Por: Mauricio Jaramillo Jassir
Profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos
Se equivoca la prensa esquivando el tema del poder constituyente y centrando su interés en la Asamblea Constituyente y en una supuesta reelección que han dejado caer sobre la mesa algunos sectores que, aunque están en su derecho de exponerlo, no son representativos del progresismo. A la derecha interesada en satanizar la movilización (constante en las últimas décadas), le conviene sembrar la idea de que cualquier apuesta deliberativa con las bases, constituye un riesgo para las instituciones democráticas. Con un establecimiento temeroso por los cambios que podrían redundar en una redistribución que ponga en tela de juicio privilegios costosos en términos de justicia social, se seguirán escuchando en defensa de la Constitución del 91 para retrasar cualquier posibilidad de alteración de un modelo socio-económico con pasivos cada vez más inocultables. Dicen defender la carta magna, pero en realidad quieren preservar un sistema de privilegios que nos ha convertido en el país más desigual de la zona, a su vez más desigual del mundo (coeficiente de Gini de 0,54). Casi todos los países de la región que tuvieron gobiernos progresistas a comienzos de siglo experimentaron reducciones significativas en la concentración, mientras por esos años Colombia tuvo el gobierno más a la derecha post 91, enemigo de cualquier reivindicación social a la que se asimilaba como terrorista.
Ha hecho bien el Pacto Histórico en llamar al poder constituyente entendido como el que emana de la soberanía popular y que en los últimos años en el mundo se ha despreciado con la excusa de la defensa de la independencia de los poderes. El resultado es que, en nombre de las instituciones se ha terminado por desvalorizar el voto, como suele ocurrir en Europa donde la tecnocracia ha sido en buena medida responsable del avance furioso de la extrema derecha que ha capitalizado esta erosión del poder constituyente. La gente vota por políticos que, una vez en el poder, son absorbidos por un establecimiento intransigente que no está en disposición de tomar siquiera en cuenta el resultado de las urnas. En algunos contextos los comicios son un rito que no deriva en cambios profundos, sino que simplemente legitima gobiernos con un derrotero decidido por élites que no han sido elegidas y como agravante mayor, ni rinden cuentas. Se ha dicho hasta la saciedad, pero vale la pena repetirlo: la izquierda ganó las elecciones en 2022, pero no tiene el poder que aún concentra el establecimiento. Para transformar este orden social caduco que ha privilegiado a una minoría a expensas de un pueblo al que han despojado de dignidad y condiciones mínimas materiales, es urgente una fuerza viva que recuerde la promesa constitucional del 91.
Esta movilización constante debe descartar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para destrabar las reformas sociales que deben ser concertadas en el Congreso. ¿Por qué es tan relevante evitar plebiscitarlas e insistir en el trámite legislativo? Sencillo: a. para que tengan legitimidad futura y b. porque en caso de perder en las urnas con una derecha que comprobó no tener ningún amago de ética a la hora de desinformar (lo hizo en 2016 con la refrendación del Acuerdo de Paz) será difícil revivirlas en el corto y mediano plazo. Perder en una consulta significaría para la izquierda renunciar a un paquete de reformas que debe ser su derrotero presente y post 2026. Ahora bien, la movilización popular permanente no es indisociable de la vía legislativa pues se debe hacer presión sobre congresistas que han renunciado a su deber de controvertir y hoy sólo boicotean y con argucias esquivan la confrontación deliberativa.
La reelección no aparece en ninguna postura oficial, ni siquiera hay un solo ministro que esté contemplándola. No hay razones serias. Los medios le han dado toda la visibilidad a las declaraciones de Isabel Zuleta, pero han ignorado las aclaraciones de la mayoría aplastante de la izquierda que se opone férreamente. Interesa crear audiencia a como dé lugar, informar es sólo un objetivo subsidiario, pero no el principal. Confundir sobre la movilización para desincentivarla es una tarea tan profundamente antidemocrática como frecuente en medios hegemónicos.