Por: Estefanía Ciro
La Unidad de Investigación y Acusación, (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presentó su evaluación del impacto del decreto 2656 de 2022 y los compromisos contemplados en protocolos de cese al fuego suscrito por las partes. Dicho equipo comparó los meses de enero a abril del 2023 con los años previos. Las conclusiones dicen que desde que se implementó el decreto, menos miembros de la Fuerza Pública fueron heridos o muertos en comparación al año pasado y disminuyeron un 48% los incidentes armados entre la fuerza pública y grupos armados.
Los resultados son menos positivos frente a la afectación a la vida e integridad física de la población civil. Sobre los ataques a misiones médicas y humanitarias, el documento no es claro; dice que el 2022 fue el año donde más ataques hubo, pero no dice si aumentaron o no en estos meses del 2023 comparado con el año pasado. Tampoco es correcto afirmar que hubo un alivio humanitario en la vida de los civiles, no tuvo impacto en el comportamiento del Clan del Golfo y fue “levemente positivo” en los casos de la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Por el contrario, hay una alerta por el aumento de casos de vinculación forzada de niños, niñas y adolescentes en los primeros cuatro meses de este año. Adicionalmente se reportaron patrullajes visibles de los actores armados, principalmente del Estado Mayor Central, del Clan del Golfo y del ELN. El informe no muestra el cambio en este aspecto entre el año pasado y este[1].
Estos resultados controvierten lo que se ha dicho: que este cese es obligatorio para aliviar el conflicto en el país. Es más, sus impactos deben verse con pinzas y nos exige mejores protocolos, decretos y mecanismos de monitoreo; por ejemplo, paradójicamente el Estado Mayor Central, grupo que firmó el documento con el gobierno, fue uno de los que más incidentes de violación reportó. Además, una cosa es valorar el impacto del decreto con los demás grupos y otra cosa los protocolos de cese, los mismos que el gobierno apenas está construyendo (como afirmó el abogado del Clan del Golfo) o ni siquiera están en discusión como ocurre con la Segunda Marquetalia. Al final de cuentas, el único que suscribió este cese fue unilateralmente el gobierno de Gustavo Petro.
Esto trajo sus propias consecuencias; lo que viene ocurriendo en la cordillera en el norte del Caquetá tiene que ver directamente con las decisiones de esta oficina en torno a la paz total.
Esta región está compuesta por una red de montañas inmensa que conecta el departamento con el Huila; llena de población, de filos, de veredas y de Juntas de Acción Comunal. Por mucho tiempo fue el camino de la Columna Móvil de la Teófilo Forero y del Frente 3 del Bloque Sur de las FARC- EP. En esta región se constituyó la primera zona de reserva campesina del país en 1997, la de la Asociación Municipal de Colonos del Pato – AMCOP-, está en proceso la unificación con la Asociación Ambiental del Bajo Pato – ASABP- y otras organizaciones importantes en las cuales se identifican muchos campesinos como la Asociación Agroambiental Campesina y Gremial de Guacamayas Participativa – ACSOGP-. Al lado de estas, entre San Vicente y Florencia se invocó la creación de la zona de reserva campesina de Asociación Campesina de la cordillera de Montañita, Florencia, Paujil y Doncello – ACOMFLOPAD-. Todos quienes han visitado el Caquetá pueden ubicar esta área fácilmente, es toda la muralla de montaña que es paralela a la carretera marginal de la selva.
El gobierno con el documento del cese al fuego y con la Ley de Paz Total cometió dos errores. Por un lado, promover la expansión de la disidencia de Iván Losada. El documento de cese firmado ponía al EMC- FARC en una disyuntiva, dejarse “marcar” en las áreas que ocupan o romper el cese al entender que no tenían los corredores consolidados, uno de ellos puede llegar hasta el Sumapaz. Esto significaba transgredir un límite invisible que se había trazado entre las dinámicas del conflicto del “plan” (del Yari) y la cordillera entre comandantes de los grupos pos-acuerdo. Hasta hace unas semanas, la cordillera norte del Caquetá era una región relativamente tranquila y las comunidades habían logrado con esfuerzos y limitaciones su auto regulación; el estancamiento de la Segunda Marquetalia les había permitido ejercer soberana y autónomamente cada vez con más fuerza sus gobernanzas campesinas. No obstante, la latencia de la expansión del EMC-FARC desde el Yarí era una preocupación latente hasta que ocurrió hace unas semanas cuando empezaron los patrullajes y asesinatos. Ahora se escuchan voces diciendo que la cordillera está llena de ladrones y “viciosos” y que es necesario ponerle orden.
