Por: Estefania Ciro
Lo acordado en el punto cuatro de los acuerdos de La Habana, “solución al problema de las drogas”, tenía tres corazones: el reconocimiento de que los cultivos de coca existen por el empobrecimiento del campo, que ata su solución a la Reforma Rural Integral, la obligatoriedad de la participación de las comunidades en el diseño y ejecución del desarrollo de esta, y el tratamiento penal diferenciado de los cultivadores de coca. Ninguno de los tres se cumplió y de esto son responsables los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.
Podemos empezar la lista con el saboteo del expresidente Santos cuando firmó la resolución 50/50 en el primer semestre del 2016, donde se establecía que un 50 por ciento de los cultivos de coca iba a ser sustituido y el otro 50 por ciento iba a ser erradicado, contradiciendo lo que ya estaba acordado en ese momento y sería firmado meses después.
Decretar esta estrategia reprodujo la violencia que ha marcado ese juego malevo de castigo y beneficio del Estado centauro con los campesinos cocaleros. En 2017 denunciamos que en el Caquetá se estaban imponiendo los Planes de Acción Inmediata (PAI); por ejemplo, por meses los campesinos se habían sentado a imaginar y construir sus propuestas de desarrollo regional hasta que el gobierno de Santos llegó con un acta de negociación igual para todos, sin tener en cuenta las diferencias territoriales. Todavía no se sabe de dónde salió el PAI -porque eso nunca se firmó en La Habana- pero sabemos que la “paz territorial” fue su fotocopia repartida por todo el país. Rafael Pardo y el Partido Comunes nos deben esta historia.
Cuando la gente reclamó sobre temas que no aceptaba en ese pliego de negociación, aparecieron equipos de erradicación. Ellos denunciaron que les dijeron, que si no firmaban ese PAI destruían sus parcelas de coca. Bajo la amenaza se firmaron esos primeros acuerdos. En mayo de 2018 en el Caquetá 22 mil personas declararon la voluntad de sustituir, de las cuales menos de la mitad entraron al programa PNIS - 10 mil- y para finales de 2017 y principios de 2018 apenas 4.918 recibían pago, a pesar de ya no tener coca. Entre la imposición del PAI y el primer pago la gente no tuvo ingresos durante un año entero.
Eso se sumó a una larga lista de incumplimientos en el Caquetá, durante el gobierno de Santos hubo erradicaciones forzadas en parcelas de campesinos firmantes de los acuerdos, hubo un desconocimiento de los liderazgos y los escenarios de participación de los campesinos. Denunciamos la legalización malintencionada de recursos, como entrega de mercados dañados, y que se encarceló a una líder campesina acusada del “secuestro” de policías por defender su comunidad. Poco a poco, la situación empeoró y los líderes del proceso de sustitución de coca fueron amenazados y asesinados. Los mecanismos de quejas no servían. Participé en varias reuniones con el Estado donde encontré que los funcionarios apenas conocían los acuerdos de paz y terminaban defendiendo a los militares. En una de esas reuniones la funcionaria de la defensoría del pueblo defendió al militar presente y a las erradicaciones sobre campesinos firmantes, a pesar de que los campesinos reclamaban que les cumplieran con los pagos porque no tenían de qué vivir.
Cinco temas estructurales de incumplimiento se vieron durante el gobierno de Santos: falta de integración con la reforma rural integral, de enfoque diferencial de género y territorial, y de participación conjunta, participativa y concertada. La sustitución no fue voluntaria y el Estado no respetó las normas de convivencia y del estado social del derecho, todos los criterios de la implementación del punto cuatro se violaron en el Caquetá y no me expongo al afirmar que esto se repitió en todo el país.
Cuando llegó Iván Duque, la desfinanciación, el invento de programas paralelos como las Zonas Futuro/Hecho a la medida y la corrupción terminaron de detener el avance de la implementación. En noviembre del 2019, Putumayo - una de las principales áreas cocaleras del país- ya no tenía oficina de PNIS operando.
Pero quiero llamar la atención en otro grave incumplimiento: la casi nula participación de las comunidades de la Amazonía, no en la hoja de firmas para legalizar recursos en el interminable taller PDET, sino en la ejecución de los recursos para proyectos regionales. El beneficio ha sido para los menos indicados. Según información de la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación y la ART (Agencia de Restitución de Tierras), durante el gobierno de Iván Duque se firmaron proyectos de inversión de iniciativas PATR en las subregiones PDET (enero de 2022) de la Amazonía colombiana por “Obras por Impuestos” con Ecopetrol - 88 mil millones para establecimientos educativos, mejoramiento de vías, residencias estudiantiles y pavimento en Meta, Caquetá y Putumayo-; con GeoPark Colombia - 13 mil millones de pesos en Putumayo para dotación de no fungibles en CDE y restaurantes escolares-; y con Gran Tierra Energy - 2 mil millones de pesos para menajes en centros educativos, vías terciarias, restaurantes y unidades sanitarias en Putumayo-. También hay un convenio para sustitución de cultivos del programa Hecho a la Medida con Gran Tierra Colombia INC para Puerto Asís por un monto de 3.570.000.000 pesos. Es inadmisible que el modelo petrolero, actor del conflicto armado en la región, lave su accionar beneficiándose de la implementación de los acuerdos y aún esté en mora dar su aporte de verdad y justicia transicional.
Bajo la figura de los OCAD PAZ, del total de obras PDET proyectadas en la Amazonía, solo tres fueron ejecutadas por las Junta de Acción Comunal por poco más de 500 millones de pesos. El resto fueron beneficiados consorcios, fundaciones, alcaldías, uniones temporales, el PNUD y la oficina de UNODC. Los proyectos de mayor monto son para el mejoramiento ganadero y producción del café adjudicados a estas últimas - 14 mil millones y tres mil millones, respectivamente-.
Humberto de la Calle en sus intervenciones recientes ha dicho que “el primer paso para la paz total es cumplir el acuerdo de La Habana”, y con Sergio Jaramillo, el expresidente Juan Manuel Santos y el resto del equipo negociador gobiernista en La Habana están muy preocupados por los incumplimientos de los “desertores”. Más allá de eso, hago el atento recordatorio que él personalmente no ha ido a ningún foro cocalero a dar la cara por el incumplimiento del punto cuatro ante los campesinos que le apostaron al PNIS.
Es una maravilla abrir la discusión de incumplimientos y me pregunto ¿qué plan tiene él para sumar a los nuevos campesinos o a los suspendidos que quieran hacer parte del PNIS? No está de menos recordar la masacre de El Tandil, ocurrida el 5 de octubre de 2017, de la cual hasta el día de hoy hay total impunidad y el propio expresidente Santos o su línea de mando no ha aportado verdad, ni justicia ni reparación. Tampoco hay justicia por el asesinato de Alexander Carvajal en una operación de erradicación en Santander en total indefensión ¿Quién va a reparar a estas familias y a la líder caqueteña que tuvo que vivir más de un año en la cárcel por la resolución 50/50 de Santos? ¿A los líderes de sustitución que fueron asesinados durante ambos gobiernos? Y pensando en el gobierno actual ¿Puede la dupla Petro-Márquez y en cabeza del tema Danilo Rueda y Gloria Cuartas revertir la desigualdad en la distribución y ejecución presupuestaria de la implementación de los acuerdos a favor de los campesinos y pueblos étnicos o van a seguir promoviendo estos beneficios al modelo petrolero en la Amazonia para “hacer la paz”?
