Por: Jimmy Viera Rivera
Durante más de un siglo y medio, Colombia ha intentado dar a luz un nuevo régimen político democrático. Sin embargo, la parálisis de siglos de decadencia senil que viene desde tiempos coloniales, pesa hoy sobre los hombros del país y ha causado el naufragio de todos los intentos de cambio democrático.
La antigua república señorial con sus abolengos, aires monárquicos, discriminaciones raciales y de clase, desde sus medios de comunicación y buena parte del poder judicial y el legislativo, adelanta hoy la política de la revancha, debido a la pérdida del poder ejecutivo y, por lo tanto, pone a todo el régimen político que atraviesa una profunda crisis, a la reconquista de su hegemonía perdida.
El maestro Antonio García Nossa, en su libro Esquema de una República Señorial, plantea los aspectos históricos que incluyen la contradicción entre la dirección señorial de la República por parte de las elites oligárquicas, tras la independencia, y los sectores populares que han luchado para introducir cambios democráticos en el país.
En su crónica, a finales del siglo XIX, el viajero francés Pierre D´Espagnat escribió: “Todos los negocios, toda la política, todo el arte, en una palabra, toda la vida de la Bogotá que piensa y que actúa, como suceden varias de estas repúblicas suramericanas -por fuerzas oligárquicas- se concentra entre las manos de unas de unas 50 familias conservadoras que arrebataron esa misión directiva a otras tantas familias liberales y que, en espera de los designios de la providencia, representan al país ante el mismo y ante el extranjero y constituyen la fachada de Colombia”. (D´Espagnat - Recuerdos de la Nueva Granada).
Camilo Castellanos, en su texto del año 2005 sobre autoritarismo y democracia, profundiza en los aspectos de la contradicción que vivimos los colombianos: “Liberados de España y en el contexto del pensamiento de la época, los fundadores de la república adoptaron las formas de la democracia liberal para su nueva creación. Empero, el traje demoliberal no se avenía al cuerpo de la sociedad…Como las nacientes Repúblicas no afectaron las relaciones sociales basadas en el privilegio, resultó el engendro de unas formas burguesas que contenían una sociedad no burguesa. Contrasentido que se ha traducido en una república señorial para la cual el pueblo es extraño y estorboso: el régimen contrahecho de una democracia sin pueblo”.
En agosto de 2023, el economista Libardo Sarmiento Anzola retrata en el texto “Concentración económica y poder político en Colombia”, una juiciosa semblanza sobre esta élite: “En Colombia, diez conglomerados económico-financieros son los dueños del país, determinan la economía y la política. El motor de la producción, la distribución, el cambio y el consumo depende de 50 empresas y 29 entidades financieras. La actividad productiva del país se lleva a cabo principalmente en dos regiones que contienen al 35,5 por ciento de la población colombiana: Bogotá-Cundinamarca y Antioquia, que además generan el 45,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Por otra parte, en el texto “Élites, poder y principios de dominación 1991-2022", podemos mirar particularidades de esta élite oligarca:
“La élite oligárquica aparece conformada por 46 personas que disponen de la mayoría accionaria o la propiedad de los principales conglomerados o grupos financieros: Grupo Aval, Grupo Empresarial Antiqueño, Grupo Bolívar, Grupo Empresarial Olímpica, Grupo Santo Domingo, Grupo Mercantil Colpatria, Grupo Gilinski y Organización Ardila Lülle. Estas personas inciden en la opinión pública a través de la adquisición de medios de comunicación de alcance nacional (El Tiempo, Semana, Caracol, RCN, etc.). Según Silva Colmenares (2020, pp.34). Para el retrato renovado de los dueños del país entraron cuatro grupos nuevos, cuyos activos bajo control, como proporción del PIB de 2017 se anotan entre paréntesis; esos son: Sarmiento Angulo (34.3%), Grupo Bolívar (13.5%), Grupo Colpatria (5.4%) y Gilinski (3.5%), totalizando los cuatro el equivalente al 56.7% del PIB del 2017, que llegó a $920,5 billones de pesos corrientes”.
