Por: Elmer Montaña
En medio del escándalo por la compra de televisores a 42 millones de pesos, que dio lugar a que se conocieran graves hechos de corrupción en las Empresas Municipales de Cali, su gerente Juan Diego Flores, realizó un contrato interadministrativo con Impretics por $3.159.000.000, que inmediatamente fue subcontratado con la empresa DCTS, por la suma de $2.445.555.247, es decir que, por la intermediación, la imprenta se echó al bolsillo $713.444.753. Esto ocurrió poco antes de que el mencionado gerente presentara su forzada renuncia.
¿Cómo es posible que teniendo los ojos de los medios de comunicación puestos encima Flores hubiera suscrito este torcido contrato con Impretics?
Antes de responder esta pregunta recordemos que, durante el gobierno de Dilian Francisca Toro, se llevó a cabo una reforma a los estatutos de la Imprenta Departamental del Valle del Cauca para ofrecer en el papel una enorme cantidad de servicios que van desde la impresión de la obra de algún bato criollo, hasta la construcción de edificios inteligentes.
La imprenta es una empresa muy pequeña, con escasos 16 funcionarios y varias decenas de contratistas, la mayoría abogados y comunicadores sociales, por ese motivo está en incapacidad de cumplir con las obligaciones que contrata con las entidades del Estado, mediante la modalidad directa de contratos y convenios interadministrativos, debiendo subcontratar con terceros para que finalmente cumplan con la obligación pactada.
Las partes que suscriben el contrato a sabiendas de que Impretics no tiene la capacidad, por sí misma, de cumplir con la obligación pactada, incurren en el delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales (art 410 del Código Penal). También se configura el delito de Peculado a Favor de Terceros (Art 397 id), debido al detrimento que se produce por el pago de la indebida intermediación, que va entre el 5 y el 10 por ciento del contrato.
Esta torcida forma de contratar fue astutamente diseñada por conocedores del derecho contractual, quienes hicieron uso de la ley para darle apariencia de legalidad a los convenios y contratos interadministrativos, engañando de paso a la comunidad, así como a los órganos de control e investigación.
Lo cierto es que desde 2018, Impretics ha realizado contratos de esta índole con entidades públicas en todo el país, todos ellos ilegales, convirtiéndose en una verdadera empresa criminal, que sigue operando a la luz del día sin ningún control. Es como los expendios de droga que todo el mundo sabe donde funcionan, menos las autoridades.
Volviendo a la pregunta, me atrevo a decir que los corruptos actúan así porque pueden, porque saben a qué atenerse, porque no le tienen miedo a la exposición pública o mediática y en cuanto a la justicia saben que es demasiado lenta, torpe, ineficaz y proclive a la corrupción.
Los medios de comunicación siguen jugando un papel importante en la lucha contra la corrupción, pero es preciso que reconozcan que los corruptos ya no le temen a la denuncia pública y que en la mayoría de los casos se limitan a guardar silencio a la espera de que el escándalo desaparezca.
Esto se debe en buena parte a que las denuncias públicas inician y terminan en el medio que primero las difunde, eso les hace perder fuerza. Siguiendo el ejemplo de La Liga Contra el Silencio, los medios de comunicación deberían actuar de manera coordinada, dejando a un lado el celo por la chiva, haciendo eco, a una sola voz, de los casos graves de corrupción e interpelando a las autoridades sobre el resultado de las investigaciones.
Quienes integran las redes criminales dedicadas a la corrupción en el Estado, entienden que viajan en un carro Formula 1, mientras que la justicia los persigue en bicicleta y la sociedad anda a pie. Se sienten imbatibles e inalcanzables y lo son.
La justicia colombiana, especialmente la fiscalía y la procuraduría, dejaron de cumplir la función de combatir la corrupción, para ser usadas como instrumentos de persecución política. El fiscal y la procuradora miran para el lado que les conviene a quienes los pusieron en los cargos y durante el gobierno de Duque se comportaron como obedientes lacayos del régimen.
Estos funcionarios, al igual que el anterior contralor, son culpables del avance incontrolable de la corrupción en nuestro país y de los daños que esto ha ocasionado a nuestra sociedad. (En cuanto al nuevo Contralor General de la República, debemos reconocer el empeño que ha puesto en asumir las denuncias por corrupción, parece que soplan vientos de justicia por esos lares.)
Lamentablemente, el diseño constitucional y legal que existe en Colombia impide, en la práctica, que funcionarios de este nivel respondan política, penal y disciplinariamente. La Constitución del 91 dispuso que estos funcionarios deben ser investigados por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, que debido a su naturaleza política deja a un lado la justicia para decidir de acuerdo con la coyuntura y los intereses de los partidos y movimientos políticos que la integran.
Por tratarse de funcionarios que no son elegidos mediante el voto popular, la investigación y juzgamiento de los mismos debería estar a cargo de la Corte Suprema de Justicia, pero se mantiene un mecanismo a todas luces inoperante, que solo sirve para que los congresistas disfruten de la torta burocrática en esas entidades. Esto explica las cuotas que tienen los políticos en las nóminas de la fiscalía, la contraloría y la procuraduría.
¿Qué hacer entonces?
Ante la manifiesta inoperancia y desidia del sistema de justicia para hacer frente a la corrupción tenemos una sola opción: la movilización ciudadana, entendida como el control que debemos ejercer los ciudadanos respecto de las actuaciones de los servidores públicos. En este sentido, la ciudadanía informada debe exigir a los servidores de la justicia, por todos los medios que ofrece la democracia, incluyendo la protesta pacífica, el cumplimiento de sus funciones de manera eficaz, especialmente en contra de las estructuras criminales de la corrupción. La ciudadanía, las veedurías, los gestores políticos y sociales debemos hacer un llamado urgente a los gobiernos que financian el sistema judicial colombiano, para que en el marco de los convenios suscritos con los órganos de justicia, les exijan informes sobre los avances en la lucha contra la corrupción.
Finalmente, el Congreso de la República debe legislar poniendo fin a los contratos y convenios interadministrativos, convertidos en los agujeros negros de la corrupción estatal. En la hora actual, varias entidades del Estado, incluyendo la Fundación Universidad del Valle, el Fondo Mixto, la EMRU, siguieron el mismo ejemplo de Impretics, reformando sus estatutos para contratar de manera irregular. La corrupción además de veloz y astuta contagia como el más poderoso virus y se apodera inclemente del Estado en los territorios. El remedio lo tenemos los ciudadanos.
