Por: Jimmy Viera Rivera
Al término de un balance sobre la política y crisis de la Unidad de Víctimas, en que deseo insistir con sentido constructivo, considero necesario retomar un par de ideas que pretendo sacar a la luz, a lo largo del mismo.
La primera es la superioridad de las víctimas frente al recortado enfoque de política pública con respecto a estas, que se detecta en el segundo año del Gobierno del Cambio.
La segunda idea que quiero reiterar, se refiere a la necesidad de adelantar una política encaminada a superar la condición de víctimas. Desde el 2012, la Unidad no ha logrado satisfacer este requerimiento, sino que, por el contrario, ha contribuido a perpetuar la situación.
Si el Gobierno del Cambio se compromete a una férrea defensa sobre la política para superar la condición de víctimas, por lo tanto, tiene que reorientar de modo radical y profundo los enfoques y modelo de contratación en la Unidad. Desde el 30 de junio del presente año (2024) cuando la directora anterior salió del cargo, hasta la fecha en que la nueva directora actual tomó posesión, hemos asistido a una feria de contrataciones en récord de tiempo. La pretensión de atornillar personas que no pasaron el concurso de méritos, es contraria al enfoque progresivo del Gobierno del Cambio sobre derechos.
La nueva directora recibe una herencia en materia de contratación a la cual debiera renunciar, que consiste en disminuir el monto de sueldos de gran cantidad de personal de la Unidad, para incrementar desproporcionadamente los contratos y honorarios de terceros externos, que también redundan en duplicidad de funciones a nivel de dirección y de subdirección. Un ejemplo palpable es la prestación de servicios profesionales en calidad de comisionado, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia proferida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de julio de 2022, sobre el caso de integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Aunque esta función corresponde a la Subdirección de Reparación Individual, sin embargo, dos comisionados fueron vinculados con un sueldo mensual de $46.990.400 cada uno, mediante el contrato número 924 y el # 925, además de contratar 14 personas de apoyo (a estos dos comisionados), con salarios mensuales que abarcan entre $17.484.800,00 y $26.227.200,00 (ver: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/contrataci%C3%B3n-y-convocatorias/).
En sentido similar, el contrato # 972 implica funciones que corresponden a la Oficina de Talento Humano; y el contrato número 1214 duplica funciones misionales de la Dirección de Gestión Interinstitucional, además de que el contrato # 679, el # 1800 y el # 1851, acarrean también duplicidad.
El aspecto más grave, es la vigencia del actual modelo de tercerización caracterizada por la contratación de operadores tanto logísticos como de atención, para delegar en manos privadas, funciones que el gobierno debe desempeñar. Es un estándar fallido que no permite superar la condición de víctimas, a millones de personas, sino que revictimiza bajo un enfoque encubierto de “soluciones duraderas”.
En la Unidad, durante los dos años recientes, no ha sido posible cambiar ninguna resolución y, ni siquiera, transformar, ni poner a la altura de nuevos desafíos, las fichas de inversión del gobierno pasado. En síntesis, la voluntad política para la transformación ha brillado por su ausencia.
Sin demeritar la importancia de la Sentencia 025, la Unidad está respondiendo hoy a los autos de la Corte Constitucional, aparentemente más que a las víctimas. Es decir, los funcionarios se ocupan de cumplir con estos informes a la Corte, más que de atender a las víctimas.
La caracterización para la atención e indemnización de víctimas, que parecía una vía expedita, ha causado aplazamiento de los procesos de reparación y, retraso en la superación de la condición de víctimas. Este obstáculo retarda la recomposición del tejido social y, la adopción de medidas efectivas en favor de las personas que sufren consecuencias del conflicto armado.
“Cambiar para servir” fue el eslogan de la anterior administración saliente y, sin embargo, los cambios o los avances no fueron logrados. El informe de gestión de 2023 se refiere a 968 sujetos de reparación colectiva, incluidos en el registro de víctimas donde 220 de estas cuentan con beneficio del Plan de Reparación Colectiva, pero solo 97 de ellas han sido indemnizadas y, por lo tanto, representan apenas el 10% de los sujetos colectivos totales.
