para actividades de inteligencia o de policía judicial y corroboran la capacidad tecnológica: “de la misma forma, dispone de una gran capacidad de operación, ya que a través de 8 estaciones de informática forense puede procesar al mismo tiempo más de 60 terabytes de información, lo cual significa que podría analizar información de 10 mil dispositivos móviles a la vez”
Cualquier proceso informativo puede sufrir una serie de perversiones, tanto en la adquisición como en la difusión. Este riesgo se acentúa cuando se utilizan procedimientos no convencionales o sin protocolos y se investigan aspectos de la intimidad personal que violan los derechos fundamentales.
Las denuncias por parte de las organizaciones sindicales, además del exilio de uno de sus representantes, encienden una alarma temprana.
La Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo ASEMDEP manifiesta mediante un derecho de petición fechado el 10 de noviembre de 2022, dirigido al defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, que sus integrantes se encuentran “preocupados por denuncias que se han presentado ante las autoridades judiciales por presunta vulneración al derecho fundamental a la intimidad; igualmente, que la información y software informático de la entidad podría estar siendo utilizado ilegalmente para interceptar selectivamente y sin orden judicial, la correspondencia oficial y comunicaciones privadas de miembros de las organizaciones sindicales (perfilamiento) de la Defensoría del Pueblo; situación que además de violar normas constitucionales (Art. 1o, 2o, inciso 3o art 15), constituye conducta punible tipificada en el código penal (art.196cp), que debe ser investigada hasta identificar a los responsables, y determinar si es cierto o no dicho comentario”.
Aunque el Laboratorio Forense de Evidencia Digital no tiene facultades de policía judicial, ha sido utilizado en procesos disciplinarios llevados a cabo por la Oficina de Control Interno Disciplinario, sustrayendo sin autorización previa, ni garantías legales al debido proceso, información de las redes privadas de servidores públicos de la Defensoría del Pueblo y, al menos en dos casos, de funcionarias afiliadas al Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -SINDHEP-, además de un caso de un trabajador. Estas denuncias fueron presentadas por este sindicato, ante la Fiscalía General de la Nación.
Algunos de los servidores que desempeñan el manejo del Laboratorio Forense de Evidencia Digital de la Defensoría del Pueblo, no están facultados, ni formados para ejercer como peritos forenses, tampoco cuentan con certificación para el manejo de equipos ni cumplen funciones de policía judicial, por lo tanto, ponen en riesgo derechos fundamentales o el manejo de datos personales y la extracción de los mismos. Lo anterior se deriva de la respuesta a un derecho de petición interpuesto por el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, el 24 de febrero de 2023, donde el defensor del pueblo afirma lo siguiente: “a los peritos que realizan funciones en el Laboratorio Forense de Evidencia Digital, les fue transferido el conocimiento en desarrollo del proceso contractual BID-100-CP-2021”. No obstante, ninguna entidad acreditada para expedir la certificación, impartió el conocimiento. Por lo tanto, cabe señalar que el mencionado laboratorio que pretende actividades forenses para la defensa judicial, no cuenta con acreditación de su existencia o procedimientos, ni mucho menos, con protocolos de manejo de cadena de custodia.
Ahondar en averiguación acerca del manejo del Laboratorio es un asunto pendiente, así como también, despejar los interrogantes sobre distintos aspectos, por ejemplo, la etapa precontractual llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo, para la creación de esta herramienta. La falta de información, ya que no se conocen los estudios previos, ni acerca del sector, no permite determinar la transparencia del proceso y tampoco la necesidad que justificó la instalación del Laboratorio.
También es una tarea pendiente, investigar si pudo haberse incurrido en delitos contra la administración pública, derivados de la ejecución contractual sobre la puesta en marcha de dicho laboratorio, con identificación CD-158-2021 y CD-26-2022 (incluida la cesión) y, de igual modo, el contrato DP-BID No. 100-CP-B suscrito entre la Defensoría del Pueblo y el Consorcio ADALID IOCOM 2021 representado por el señor Andrés Alberto Guzmán Caballero quien fue posteriormente nombrado Defensor Delegado para la Protección de Derechos en Ambientes Virtuales, mediante Resolución 1358 del 12 de octubre de 2022. Este abogado experto en hackeos, hoy se desempeña como un Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de Nayib Bukele, en El Salvador.
https://elpais.com/america-colombia/2023-05-27/andres-guzman-de-abogado-experto-en-hackeos-en-colombia-a-comisionado-de-derechos-humanos-de-nayib-bukele-en-el-salva
La entidad se encuentra en una encrucijada histórica que exige un replanteamiento serio de su función social, ya que no es sólo suficiente cambiar de defensor. Hoy, la institución no es un cuerpo doctrinal humanista como fue definido, si no, un conjunto de intereses económicos politiqueros, revestido de un lenguaje seudodefensor de derechos, que practica el autoritarismo y la persecución interna, sin la legitimidad suficiente para impactar de fondo los factores de la antidemocracia colombiana.
Es necesario superar el prolongado ciclo de 20 años de pérdida de la misión institucional, para avanzar hacia la apertura de un proceso democratizador y de reconstrucción que supone una ruptura efectiva con el pasado.
Los medios de comunicación promocionan ya a una sucesora de Camargo, además de la continuación de la política de imagen y vitrina mediática. Por lo tanto, el alto gobierno se equivocaría si ternara a esta persona, para brindar una apariencia de democracia.
Es de vital importancia que el perfil del nuevo defensor o defensora del pueblo, corresponda realmente con una persona comprometida con los DD. HH., con las poblaciones étnicas vulnerables, con las víctimas y con las regiones y que además conozca muy bien los problemas que viene arrastrando la institución desde hace muchos años, para que no llegue a improvisar y nombrar funcionarios solo por ser amigos o recomendados.
Quien asuma este cargo, debe estar muy bien informado acerca de los obstáculos que han impedido y bloqueado la posibilidad de que el "Ministerio Público" se convierta en realidad y deje de ser una ficción legal. Además, que conozca al detalle las principales problemáticas sociales y de derechos que agobian al país, y el rol que puede jugar la Defensoría para contribuir a su superación, y finalmente debe contar con grandes cualidades morales e intelectuales, sin mácula, ni sospechas, sin hechos pasados que enturbien su gestión y, que cuando le hable al país, transmita un mensaje contundente que amerite ser escuchado, que tenga la capacidad de darle el vuelco a la Defensoría de cara a los nuevos desafíos del momento histórico del país.