Vale anotar el papel que juegan corporaciones globales como el grupo Prisa y su lógica mediática, para responder a los intereses de clases privilegiadas y dominantes en el país.
“Las dirigencias gremiales estuvieron en cabeza de 76 personas que han ocupado el cargo de presidente de los principales gremios del sector agrícola, industrial, financiero, comercial y de servicios en Colombia. La élite judicial ha estado constituida por 360 personas que fueron elegidos como fiscales generales de la nación, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Tribunal Especial de Paz de la JEP. La élite tecnocrática fue integrada por 49 personas que ocuparon los cargos de ministro de hacienda, director del Departamento Nacional de Planeación, gerente general y miembro de la junta directiva del Banco de la República. La primacía social y cultural de los hombres blancos que nacieron en la región andina y que fueron educados en universidades privadas de Bogotá”.
Las élites se han adherido tradicionalmente de manera formal a las reglas de juego de la democracia representativa, sin embargo, no actúan en pro de un Estado democrático, ni de una democracia directa o, aun menos, económica y social. Este juego rutinario se convirtió en un arma de dominación donde se aplica todo tipo de zancadillas, en medio de costosas campañas y reiterados fraudes electorales.
La Constitución del 91 procuró ponernos a tono con la más avanzada democracia occidental, pero, cuando acababa de ser promulgada, demostró un carácter transaccional, limitado y transitorio: “puente frente a un orden por precisar y pórtico a un proceso que habrá de ser mucho más exigente”. La Constitución consagró no solo una carta de derechos sino también, el neoliberalismo y las privatizaciones. Por lo tanto, durante sus tres décadas, una gran cantidad de aspectos progresistas esenciales han sido demolidos por parte de la clase política, ya que el Congreso ha aprobado 55 reformas, modificando alrededor de 108 Artículos que significaban un estorbo a su concepto patrimonialista sobre el Estado.
El gobierno que expidió esta Constitución, a través de su eslogan “bienvenidos al futuro”, adelantó el principio neoliberal sobre desregulación estatal de la economía mediante privatización de las empresas públicas, implementada rigurosamente por parte de la nueva tecnocracia. Esta acción significó pérdidas de miles de millones de dólares, pero también representó un gran negocio para funcionarios que se convirtieron en empresarios privados que, a su vez, han capturado al Estado, al poder judicial y al legislativo, perpetuando negocios en salud, pensiones y demás. Adicionalmente, el Decreto 356 de 1993 que autorizó la creación de las cooperativas de vigilancia “Convivir”, durante el gobierno de Cesar Gaviria, redundó en la legalización de grupos paramilitares.
Mientras en el Cono Sur, la implantación neoliberal requirió sangrientas dictaduras, por el contrario, en Colombia, no ocurrieron golpes de Estado sino, una política estatal que devino en estímulo a la política paramilitar, garantizando la acumulación mediante despojo y desplazamiento. Los intereses y privilegios, por acumulación de tierras y capital rentístico, empalmaron perfectamente con el impulso de la política económica neoliberal, para dar lugar a una elite oligárquica con mayor concentración de sus negocios. En la actualidad, el paramilitarismo pretende relanzarse de manera oficial a través de la voz de un expresidente y, por parte de un negociador de paz, que han propuesto que la clase dominante organice cuerpos civiles armados, para erigir su propia dictadura local y regional, con el fin de detener procesos democráticos y restitución de tierras apropiadas por “terceros de buena fe” que se lucraron de la anterior fase paramilitar del país.
