Por: Elmer Montaña
Durante el Paro Nacional del 2021 las principales instituciones del Estado tomaron partido a favor de las decisiones del gobierno de Iván Duque y tendieron a reprimir las manifestaciones en todo el país.
El Congreso y la Rama Judicial respaldaron al ejecutivo, principalmente guardando silencio respecto de las graves e inocultables violaciones a los derechos humanos y avalando las decisiones del fiscal general, quien, sin ningún rubor, instaló una fiscalía política y orientó a los fiscales para que imputaran la mayor cantidad de delitos a las personas capturadas durante las protestas, con el propósito de obligar a los jueces de control de garantías a imponerles medida de aseguramiento de detención preventiva y dio instrucciones a la policía judicial para que decomisaran los vehículos utilizados en la obstrucción de las vías y se iniciaran procesos de extinción de dominio.
La posición del Congreso de la República, compuesto en aquel entonces de mayorías gobiernistas, es comprensible, aunque debemos destacar las posturas de senadores y representantes a la Cámara que no solo justificaron las atrocidades que estaba cometiendo la policía, sino que las exacerbaron y alentaron la conformación de grupos paramilitares con el propósito de atacar a los manifestantes, tal y como ocurrió en Cali con los “camisas blancas”, también autodenominados “gente de bien”, liderados por el representante Christian Garcés.
La dignidad humana, la vida, la libertad, la paz y la democracia perdieron valor para los representantes de la institucionalidad que mostraron su lado oscuro y tenebroso en defensa del orden. La sangre de los manifestantes fue considerada como el tributo necesario para encausar el país por los senderos de la legalidad. El racismo latente en la sociedad se acompasó con el clasismo, generando un discurso de odio que aún se percibe en el ambiente.
Para los perfumados defensores del establecimiento es inaceptable que jóvenes, negros e indígenas, hubieran arrodillado al gobierno obligándolo a renunciar a sus más importantes reformas. Por primera vez tuvieron miedo de los nadie y las nadie.
La oligarquía y la clase política recibieron una bofetada que laceró sus sentimientos de superioridad y que todavía les arde. Sabíamos que en respuesta no pondrían la otra mejilla ni harían una reflexión sobre las causas del Estallido Social. Cobrarían venganza y dejarían claro que no permitirían otro estallido con pretensiones emancipadoras de la miseria y la explotación.
El fascismo criollo, alimentado con la ideología supremacista que difundió Trump, se preparó para un regreso apoteósico, pero era necesario que triunfara Rodolfo Hernández y destruyera el sueño nostálgico de reconstruir el concepto de comunidad integrado por nuevas ciudadanías que Petro estaba compartiendo.
Con el triunfo de Petro la sólida posibilidad de una arremetida contra los promotores de la protesta social quedó disuelta en el aire. Pero les quedaba un premio de consolación: los jóvenes privados de la libertad durante las protestas. La condena a 14 años de prisión proferida contra alias 19, uno de los dirigentes de la Primera Línea en Bogotá, llenó de júbilo a la derecha ansiosa de “justicia”.
Mientras tanto los familiares de las personas asesinadas durante las protestas se niegan a aceptar la verdad que impusieron los victimarios, según la cual los manifestantes se mataban entre sí, enloquecidos por el alcohol y las drogas.
La derecha sabe que perdió las elecciones, pero no el poder. Por eso finca sus esperanzas en la fiscalía política y en un sector de la judicatura que, código en mano, predica artículos e incisos para condenar anticipadamente a los nadie que cayeron en las pescas milagrosas que realizó la policía judicial.
Con voz cavernosa, un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, esputó argumentos de elevada factura jurídica y poca reflexión contra la propuesta de Petro de nombrar Gestores de Paz a los muchachos privados de la libertad durante las protestas. Como suele suceder con las mentes sinuosas, en medio de la opinión lanzó una afirmación genérica refiriéndose a los posibles beneficiados con la medida: “…ellos son delincuentes comunes, hasta este momento”. Salta a la vista que el togado entiende al revés la presunción de inocencia porque mientras los procesados no sean declarados penalmente responsables no pueden ser considerados delincuentes comunes.
Este funcionario que devenga un sueldo por sus conocimientos en el derecho penal debe conocer que el Código de Procedimiento Penal expresamente señala que “no se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable”. En la era de las falsas noticias y la posverdad la ley no obliga a quienes la aplican.
En más de una decena de procesos penales que he intervenido, defendiendo a jóvenes que hicieron parte de lo que se conoce como Primera Línea el denominador común es que se trata de falsos positivos. Todos mis clientes están libres pero el conocimiento directo sobre la forma en que la fiscalía política construyó los casos me obliga levantar la voz.
Mientras algunos juristas digieren el decreto del gobierno buscando en los incisos fracturas que permitan demostrar la falta de coherencia del articulado con el propósito de dejar sin piso legal la excarcelación de “estos peligrosos delincuentes”, la derecha impiadosa enarbola las banderas del Estado de Derecho, ese que nunca ha funcionado para quienes condenados a la miseria y el olvido se atrevieron a turbar el sueño de los poderosos.
