Por: Carolina Jiménez Martín[1]
El siglo XXI abrió un nuevo momento político en la región, el triunfo de gobiernos críticos al neoliberalismo marcó un cambio importante en la trayectoria sociopolítica de las tres últimas décadas. Sin embargo, surtidas dos décadas de iniciado el proceso, los balances elaborados advierten sobre los límites de estas experiencias para impulsar transformaciones profundas al orden social vigente.
Los acontecimientos recientes en los países donde la conducción política recae sobre gobiernos progresistas de segunda y tercera generación también parecerían alertar sobre su incapacidad transformadora. Los procesos que se viven en Chile con Gabriel Boric y Argentina con Alberto Fernández son ilustrativos de estas cuestiones.
La derrota del Apruebo en Chile expresa, por un lado, el fortalecimiento de ciertas tendencias neoconservadoras, y por otro, el desencanto de algunos sectores populares y expresiones del movimiento social con la conducción política en curso.
Se han planteado diversos análisis que explicarían el estruendoso resultado del 62% que votó por el rechazo y el 38% por el apruebo. Ciertamente, los más precisos proponen situar la reflexión desde el origen mismo de la Convención Constitucional regulada por la neutralizadora ley 21200 de 2019. En efecto, se problematiza el carácter constitucional y no constituyente del espacio; la regla del quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio; la irreformabilidad de los tratados internacionales y las sentencias judiciales en firme; así como el sometimiento a un plebiscito. Elementos dispuestos a contener la potencia rebelde desplegada en el 18-O y a otorgar capacidad política de veto a la derecha y la concertación.
Posteriormente, la conducción política del gobierno de Gabriel Boric soportada en un manejo represivo del movimiento popular, en una clara lucha desigual de los estudiantes de secundaria y del pueblo mapuche contra la fuerza letal de los carabineros; así como una agenda política débil para atender los reclamos más sentidos de las capas populares, fuerza vital del movimiento del 18-O, explican el voto de castigo político expresado en el rechazo.
Atendiendo a estos asuntos el historiador chileno Sergio Grez propone leer los resultados desde una perspectiva de clase, y se podría agregar con enfoque territorial, pues se destacan las altas tazas de rechazo en las clases trabajadoras ubicadas en los dos quintiles más bajos y en las regiones con importante presencia del pueblo mapuche como es la Araucanía, o zonas donde la lucha ambiental es nuclear.
Pese a los elementos socio-políticos que explican la derrota electoral en el plebiscito. El presidente Boric tomó un camino que franquea aún más las posibilidades transformadoras y que se constituyen de facto en un desprecio por la agenda social del 18-O. Los anuncios de cambio de gabinete, en el cual se fortalecen tendencias de centro y derecha con el espacio dado a la concertación, resultan a todas luces desconcertantes.
El caso argentino no se distancia de esta orientación. El gobierno de Alberto Fernández no genera causes efectivos para alivianar los padecimientos sociales. Por el contrario, el acuerdo con el FMI, y las medidas de austeridad impulsadas por el súper ministro Sergio Massa, generan un escenario desolador para las capas populares.
Estas medidas son lideradas por un gobierno que se eligió con una agenda “progresista” y que en el marco de su campaña electoral fue enfático en señalar que la onerosa deuda con el FMI no podría sobreponerse a los intereses de la sociedad.
Lo acontecido en Chile y Argentina es ilustrativo de los limites de los gobiernos progresistas y genera aprendizajes que deberían reflexionarse, tanto desde el movimiento popular colombiano, como desde el proceso político liderado por Gustavo Petro.
Los desafíos sociales del gobierno del Pacto Histórico son enormes y sobre éstos recaen las ilusiones y aspiraciones populares. El riesgo de una frustración puede golpear de modo importante las configuraciones disruptivas en curso. De ahí que resulte fundamental la existencia de un movimiento social robusto y fortalecido que mantenga su autonomía, que esté atento y reclamando el cumplimiento de los principios programáticos bajo los cuales fueron electos Petro y Francia y que siga caminando en la construcción y fortalecimiento del poder desde abajo. De no poder caminar en esa dirección se constituiría en una gran pérdida del acumulado de luchas y energías rebeldes que se han desplegado con fuerza en el último lustro.
[1] Profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia
