Por: Aiden Salgado Cassiani
Profesor, líder palenquero y activista.
Miembro del CONAFRO, del CEUNA y CENPAZ.
La asistencia del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, al Pacífico colombiano –una de las zonas más olvidadas del país– fue reconocido como un hecho histórico. Un acto sin antecedente en la vida patria fue que, entre los días 22 y 27 de enero, el gobierno se desplazó a gobernar desde ese territorio. Los lugares donde realizó el ejercicio de escuchar a las comunidades, junto a sus autoridades tradicionales fueron: Tumaco, Barbacoas y El Charco –en Nariño–, López de Micay, Timbiquí y Guapi –en el Cauca– y Quibdó e Istmina –en el Chocó–, durante siete días gobernó en cada uno de ellos como en el Palacio de Nariño.
Estos lugares fueron propicios para exponer reflexiones con las que el gobierno y su equipo de trabajo conocieron y vivieron en carne propia la realidad de las comunidades, lo que hizo que los habitantes de estos territorios, a quienes el Estado debe serles benefactor, se sintieran por primera vez colombianos, con igualdad de derechos. No podía ser diferente, ya que los moradores del Pacífico también votaron para elegir a los que hoy representan la máxima signatura del Estado colombiano.
En esos días de gobierno con el pueblo, el presidente, vicepresidenta y ministros pudieron conocer de primera mano las necesidades que a diario viven estas comunidades: se dieron cuenta de lo que es realmente el abandono del Estado, la realidad de un racismo estructural, las secuelas del sistema esclavista, el colonialismo y la exclusión. Escucharon en la voz propia de sus habitantes los reclamos, quejas, preocupaciones y propuestas sobre las múltiples problemáticas que los convierte en una de las poblaciones con más necesidades básicas insatisfechas del país; situaciones que van desde un simple computador, tablero, sillas, bibliotecas e internet en una escuela, hasta las graves realidades de violación de derechos humanos, con secuestros, asesinatos, confinamiento, extorsión, desplazamiento, entre otras, pasando por la corrupción, el desempleo, el problema de los centros de salud, las comunicaciones y el más reciente: la pobre infraestructura vial.
Ante esta realidad, la reacción del gobierno no pudo ser de otra manera: asumió la responsabilidad de otros gobiernos, que son los principales responsables de la situación de pobreza del Pacifico colombiano por acción u omisión. El gobierno del cambio, en ese sentido, manifestó el compromiso de hacer realidad las promesas de campaña relacionadas con trabajar por cambiar de forma positiva las condiciones de vida para los habitantes del Pacífico colombiano. Además, el presidente reconoció el atraso que tienen estos territorios en lo que va de su gobierno, en el cual ha hecho falta hacer mucho más, de ahí los llamados de atención a sus funcionarios delante de las y los asistentes. En todo caso, el propósito de este viaje fue, según el resumen ejecutivo que se dio a conocer, el de “transformar el territorio, construir una nueva economía, ofrecer oportunidades de vida digna a las comunidades y avanzar en la Paz Total”.
Para que lo anterior se haga realidad, el presidente Petro mencionó la necesidad de que el “Plan de Transformación del Territorio del Litoral Pacífico del Gobierno del Cambio se conciba como documento del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) territoriales para que sean vinculantes”.
Así mismo se pusieron de manifiesto los anuncios de grandes inversiones presupuestales que realizó el gobierno, que por ahora superan los dos billones de pesos. Estos recursos serán utilizados en diferentes acciones: infraestructura, educación y salud, entre otros. En construcción, por ejemplo, el gobierno anunció junto a su equipo y diferentes autoridades y líderes locales que habrá un mejoramiento o adecuación de más de 28 acueductos municipales, 10 hospitales, 15 colegios y 5 universidades.
Ahora bien, después de este ejercicio de democracia directa, participativa y representativa del gobierno del cambio, es necesario realizar acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados en estos territorios para que no queden en anuncios o para que los recursos no se pierdan o lleguen a ser administrados por la misma clase corrupta, que también es responsable de la miseria del Pacífico colombiano. Creo pertinentes las siguientes medidas:
- El gobierno, la comunidad y las autoridades locales deben constituir veedurías que se encarguen de hacer seguimiento a todos los recursos que se destinarán para mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes del Pacífico.
- Cada ministerio con responsabilidad relevante en los programas y proyectos de inversión debería tener en su dependencia un doliente que haga seguimiento a sus obligaciones, para que los anuncios y compromisos que los vinculan se cumplan con la celeridad, responsabilidad y seriedad del caso.
- Debe existir una articulación entre autoridades comunitarias y gobiernos locales, municipales y departamentales con las diferentes carteras del gobierno nacional con responsabilidad en las tareas y compromisos del mismo.
- Los entes de control locales y nacionales deben trabajar de forma articulada, con vigilancia permanente para que los recursos sean utilizados para los fines pertinentes, según los anuncios y compromisos del gobierno nacional. Los recursos no se pueden perder.
- En especial, los planes de desarrollo de los lugares que visitó el gobierno y a los que les designó inversiones con acciones específicas deben incorporar estas acciones, para que sean obligaciones de sus periodos de gobierno.
Y, por último, para cada uno de los compromisos y anuncios hay que elaborar un cronograma, el cual debe ser conocido por la comunidad para que esté informada de primera mano: dónde, cuándo, cuánto y cómo se van invertir los recursos en cada obra o acción. Se requiere una especie de presupuesto participativo de las y los habitantes de cada territorio.
Desde el palenque, un cimarrón.
