La promesa de que el escuadrón antidisturbios genere cambios, es la garantía que los sectores marginados de Colombia tienen para construir, desde la movilización social, el camino hacia un país democrático y en paz.
Por Carolina Jiménez Martín
El conflicto social se constituye en el dispositivo estratégico para impulsar y materializar las grandes transformaciones demandadas por la sociedad. Han sido las luchas del movimiento obrero y estudiantil, de las mujeres y colectivas feministas, de las organizaciones campesinas y étnicas, entre otras expresiones del movimiento social las que han logrado el reconocimiento y la materialización de los derechos laborales, sociales, étnicos, territoriales y de género, así como la producción de políticas sociales conducentes al mejoramiento de la vida en colectivo.
Lo anterior da cuenta del valor político del conflicto para construir sociedades más justas y democráticas y con condiciones de vida digna para todas, todos y todes. De ahí la importancia de generar condiciones efectivas para su despliegue.
En la última semana se ha abierto en el país un debate importante a propósito de los precipitados anuncios del nuevo director general de la Policía Nacional, el mayor general Henry Sanabria, referentes a la transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
La reforma del ESMAD pasaría por un nuevo enfoque en el que el uso de la fuerza sería el último recurso para la contención de las manifestaciones de la sociedad civil. Eso demarca la definición de dos dispositivos, el primero de acompañamiento y diálogo, y el segundo de intervención, que se articulan en torno a la nueva ‘Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública’. Se trataría de modificaciones en el enfoque de control y disuasión sin cambios referidos al uso de las armas no letales. Por tanto, podrían seguir siendo usadas las armas Venom, los gases lacrimógenos y el propulsor de agua.
Ahora bien, aunque no se conoce el documento que recogerá la propuesta de reforma al ESMAD, genera ruidos y desazón los ejes dados a conocer por el entrante director. En efecto, ante las alarmantes cifras de violación de DDHH a manos del ESMAD no resulta claro que la creación del dispositivo de acompañamiento y diálogo sea suficiente para crear una orientación que ha arrojado efectos letales para los y las manifestantes.
Según la campaña defender la libertad:
“Los efectos de las actuaciones violentas, arbitrarias e indiscriminadas desplegadas con sistematicidad por este cuerpo policial desde su creación en 1999 y hasta el año 2019 causaron la muerte de al menos 59 personas. En lo corrido del gobierno de Iván Duque la represión a la protesta social ha multiplicado las muertes de quienes reclaman en las calles, al punto que durante el año 2020 y solo hasta el mes de septiembre, la Campaña Defender la Libertad documentó 37 casos de muertes de personas asesinadas por la Policía y el Esmad en el marco de las protestas, a los que habría que añadir las 84 personas asesinadas en el marco de las protestas comenzadas el 28 de abril”[1].
También, se destaca la inoperatividad de las investigaciones judiciales. Según la organización TEMBLORES “de los 289 homicidios cometidos los últimos tres años, solamente se abrió la mitad del total de la investigación y de esa mitad —que es menos, el 44 %—, solamente ha habido dos condenas”[2], indicando así el alto nivel de impunidad.
Estos elementos dan cuenta de una fuerza que en la práctica se ha configurado como letal y que desde su concepción misional no genera garantías democráticas para el despliegue de la manifestación social y el legítimo derecho a ejercer la movilización y la protesta pacífica.
“Misión: Es la dependencia del Comando de Unidades Operativas Especiales, integrada por personal entrenado y capacitado, encargado del control de disturbios, multitudes, bloqueos acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, que se presenten en zona urbana o rural del territorio nacional, con la eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales, para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas”[3].
Y justamente la comprensión sobre el carácter antidemocrático de esta fuerza fue la que condujo a que el Pacto Histórico en campaña electoral tuviera entre sus propuestas acabar con el ESMAD.
Por todo lo anterior, y como una medida simbólica y de reparación individual y colectiva a las víctimas de esta fuerza, el nuevo gobierno, en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, deberían, por una parte, tomar la decisión política de acabar con el ESMAD y crear una nueva estructura organizativa al interior de la Policía Nacional, que con concepción civil y no militar genere condiciones de acompañamiento democrático a la movilización. Y por la otra, asumir con impulso el debate en torno a una ley estatutaria de garantías a la protesta y la movilización social en los términos establecidos en el punto 2 del Acuerdo Final de Paz.
Para caminar hacia la anhelada paz total necesitamos condiciones efectivas para las organizaciones y movimientos sociales. En el nuevo momento político, se necesita un movimiento social robusto capaz de acompañar, y demandar al gobierno el desarrollo de reformas que conlleven a la democratización social, política y económica que reclaman las amplias capas populares agobiadas por las injusticias sociales, económicas y territoriales.
[1] https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43036-el-escuadron-movil-antiderechos-y-la-supresion-violenta-de-la-protesta.html
[2] https://cerosetenta.uniandes.edu.co/reformas-al-esmad-lo-nuevo-lo-usado-y-lo-que-falta/
[3] https://www.policia.gov.co/especializados/antidisturbios