Por: Sandra Mazo *
La planeación participativa no es un tema nuevo en Colombia, sin embargo, persiste un enorme desconocimiento acerca de sus contenidos, funciones, estructura y del sentido democrático y colectivo que la sustenta.
La máxima instancia de la planeación participativa está representada por el Consejo Nacional de Planeación (CNP), a nivel nacional y los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) a nivel municipal, departamental y distrital. Tienen un carácter consultivo y fueron creados por disposición constitucional, en el artículo 340 y regulados a través de las Leyes 152 de 1994 (sobre el plan de desarrollo) y la 388 de 1997 (sobre el ordenamiento territorial), y demás decretos y acuerdos que los reglamentan.
Estas instancias tienen por objeto garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas, en virtud del principio de la planeación participativa. Sin duda, son un actor clave en el proceso de desarrollo territorial, al ser instancias que representan a la sociedad civil en la planeación del desarrollo. Por lo tanto, quienes integran estas instancias son emisarios de los intereses de la comunidad en la construcción de la política pública y en el ejercicio del control social.
Tienen entre sus funciones, velar porque las necesidades, saberes, capacidades y realidades de la población se vean reflejadas en el ámbito de lo público e influyan en los programas, planes, proyectos, presupuestos y en las políticas que afectan a la ciudadanía en su conjunto. Por lo tanto, su papel está sustentado en un compromiso personal y colectivo para incidir por el desarrollo del territorio.
Pero, entonces, si es tan importante la planeación participativa, ¿por qué se conoce tan poco y qué pasa con la participación ciudadana en estas instancias?
Se dice que éste es un régimen democrático, de democracia participativa, pero la realidad es que la participación desafortunadamente se ha limitado al ejercicio de salir a votar en cada elección, y solo hasta ahora este avto se comienza a vislumbrar como un hecho racional y consciente mediante el que la ciudadanía entiende que puede agenciar cambios para su vida real.
De este modo, durante muchos años el pueblo y la ciudadanía han sido despojados de su propio poder, y así, la corrupción, el clientelismo y la violencia han aparecido como sucedáneos de la democracia participativa. La participación se vació de contenido y del poder decisorio y fue relegada por los nuevos generadores de opinión, los grandes medios de información, las redes sociales o se utiliza simplemente para cumplir con los requisitos de la normatividad; por lo cual, se instrumentalizaron los espacios de participación e incluso se quiso reemplazar la participación directa, presencial y organizada por la aparente participación virtual, anónima e individualizada.
De un tiempo para acá, la planeación participativa se ha querido imponer como un asunto meramente técnico y formal (normas), de personas “expertas” que deben decirle u “orientar” a las comunidades y poblaciones cómo deben decidir sobre su territorio y su propio destino. Incluso se ha usado la norma, la ley y la misma Constitución para restringirle a la gente sus propios derechos.
Lo más lamentable y preocupante es que se le dice a las comunidades y a la ciudadanía que participen, que asistan a cuanto evento se organiza, que llenen listas de asistencia, que voten en urnas virtuales, etc. Cuando en realidad las decisiones se toman desde el centro, desde las instancias que administran el poder político y público.
Ante este desolador panorama que nos ha dejado tanto escepticismo, se espera con gran expectativa que con este nuevo gobierno el panorama cambie y la participación retome su sentido genuino; existe la necesidad imperiosa y ojalá no sea tarde, de retomar la participación en su verdadero significado, devolverle el poder vinculante y decisorio, de entender que el pueblo y la ciudadanía tienen el poder de diseñar el futuro y barajar de nuevo para avanzar en una sociedad con derechos, con principios democráticos y pluralistas y con sentido histórico de integración respetuosa con todas las personas en sus diversidades y con el medio ambiente, más allá de los intereses hegemónicos construidos sobre el consumo, la discriminación, la violencia y el despojo.
Es hora entonces de darle un horizonte diferente a la participación ciudadana, para que entre otras cosas los propósitos de cambio, de igualdad, de justicia ambiental, de paz total, de seguridad humana, de justicia social, de convergencia regional, etc., puedan realizarse; pero más allá de ello, para que podamos salir de esta crisis, que no es sólo económica, política, ambiental y cultural sino integral y que pone en riesgo la existencia misma de la humanidad por la manera como se destruye la vida en aras de una acumulación irracional, un consumo desaforado y una naturalización de las desigualdades y discriminaciones que no mide consecuencias.