La segunda consecuencia del cese y de la ley de paz total es promover la pelea violenta por las bases sociales y territorios. Esa dicotomía entre quiénes son los narcos y quiénes los políticos es una ficción que está cobrando vidas. Para entrar en el estatus político los grupos armados tenían que “juntar gente”, hacer “eventos”, ponerlos en tarimas; la población no tiene la culpa. Así se podía entonces probar que se tenía “control territorial”, organizaciones y una propuesta política. Todos corrieron a extenderse y por eso tuvimos la pelea por contar campesinos: al presidente se le abría la boca diciendo que 7.000 campesinos pelearon en Los Pozos (falso) y después las periodistas contando 10.000 en el Yarí (falso). Ahora los periodistas saldrán a buscar entrevistas para decir que lo que ocurre en la cordillera del Caquetá es una pelea entre iguales y no. La población rural debe quedar desahogada de los emprendimientos armados y lo que debemos hacer es defender sus autonomías, las que están en riesgo bajo la expansión armada de todos los actores.
Los liderazgos de El Pato, una región emblemática en la historia del país, esperaron mucho para recibir la atención del gobierno y de los medios de comunicación. Es el momento de parar y hacer un balance. El asesinato de los jóvenes en El Estrecho- Caquetá por parte del EMC de las FARC no es una simple violación a un cese, es un llamado a plantear cuál es el horizonte de la paz total y eso no significa ser “enemigo del gobierno del cambio” ni recibir dinero como desde algunos funcionarios de la oficina de Paz se plantea en redes sociales, sin distinción, ni entender el impacto de sus palabras en las regiones.
Pero los liderazgos campesinos son firmes y claros, a pesar de que los funcionarios no lo son. Desde el sábado 13 de mayo, los líderes de las organizaciones de la cordillera del Caquetá se han pronunciado en dos comunicados. Uno relata cómo desde abril se han comunicado con la oficina del Alto Comisionado de Paz quien prometió tomar las medidas pertinentes. Frente a estos últimos hechos, la oficina del Alto Comisionado organizó con enlaces indirectos una caravana humanitaria para Guayabal, donde los líderes recibieron a organismos internacionales y al enviado de gobierno para llegar a unos compromisos. Uno de los acuerdos más importantes fue constituir el primer piloto de región paz (art. 7 de la ley 2272 de 2022) en la cordillera del Caquetá. La gente en medio de amenazas, saboteos e incomprensiones desde Bogotá le está dando contenido a la paz total digna del gobierno de Gustavo Petro, lo que los funcionarios no logran aún.
Una campesina de El Pato hace dos fines de semana me preguntó con preocupación desde una esquina, escondida y susurrando por qué Gustavo Petro no los escuchaba y no pude responderle. Me compartió su percepción: que Danilo no escucha, puede que no le esté diciendo la verdad al presidente- dijo- pero ella estaba segura de que, si Petro escuchara directamente la voz de la gente, sí los atendería. Me dijo que lo buscara y le dijera - pero ni modo, imposible- y yo solo pienso en la imagen de un presidente desconectado, aislado y desinformado. Yo transmito sus palabras exactas dictadas por ella hacia mí:
“En los paros que se hicieron, el Pato puso el orden en el territorio. Hoy en día el Pato pone el orden y el Gobierno le da la espalda. Si el gobierno no escucha se va a hundir, porque el pueblo se va a levantar”.
No creo que haya malas intenciones en Danilo Rueda, pero sí creo que su oficina es un campo de batalla donde todos los actores armados están jugando sus cartas. La guerra en Colombia fue también la guerra del chisme, del señalamiento, del oportunismo y de la competencia de quién es más legítimo que el otro; a quienes sabotean la paz total les sirve instalar dentro de esta oficina la competencia, la narrativa del otro como “enemigo”, del que denuncia como “el que está pago”, del que exige como “atenta contra el gobierno del cambio”. Si no es capaz de ponerse por encima de esto, los principales golpes a la paz total van a darse desde adentro- como ya está ocurriendo-.
[1]https://www.jep.gov.co/JEP/documents1/Informe%20evaluación%20del%20impacto%20del%20cese%20al%20fuego.pdf
