Por: Carolina Jiménez Martín*
La declaración del canciller Álvaro Leyva desde Cuba frente al interés del Gobierno Nacional de reanudar los diálogos de paz con el ELN y el mensaje enviado por Otoniel, máximo jefe del clan del golfo, frente al cese de las actividades armadas contra la fuerza pública y la búsqueda de un Acuerdo de Paz con la administración de Gustavo Petro, se constituyen en anuncios importantes para avanzar en los caminos hacia la paz total.
En efecto, lograr un proceso de paz con la insurgencia del ELN y diseñar una estrategia de acogimiento con el Clan del golfo y otras estructuras armadas, resulta fundamental para quebrar algunos de los soportes de las geografías de la guerra, que, si bien no son nuevas, se han modificado en el último lustro tras lo acordado en la Habana.
Ahora bien, el proceso desplegado tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, ha permitido construir elaboraciones mucho más complejas sobre la importancia, pero la insuficiencia, del fin del conflicto armado para quebrar los factores generadores de la guerra en Colombia. Al respecto son bien ilustrativas las reflexiones propuestas por varios de los comisionados históricos del conflicto.
De ahí, que en esta búsqueda de la paz total un camino determinante es recuperar la importancia estratégica del Acuerdo de Paz bajo un nuevo contexto social y político, no solo a nivel nacional, sino global.
Esto implica, por una parte, darle un curso efectivo a la implementación, en los términos acordados; curso que se empezó a desperfilar bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, en tanto desfinanció el proceso (irrisorios 129.5 billones para el total del PMI) y aumentó sensiblemente los plazos de la implementación (pasó de 10 a 15 años); y que bajo el Gobierno de Iván Duque fue torpedeado y atracado (las perversas hojas de ruta de los PDET y el robo a los recursos de la paz son ilustrativos de estas cuestiones).
Y por la otra, situar y priorizar, bajo las nuevas circunstancias, los programas y políticas estratégicas acordadas. Esto pasa, entre otras cosas, por revisar la conformación territorial de las regiones PDET; durante estos años las comunidades y organizaciones sociales han advertido sobre los problemas que acarrea la exclusión de varios municipios de estas regiones, así como la urgencia de crear unas nuevas subregiones. También, resulta prioritario garantizar traslapes efectivos entre municipios PDET y PNIS; una adecuación del catastro multipropósito, con las debidas sinergias con los planes del ordenamiento social de la propiedad; y el aceleramiento, con criterios efectivos de democratización, de la titulación de las tierras registradas en el fondo creado para estos propósitos.
Todos estos elementos deben situarse desde una imaginación espacial que permita transitar hacia unas geografías de la paz y una justicia territorial. Esto supone, entre otras cosas, transformar las prácticas y configuraciones espaciales existentes y darle cabida a unas prácticas comunitarias y valores comunales que organizan el territorio de otra manera. Las comunidades que han padecido de manera directa la guerra tienen las claves para caminar hacia esas geografías de la paz, de ahí el valor estratégico que se puede abrir con los diálogos regionales anunciados por el gobierno nacional.
Si bien, los caminos perfilados, en estas dos semanas del gobierno de Gustavo Petro, hacia la paz total son significativos, se debe llamar la atención frente al desconocimiento de la estrategia que se asumirá para recuperar y situar el Acuerdo de Paz de la Habana en esta coyuntura. Una política acertada para implementar lo acordado, atendiendo a las nuevas circunstancias, será estratégico para lo que se pueda lograr en una mesa con el ELN y con las rutas de acogimiento con otros actores armados.
La esperanza de transitar de la paz negada a la paz total está en los corazones de millones de hombres y mujeres y encuentran en la recuperación efectiva del Acuerdo Final un camino claro para su materialización.
* Profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del Comité Directivo de CLACSO. Doctora en estudios latinoamericanos.
