Por: Óscar Montero
Queremos seguir creyendo en el Gobierno, en su cambio, queremos seguir defendiéndolo; pero sin respuestas contundentes a nuestras demandas difícil.
Del 6 al 9 de junio de 2023, se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, todo estaba listo para poder dialogar y concertar con el Gobierno Nacional temas que están desarmonizando: la vida de los Pueblos Indígenas.
Temas como el reclutamiento forzado, el uso de drogas por niños y jóvenes, la participación de los Pueblos Indígenas en los diferentes espacios de diálogo con los actores armados, el fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos, eran algunos de los temas de la agenda para el debate.
La sesión no se desarrolló y se encuentra suspendida hasta el 22, 23 y 24 que se reanudará nuevamente. Las razones para no darse fueron suficientes: los delegados del Gobierno del cambio no estaban con poder de decisión en el espacio para instalar, presidir y dar respuestas a las demandas de los Pueblos Indígenas, no estaba el Ministro del Interior o en su defecto la Viceministra acorde como lo estipula el Decreto 1396 de 1996, quien da vida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Era injusto, irresponsable y una burla para la vida de los Pueblos Indígenas; ¿por qué?, no es posible que apenas en el año se estuviera “llevando acabo el desarrollo” de un espacio tan importante como este, de acuerdo con la emergencia y crisis humanitaria en la que vivimos los Pueblos Indígenas. Ya debía haberse desarrollado una sesión ordinaria y dos extraordinarias con los altos representantes del Estado.
En el espacio autónomo dialogamos y debatimos, hasta tomamos espacio de nuestra agenda para salir a marchar en defensa de las transformaciones del gobierno que apoyamos, alegres y felices; y con convicción la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas camino desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.
De regreso, la respuesta del gobierno colombiano fue una burla al movimiento indígena, las excusas se presentaron de todo lado y si no nos paramos en la raya, ni la Viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Solano, hubiera llegado. La esperamos después de una hora, allí llegó e instaló la sesión con todos los pronósticos en contra.
Algo nos hacía estar allí en el espacio, veníamos de la Sierra, del Chocó, de Nariño, del Cauca, de Caquetá, de la Amazonía y de todo el país a decirle una vez más: nos están matando. La institucionalidad presente en cabeza de la Viceministra Lilia Solano escuchó atentamente las denuncias y las exigencias del movimiento indígena; donde fuertemente la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- denunció que, acorde a las cifras que se recogen en su observatorio, en promedio desde la firma del Acuerdo Final de Paz hasta la fecha se asesina cada cinco días a un líder indígena y que cada media hora un miembro de una comunidad indígena del país sufre un hecho de violencia. Pero esto pareció poco para los delegados del gobierno, de quienes esperábamos respuestas a nuestros reclamos, donde además estaban delegados del Ministerio de Defensa, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y del Alto Comisionado para la Paz, entre otros.
Después de la cena, se esperaban respuestas de las denuncias realizadas, pero ¡oh sorpresa!, la Viceministra se retiró del recinto sin razón alguna, después de haber manifestado que instalaba y presidía la sesión. Como dice claramente el comunicado de la Comisión en su conjunto: no había interlocutor, no había con quién tomar las decisiones necesarias para mitigar las múltiples situaciones de violencia que se viven en los territorios de los pueblos indígenas.
Nuestras vidas también importan y todas las vidas en el país deben importarle al Gobierno y al Estado en su conjunto, mientras el Pueblo Awá en Ricaurte, Nariño, está siendo desplazado y confinado. Un compañero Awá en Barbacoas perdió una pierna después de haber sido alcanzado por una mina antipersona. El Pueblo Murui Muina enterró a 4 de sus jóvenes indígenas reclutados y posteriormente masacrados en zona rural de Solano entre Caquetá y Putumayo. Los delegados de la Sierra denuncian el rearmamento de los grupos paramilitares en su territorio por parte de los Pachencas. En la Guajira los Wayuu son desalojados por la fuerza pública. A los compañeros Embera Katío, en Córdoba, posiblemente están siendo víctimas de un falso judicial a una de sus autoridades. Y ni qué decir del reclutamiento forzado de jóvenes en el Pacífico, en el Amazonas y en el Cauca. En este último, además, donde el control territorial que a sangre y fuego están dando los grupos armados, entre esos las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo -FARC EP- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, no cesa ningún día.
Pero al parecer ni para el Ministerio del Interior, ni para el gobierno pareciera que esto importara; que dolor e impotencia no poder sentirnos respaldados como quisiéramos con el Gobierno que soñamos, que aunque se logró con lucha y resistencia, en la última sesión de la Mesa Permanente de Concertación: 1500 millones para el 2023 y 2500 millones para el 2024 para el fortalecimiento de la Comisión; estos siguen siendo insuficientes para la emergencia y crisis humanitaria que enfrentamos.
Amanecerá y veremos, y esperamos el 23 y 24 de junio si llegan a vernos a los ojos y decirnos con la verdad que van hacer para parar este genocidio físico, cultural, latente y continuado en contra de nuestras vidas y territorios.
Dieron su palabra de asistir el ministro, la viceministra y el Director de Asuntos Étnicos, esperemos que así sea. No a saludar e irse; sino realmente a dar respuestas estructurales para acabar con esta crisis humanitaria en la que vivimos. Estamos muriendo en vida y agonizando sin ayuda de nadie y ante los ojos que no quieren ver del gobierno nacional. Esto no es una cuestión de recursos, es un tema de derechos.
