Por Óscar Montero
“Aquí no vinimos a entregar nuestros muertos, aquí traemos la vida, la lucha y la resistencia de los Pueblos Indígenas en Colombia, ahora es responsabilidad de ustedes parar el genocidio en contra de nuestra gente y el territorio, para realmente vivir en Paz”.
Luis Fernando Arias, Dirigente y Líder del Pueblo Kankuamo en la entrega del Primer Informe de las afectaciones individuales, colectivas y territoriales en contra de los Pueblos Indígenas en Colombia a la JEP, 9 de agosto de 2018.
Estas fueron las palabras del consejero mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias en la primera entrega de las desarmonías sufridas por los Pueblos Indígenas en Colombia. Informe que tuve la oportunidad de coordinar por mandato de las Autoridades Indígenas de Colombia en cabeza de él y la actual Senadora Indígena de la República de Colombia, Aida Quilcué, informe que narra no solo la violencia desproporcionada del conflicto armado, sino también la violencia de larga duración que hemos sufrido los Pueblos Indígenas en el país por más de 530 años. Sus palabras no son más que el mensaje de justicia restaurativa que los Pueblos Indígenas en Colombia le ofrecemos al país, al Sistema Integral de Paz y a la humanidad, tejido palabra a palabra en el que fuera después el libro Tiempos de Vida y Muerte: Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia.
Hoy esta responsabilidad en Colombia está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, una de las instituciones creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz, cuya misionalidad principal es buscar que la justicia sea una herramienta transformadora de las realidades de los territorios y de los pueblos como garantía de no repetición de las violencias. Allí, por primera vez en la historia del país, cuatro hijos de la Sierra, del desierto y de los Andes representan la cara indígena del país en una alta corte; Ana Manuela Ochoa Arias, kankuama; Belkis Izquierdo, arhuaca; Miller Hormiga totoró y yanakuna, y Juan José Cantillo Puchaina wayuu, ellos llevan en su caminar y sabiduría nuestras demandas, memoria y esperanza.
Con la JEP las víctimas en Colombia han visto en ella la oportunidad de que las violencias que sufrieron en el marco del conflicto armado no queden en la impunidad, y no es para menos; la mayoría de casos denunciados en la justicia ordinaria en el país no han dado resultados contundentes para conocer la verdad de lo sucedido.
Uno de los tantos retos que tiene la JEP es fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), producto de las luchas y resistencias de los Pueblos Indígenas en Colombia que quedó plasmada en el artículo 246 de la Constitución Política de 1991, que establece: “Las autoridades de los Pueblos Indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”.
Justicia para Vivir, es la paz de los 115 Pueblos Indígenas que habitan Colombia, un mandato que se vive y se siente en el que hacer de su cotidianidad, en sus prácticas y procesos políticos organizativos; mandato que han buscado posicionar en el país, como uno de sus más valiosos aportes para una sociedad más respetuosa de la vida y la diversidad, dado que los Pueblos Indígenas en Colombia son y han sido históricamente actores milenarios de la Paz y desde sus propias leyes de origen su misionalidad ha sido mantener el orden y el equilibrio de lo que existe en la Madre Tierra.
Por esto hablar desde la justicia desde la visión de los Pueblos Indígenas, hay que hablar de la espiritualidad, la igualdad, el territorio y el respeto como principios rectores de la justicia indígena, de la justica restaurativa; esa que se basa en el consejo, la palabra, el diálogo, la verdad, el trabajo colectivo y comunitario, entre otros referentes que la sustentan, y que se recogen claramente en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. Hablar de justicia indígena es respectar el territorio, afectar a cada indígena es desarmonizar el orden del territorio, por ejemplo: los mamos en la Sierra Nevada de Gonawindúa nos hablan que asesinar aun indígena es exterminar un cerro, una montaña, de la misma manera violentar a una mujer es atentar contra la vida de la laguna.
Entender la justicia desde los Pueblos Indígenas, es saber integrar la vida de los pueblos desde un todo, no puede haber justicia sino se integra el territorio como un sujeto de derechos que garantiza la pervivencia de los pueblos. Este reto es el que tiene la JEP con la apertura del caso 09 de 2022, que responde al Auto 105 del 7 de septiembre de 2022 que determinó investigar los “Crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos por relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.
Hay que reconocer que el caso 09 se abrió gracias a la entrega de informes al Sistema Integral de Paz por los mismos Pueblos Indígenas y precisamente la necesidad de abrir un caso nacional para Pueblos Étnicos se dio en la entrega que el Pueblo Indígena Kankuamo realizó en el 2021 en la comunidad de Chemesquemena con su informe “Tejiendo Caminos para Volver al Origen” a la JEP, allí la Magistrada Belkis Izquierdo, manifestó la necesidad de un caso nacional de esta índole, hoy ella es la magistrada relatora, lo que es una oportunidad para que los Pueblos Étnicos de la Amazonía, la Orinoquia, Buenaventura, Dagua, Pacífico medio y Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia puedan presentar los hechos ilustrativos que consideren han sido los más fuertes que han debilitado su existencia y pervivencia.
En estos momentos recorro los 7 Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia gracias a una alianza para la paz entre el Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento- CODHES, el apoyo financiero de USAID y la disposición de la JEP; en los 7 pueblos se posiciona la palabra del caso 09, y ya los pueblos se ven representados en él y alertan sobre sus retos y fortalezas, como el caso del Pueblo Wayuu en donde el solo hecho de nombrar nuevamente a las víctimas, a las desarmonías que vivieron es un delito, que en la Ley de Origen del Pueblo Wayuu, en su justicia propia conlleva a mandar la palabra por la ofensa ocasionada. Estos retos y fortalezas se verán reflejados en la diligencia dialógica que se hará a final de marzo en territorio Kankuamo, en donde las Autoridades Indígenas del Pueblo Kankuamo, Kogui, Arhuaco, Wiwa, Wayuu de Mayamanglona, Yukpa de la Serranía del Perijá y Ette Ennaka de Issa Oristuna mirando a los ojos a los Magistrados de la JEP, de gobierno a gobierno entretejerán la justicia que requieren para sus territorios y su gente.
Estos casos serán la puerta de entrada para desencadenar y buscar justicia sobre todas las desarmonías que han vivido nuestros pueblos que se suman a los casos abiertos ya por la JEP, como el 02 en la costa pacífica nariñense, el 05 en el norte del Cauca y el 04 en el Urabá, los tres con una presencia fuertemente étnica; otros como el 03 sobre falsos positivos y el 07 sobre reclutamiento forzado han sido claves para las denuncias de los Pueblos Indígenas. En estos casos se ha reconocido al territorio como víctima, hay notificaciones con pertinencia étnica y territorial, se mantienen diálogos entre autoridades judiciales indígenas y autoridades judiciales para la paz. Casos donde realmente poco a poco se ha visto un diálogo horizontal entre la JEP y la JEI; en medio de la simbología y la espiritualidad, de los idiomas y sus procedimientos propios; es decir en donde se ha reconocido la justicia indígena como una institucionalidad importante para la consolidación de Paz Total en Colombia.
Consolidar la Paz, es poder tener justicia, este como un derecho que debemos tener todos los colombianos, y más aun los que directamente hemos sufrido la violencia y el conflicto desproporcionado en contra de nuestras vidas y territorios. Queremos justicia para la Paz, justicia para vivir.