Y en este sentido, es fundamental “la profundización de la democracia y la ampliación de la participación ciudadana; el fortalecimiento del pluralismo, y por tanto, la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”, tal como está planteado en el actual acuerdo de paz.
Por lo tanto, lo esperable es que se aplique el carácter expansivo de la democracia, el que implica entre otros asuntos, fortalecer las instancias de participación, no limitarlas, y establecer un conjunto de disposiciones sobre los instrumentos que permitan una apertura democrática para la participación política y para reafirmar la importancia de la participación social.
De modo que pensar y actuar de manera coherente desde la planeación participativa supone planear el territorio de manera incluyente, implica poner en el centro a la ciudadanía. Por ello, las decisiones públicas tienen que tomarse en armonía con el ejercicio de derechos para todos y todas; pero la realidad nos muestra que la fuente de desigualdad tiene rostro humano y que se ensaña de manera más cruenta y particular con sectores poblacionales en razón de su pertenencia étnica, racial, su identidad de género, su orientación sexual, la situación sociocultural, económica, ideológica, sus creencias, su condición física o mental, el ciclo vital, la adscripción territorial, especialmente en lo rural, y aún más, por el hecho de ser mujeres, que somos más del 51% de la sociedad.
Aspectos que son precisamente los que en un Plan de Desarrollo con enfoque de igualdad y de derechos se ponen de presente como acción afirmativa prioritaria para disminuir las brechas de desigualdad y la construcción de políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos. Por lo tanto, en la planeación participativa y en la participación ciudadana, sin duda resulta esencial el enfoque de derechos, diferencial, territorial y de género, ya que los desafíos para eliminar la discriminación económica, política, social y cultural en nuestro territorio pasa también por reconocer las profundas desigualdades y la exclusión que desde las propias políticas públicas y las decisiones políticas se toman con respecto a las poblaciones históricamente discriminadas.
Por ello, pensar las cinco transformaciones planteadas en el actual Plan de Desarrollo, denominado “Colombia potencia mundial de la vida” requiere, sin duda, vincular de manera integral, transversal y comprometida el enfoque de género y de los derechos de las mujeres, que implica, entre otros asuntos, responder a esa mirada histórica que ha alimentado la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres, originada en la construcción de un modelo patriarcal y neoliberal que reproduce la discriminación y las violencias de múltiples y variadas formas. En tal sentido, es necesario observar y generar políticas claras y eficaces sobre la manera sistemática de cómo las mujeres participan e interactúan en los distintos ámbitos de la sociedad; revisar las estructuras y procesos socioculturales, institucionales, normativos y políticos que perpetúan patrones de desventaja hacia las mujeres y evaluar los diferentes impactos que tienen las intervenciones para el desarrollo en las mujeres y en sus diversidades y que les limitan el ejercicio pleno de su ciudadanía y la garantía de los derechos humanos fundamentales.
Por lo tanto, cabe también advertir que este enfoque no es un invento ni un capricho, tiene como referente las luchas y conquistas del movimiento feminista y de mujeres en todas sus diversidades por el reconocimiento de sus derechos; y está sustentado a través de los distintos tratados y convenciones internacionales, así como la normatividad nacional contemplada en la Constitución Política y en las leyes colombianas.
Una planeación participativa con enfoque de género y otros enfoques, respondería a las desigualdades de género en materia de acceso a ingresos propios, niveles de feminización de la pobreza, uso del tiempo y dedicación al trabajo remunerado y no remunerado, al miedo y a la inseguridad en la que especialmente las mujeres habitamos el campo y la ciudad, sin poder hacer uso del espacio público y del transporte, libres de violencias y acoso; pero también se impactaría sobre desigualdades creadas por la segregación socio espacial, por las altas tasas de violencia contra las mujeres y las niñas, la falta de representación política y por el deterioro ambiental, entre otros. (CEPAL 2017).
Por eso, si “el cambio es con las mujeres”, entonces esperamos ser voz y acción viva reconocida, legitimada y vinculante en esta apuesta democrática hacia la igualdad real, la vida digna, la paz total y los derechos.
* Coordinadora Católicas por el Derecho a Decidir – Colombia