El interés particular de una ONG que ayudó a poner desde una directora y subdirectora, hasta algunos funcionarios del nivel central o regional, ha influido en el estancamiento de la Unidad. Aunque la ONG pregona un enfoque progresista de derechos humanos, sin embargo, cuando ingresó al gobierno, se transformó en un enfoque conservador, pro statu quo, con un comportamiento más semejante a una empresa del modelo neoliberal que captura recursos del Estado, obstaculiza cualquier reforma en las resoluciones jurídicas que favorecen a las víctimas, y converge en una visión regresiva sobre los derechos, con posturas retardatarias de funcionarios que provienen de gobiernos anteriores.
Otro factor de estancamiento de la Unidad, es que algunas personas que han pasado por la dirección de la Unidad, han convertido la inclusión social en un espacio de clientelismo político, utilizan la ayuda humanitaria para atrapar a las víctimas en redes clientelares de partidos o cooptarlos. Modelo corrupto y perverso, que sirve para perpetuar la condición de víctimas, vivir de las víctimas, ser trampolín electoral y no cumplir con la misión institucional para la que fueron nombrados en ese cargo.
La reconstrucción de la Unidad requiere ser llevada a cabo mediante un cambio total del personal de nivel directivo y, sobre una transformación al enfoque, para guiar el quehacer y realización de rigurosos ajustes institucionales y administrativos. La nueva directora debiera conformar un equipo especial experimentado, ejecutando los ajustes administrativos necesarios. De igual modo, sería pertinente solicitar a los órganos de control, una auditoría forense para identificar los hilos ocultos en materia de los montos de contratos, la duplicidad en costos de sistemas de información y aplicación de controles internos, como también, las contrataciones efectuadas recientemente durante la interinidad administrativa. De manera especial, se necesitan cambios en la Dirección de Gestión Social y Humanitaria, y en la Dirección de Reparación, que conforma el 70 % de la Unidad, además de las subdirecciones de SAAH y de SPAE e, igualmente, en la Coordinación de Grupo de Retornos, lo mismo que en el 50% de las DT territoriales.
Adicionalmente, es necesario que la nueva directora estableciera un compromiso con las víctimas y organizaciones sociales, para adelantar un seguimiento transparente de veeduría popular a los procedimientos de la Unidad, exento de clientelismo, y en ejercicio de su derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento a la política pública con respecto a la prevención, atención y reparación integral, como también, al derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.
De igual modo, se requiere con urgencia desde el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, un nuevo modelo de prevención encaminada a evitar daños emergentes en las zonas más conflictivas del país.
Como reza el régimen disciplinario de los funcionarios públicos frente a las víctimas, los mínimos humanitarios por parte de la Unidad, implican brindar a las víctimas, empezando por sus empleados, un trato humanitario de respeto a su dignidad y sus derechos.
El modelo donde el interés del capital desborda la gestión política de la Unidad requiere ser revertido a través de una política pública, concebida para otorgar más capacidad de acción estatal y mayor control y regulación al sector privado, permitiendo sólidas alianzas de carácter público-popular con organizaciones sociales y organizaciones de víctimas, para fortalecer su poder local en las áreas económicas y sociales en que tienen experiencia.
Para asumir la reconstrucción de la Unidad, restan solo dos años. No obstante, nos encontramos frente a la encrucijada de recuperar la institucionalidad y abrir nuevas convocatorias socializadoras, dignas de las víctimas, fortaleciendo la política pública con respecto a la solidaridad y compromiso social; o, de continuar en la inercia rumbo al desastre ya perfilado, producto de un cúmulo de desaciertos en la instrumentalización de la política, y una pésima administración durante los dos recientes años de gobierno.
