¡Es la marihuana, estúpido!: violencia y mercado en la paz total
Por: Estefanía Ciro
Se ha debatido entre columnistas, investigadores y abogados si la paz total del gobierno de Gustavo Petro puede o no depender de la regulación del cannabis de uso adulto o de la cocaína, es decir, si las agendas de negociación con los diversos actores debe involucrar una discusión nacional sobre cómo transitar de rentas en economías ilegalizadas a legalizadas. La regulación del cannabis de uso adulto es un buen ejemplo para entender que esta toca directamente el desenlace del conflicto armado en el país y viceversa, lo que ocurra en la paz total intersecta directamente las dinámicas económicas de la producción del cannabis de uso adulto en el país.
El énfasis en la discusión política y académica para este cruce entre conflicto y economías ilegalizadas se la ha llevado la regulación de la coca y la cocaína. Por el contrario, el debate legislativo sobre legalización/regulación se ha adelantado - en buena hora- en el cannabis de uso adulto en el Congreso de la República. No obstante, a pesar de pasar como un mercado ajeno a las dinámicas del conflicto, es parte central del proceso de expansión y reconfiguración de la violencia en el país después de las negociaciones y los acuerdos de paz con las FARC-EP entre 2012 y 2016.
Los usuarios de sustancias psicoactivas en el mundo pasaron de 240 millones en 2011 a 296 millones en 2021 (el 5.8 % de la población global entre 15-64 años, un aumento del 23% según la UNODC) y de estas, el cannabis es la sustancia psicoactiva más consumida llegando a los 219 millones de usuarios en 2021. Este mercado se reparte en productores al menos en 190 países del mundo. A diferencia de la coca, la producción de cannabis no está concentrada en pocos países sino que se extiende por el planeta y además ha venido transitando un proceso de legalización - con múltiples formas de regulación legal- principalmente en el primer mundo.
Desde los 90´s, el cannabis que se consume ha incrementado sus niveles de THC, que es el principal compuesto psicoactivo del producto. En Colombia se reportó un cambio importante en el mercado; desde el 2011, apareció una alteración genéticamente modificada en una semilla con mayores niveles de THC denominada “creepy” en nuestro país (UNODC). A pesar de que con la marihuana ha ocurrido un cambio de imagen, presentada en los informes oficiales nacionales e internacionales más conectada a las preocupaciones sobre los procesos de legalización en el mundo y sus efectos, y menos a las dinámicas de violencia, el debate sobre cuál es el impacto de la regulación del cannabis de uso adulto en el conflicto en varias regiones del país es ineludible.
Las plantas se auto cultivan en las ciudades y sus alrededores o en invernaderos urbanos, pero principalmente Colombia tiene un escenario sui generis de producción ubicado en cinco municipios del norte del Cauca. Allí, en malos tiempos, la libra de marihuana producida del norte del Cauca está a 50 mil pesos, llega a 90 mil y en momentos de boom puede llegar a más de 150 mil, y es vendida en el mercado local según los productores entre 500 y 1 millón de pesos en las ciudades dentro del país, por ejemplo según los consumidores, un cigarro/porro/bareto puede costar entre mil y dos mil pesos. En las ciudades como Bogotá o Medellín, este producto compite con formas de autocultivos, mejores prácticas de producción, con productos importados de los países donde es legal, que hace que la tensión entre calidad, variedad y precios se haga más intensa. Es así que la mayor cantidad del producto sale del país y dentro de esta región hay múltiples formas de regulación que se han instalado para controlar de una u otra forma dos elementos: precios del producto y tráfico.
El norte del Cauca vive hace unos años una intensa guerra y desde esta región también se han conformado diferentes grupos armados que a diversos observadores han sorprendido por la capacidad financiera con la que se soportan. Ellos han encontrado en esta región el lugar para obtener los recursos financieros necesarios pero no solo eso, ha marcado el mapa de expansión y articulación político - militar con el camino de marihuana hacia Brasil y Venezuela conectando norte del Cauca, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés hasta la frontera el Orinoco hacia el norte o el río Negro y el río Amazonas hacia el sur. Los altos números de decomisos de marihuana en Caquetá, Huila, Meta, Amazonas y Guaviare reportados con MinJusticia y por el último reporte de UNODC dan pistas indirectas sobre este flujo y la expansión de estos actores armados en estas áreas, como la cordillera del piedemonte caqueteño, llanos del Yarí, la región del Guayabero o la Paz - esta ruta no está aún retratada por InsightCrime-. Por ejemplo, desde Toribío en el norte del Cauca hasta Basillas en el piedemonte caqueteño hay poco más de 130 kilómetros, un brinco en términos militares, y los tiempos de carretera no son tan largos. El cannabis ya en Brasil se reparte hacia el mundo.
Esto no significa que los productores sean actores armados ni tampoco que los consumidores financien “el narcotráfico”, por el contrario nos hace ver que los intermediarios y traficantes son quienes se quedan con la mayor cantidad de las ganancias, promueven división y más violencia dentro de las comunidades y son actores clave en un escenario de regulación. Nos llama la atención sobre qué se va a disputar en la legislación sobre la regulación del cannabis del uso adulto cuyo debate en el Congreso viene a repetirse en los próximos meses, donde la economía política de la paz total atraviesa lo que pueda ocurrir en este mercado y al revés, donde lo que ocurra en este cruza con la posibilidad del Cauca de ser potencia de la vida. Es decir ¿cómo va a impactar esta regulación estatal la regulación regional preexistente?¿qué tan dispuestos están los actores armados a transitar hacia la paz dejando este mercado, o dejándolo a quién/quiénes y en qué condiciones?¿Qué plan tiene el gobierno para este escenario? ¿Cómo transitar hacia regulaciones menos violentas donde la verdad, justicia y reparación hagan parte de la reconstrucción del tejido social en esta región? Y por supuesto, las élites políticas nacionales y regionales que se lucran de este negocio - en articulación con los actores armados- ¿están dispuestas a ceder hacia la regulación, o a qué tipo de regulación? Por lo pronto, con la negativa de tantos senadores a aprobar la regulación legal hace unas semanas, los beneficiados son los actores civiles y armados de toda la paleta ideológica quienes piensan coronar en medio de un nuevo ciclo de confrontación en el país.