Por: Carolina Jiménez Martín
Profesora Universidad Nacional de Colombia
Atravesamos tiempos de incertidumbre. La crisis del sistema capitalista ha abierto un debate importante sobre si el mundo en las actuales condiciones asiste a un colapso general o simplemente transita momentos convulsos.
El gobierno de Gustavo Petro, a un año de sus funciones, no ha sido ajeno a esta discusión. Por el contrario, los debates y las salidas a esta crisis definen los contornos de su gobierno. El presidente, en la instalación de la legislatura del Congreso de la República, señaló:
Estamos viviendo unas circunstancias profundamente difíciles a escala civilizatoria, a escala vital. Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones. Lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, sino de toda la humanidad, de toda la vida en el planeta.
Las palabras del presidente ilustran una lectura compleja del momento actual. Su insistencia en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida, a través de la justicia ambiental y social, indica que se está reconociendo la insostenibilidad de un modelo de sociedad soportado en la quema de combustibles fósiles y en la desigualdad social.
Ahora bien, pese a la evidente comprensión que se percibe en sus intervenciones, un ejercicio de contraste con la acción gubernamental durante estos 12 meses nos muestra importantes limitaciones, por no decir contradicciones. Una mirada general a la Paz Total y a la reforma a la educación superior, dos de las políticas de este gobierno, advierte sobre ciertos asuntos.
La Paz Total
La ley del Plan Nacional de Desarrollo y la de la Paz Total (2272 de 2022) recogen los tres puntos neurálgicos del horizonte político del gobierno en este tema: el cumplimiento de los acuerdos de paz, la negociación con las insurgencias y las conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. La importancia de estos tres ejes para caminar hacia una justicia ambiental y social es indiscutible. Sin embargo, pese a este carácter nucleador, los avances son irrisorios.
Por ejemplo, el cumplimiento en la implementación del Acuerdo Final de Paz no presenta avances sustanciales. El mismo presidente Petro ha advertido sobre las dificultades en la titulación y formalización de las tierras. Quizá lo más preocupante sobre este tema es la falta de una hoja de ruta para la reorientación del proceso de implementación. Esta se explica, entre otras cosas, en que no se conoce la actualización del Plan Marco de Implementación (PMI) pese a lo mandatado en el PND.
Surtido un año, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) no ha dado a conocer la nueva estrategia para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este hecho advierte que se ha mantenido la concepción distorsionada/simulada que se construyó bajo el gobierno de Iván Duque. Este no es un dato menor, pues se trata del programa territorial más significativo para avanzar en un horizonte de justicia territorial.
Frente a los otros dos ejes, si bien se instaló la mesa de conversaciones con el ELN y se han dado a conocer algunas conversaciones con grupos criminales, existe poca claridad sobre el derrotero que seguirán estos procesos.
La reforma de la ley 30
En el discurso que acompañó las movilizaciones del 7 de junio, Gustavo Petro advirtió sobre la necesidad de volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó. Entre las dos reformas que anunció que se radicarían en la siguiente legislatura se encuentra la de la educación superior.
A partir de ese anuncio, el Ministerio de Educación inició un proceso de diálogo participativo que estuvo acompañado de las dificultades del tiempo y la improvisación. El 20 de julio se presentaron los dos borradores de proyectos de ley. El primero plantea la ley estatutaria para regular el derecho fundamental a la educación y el segundo propone las modificaciones del articulado de la ley 30 de 1992.
Aunque en las propuestas publicadas se destaca la importancia de garantizar el derecho fundamental a la educación, especialmente el de la educación superior, es preciso señalar que se trata de una “actualización de una vieja ley” que claramente no se ajusta a los desafíos que reclama la juventud del siglo XXI.
Son especialmente problemáticas tres falencias del gobierno sobre este asunto: la inexistencia de un horizonte de sentido para la educación y para su aporte a la construcción del proyecto de nación; la reducción del problema educativo a un asunto de acceso y cobertura; y el desconocimiento de una de las problemáticas más sentidas por las comunidades universitarias y la que ha ocupado el mayor espacio de movilización: las violencias sexuales y las desigualdades basadas en género, entre otros asuntos.
El presidente Gustavo Petro, en una entrevista con María Jimena Dussan, explicó las dificultades que ha atravesado su gobierno. El argumento principal giró en torno a dos asuntos: las rigideces y obstáculos derivados de los poderes de facto, los factores reales de poder, y la falta de un poder popular vigoroso que plantee los términos de un nuevo acuerdo nacional. Al decir del presidente, el poder popular posibilitaría cocer el acuerdo nacional que sostendrían las reformas del cambio.
Y si bien los dos asuntos advertidos por Petro son elementos sustanciales a la hora de impulsar las transformaciones, de dinamizar la lucha de clases, pues es cierto que una sociedad paquidérmica dificulta reclamar los cambios. En todo caso, existe una responsabilidad fundamental en el actual gobierno, y que pareciera que el presidente no logra aún situar.