Debido a una resistencia a la modernidad, por causa de proteger intereses de la élite agraria, financiera e industrial además de los herederos de la República señorial y sus obsoletas estructuras económicas, Colombia ha tenido que presenciar y sufrir épocas turbulentas con crescendos dentro de una continua sinfonía de guerras civiles, luchas partidarias fratricidas, insurrecciones urbanas como “el bogotazo”, magnicidios, etnocidios, desplazamientos, levantamientos populares regionales, dictadura, paramilitarismo, insurgencia y conflicto armado durante extensos períodos, asesinato de jóvenes y líderes sociales, injerencia extranjera y entrega del país a multinacionales, y narcotráfico; que han sembrado en las regiones, hambre y desolación y, si nos descuidamos, hasta fascismo en nombre de la “defensa” a la democracia.
Es absolutamente vital para las repúblicas señoriales, sociedades feudales, tiránicas o mafiosas, proteger y ampliar las lógicas de servidumbre, cortesanas y de señorío o “lumpen señorío”, para mantener el poder y, sobretodo, el control biopolítico de la sociedad.
Así como la República señorial borró de la historia, a Juan José Nieto -presidente negro-, también desea borrar del mapa, a Gustavo Petro, ya que este no pertenece a su clase social y es el primer presidente progresista de Colombia. Igualmente, la República señorial quiere, ante todo, anular la fuerza que el presidente Petro representa: un pueblo que se levantó reclamando sus derechos democráticos, un levantamiento popular que, tras años de gestación, brotó para quedarse en el escenario de la lucha por la democracia y la transformación estructural del país.
El levantamiento social, en abril de 2021, no fue solo un episodio de la historia nacional sino también, un acontecimiento que los historiadores reaccionarios y la gran prensa ha despreciado y continúa tratando como a su enemigo, un basilisco o monstruo despojado de sus causas y efectos circunstanciales. Sin embargo, este acontecimiento sacudió profundamente la conciencia popular y determinó la ruptura con esa República señorial y un régimen político carcomido por causa de la corrupción.
La propuesta de país de la República señorial consiste en más neoliberalismo que enriquece a una reducida élite, más fascismo por el estilo de Bolsonaro o Milei, y menos democracia. En este propósito, no es extraño que nos vendan de nuevo como una alternativa, el mal llamado centro político.
Al gobierno, le corresponde avanzar sin ceder más al chantaje político, económico y mediático de las élites, abrir amplios espacios democráticos que posibilitan reales procesos participativos dentro de instancias gubernamentales y no gubernamentales, brindar garantías a la protesta y movilización social, respetar las formas de poder construido por parte del pueblo, combatir internamente la corrupción, y fomentar un comportamiento no burocrático de sus funcionarios.
Aunque el ascenso de las movilizaciones populares permitió alcanzar la mayoría electoral de 2022, formalizando su aspiración de ser gobierno y su derecho a gobernar, sin embargo, no es aún suficiente, ya que hoy se requiere el ejercicio efectivo del poder por parte del pueblo mismo, sustentado en formas de poder local y regional, asambleas populares, coordinadoras y veedurías socioambientales, nuevas formas de economía popular de medianos y pequeños productores, solución a la soberanía alimentaria en las regiones, procesos de autonomía y autodeterminación étnica, puesta en marcha de poderes constituyentes en universidades y sectores económicos, democratización de las comunicaciones, y “transformar todo lo relacionado con el modo en que vivimos en este planeta”.
Los partidos políticos no son los únicos con poder para poner una agenda relacionada con los temas más importantes que afectan la vida, como son la paz, la deuda pública, la soberanía nacional, el cambio climático, el derecho a la alimentación, autogestión y sistema político, el gasto social del gobierno y pago de impuestos, las bases militares, y la profundización del proceso democrático en el país.
Las élites oligárquicas que representan la República señorial, desconcertadas, debido a los nuevos fenómenos sociales y políticos que desbaratan sus planes y ambiciones de futuro, generan día a día distorsión desde sus monopolios mediáticos, para responsabilizar del “cataclismo”, a la “demagogia” de un hombre, ocultando que la fuerza de un pueblo señala y reclama mediante movilización permanente, un tiempo histórico de cambios sustanciales, estructurales, no epidérmicos, ni cosméticos en el país.
