Por: Oscar Montero
En Colombia los Pueblos Indígenas y sus organizaciones tienen un poder innato que es, el de la palabra y el diálogo, históricamente han venido resolviendo y solucionando sus desarmonías y conflictos a través de ellos; de sus dinámicas propias, de sus formas de gobierno, de justicia y de autonomías, claramente fundamentadas en sus leyes de origen, sus diversas expresiones y códigos culturales.
Lo anterior, sin desconocer que de igual manera también han utilizado la fuerza de la palabra, de la movilización y de la espiritualidad para reivindicar sus derechos. Hay diálogos, silencios y acciones que le dan sentido a la palabra. Como dirían los Nasas o el mismo Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC Nacional) caminar la palabra; los amazónicos amanecer la palabra o dar la palabra dulce; los de la Sierra tejer o sembrar la palabra; o como lo determinan con fuerza los Wayuú mandar la palabra. Todos con la claridad de lo sagrado de la palabra, de que la palabra tiene vida y debe ser respetada. Bajo este principio los Pueblos y sus Organizaciones Indígenas conciertan para vivir, para la vida, y no para 4 años de vida.
Un mandato que esta en sus leyes de origen, en el territorio ancestral, pero que de igual manera se ratificó con el derecho fundamental que tienen los pueblos étnicos en Colombia como sujetos políticos de derechos, donde los Pueblos Indígenas en la Cumbre realizada en Chinauta, Cundinamarca en el 2020, bautizaron el derecho de derechos, al referirse al derecho fundamental a la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado, reconocido así por el Convenio 169 de 1989 por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991 en su bloque de constitucionalidad. Un derecho que ha querido ser reglamentado con el único fin de convertirlo en un trámite administrativo y no en un derecho.
En un Estado Social de Derecho, multiétnico y pluricultural como el colombiano (Artículo 1 y 7 de la Constitución Política de 1991), el deber del Estado es concertar y dialogar con cada uno de los 115 Pueblos Indígenas que habitan en el país, en sus territorios ancestrales, en sus dinámicas culturales y en sus tiempos de claridad y oscuridad. Una concertación seria, con justicia social y económica, pero sobre todo, para lograr accionar la palabra dicha y escrita.
El Estado ha hecho varios intentos de lograr estos diálogos y concertaciones, bajo la figura de mesas de concertación regionales y nacionales, unas propias de las apuestas organizativas de los pueblos y otras armadas desde Bogotá para romper con la unidad de los pueblos, claramente para romper con uno de los principios fundamentales del movimiento indígena, la unidad.
Es así, que no ha sido fácil exigir derechos para los Pueblos Indígenas en Colombia, ni aún teniendo una de las Constituciones más garantistas en derechos étnicos en el continente, aquí recordamos las palabras de Lorenzo Muelas Hurtado, Constituyente Indígena que dijo: “pensé que con la Constitución Política de 1991 había resuelto el mundo a los indígenas”, el así lo pensó porque como buen Misak sabe que la palabra se respeta y se cumple.
Después de la constituyente en 1991, a los Pueblos Indígenas les tocó movilizarse en 1996 para que se respetaran sus derechos y se cumpliera con lo escrito en la carta magna, es así que se llega al Episcopado de Colombia, en una acción de la palabra que logra materializar los 3 escenarios del nivel nacional más importantes en el país: la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (CNDDHHPI) por medio del Decreto 1396 de 1996 y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y las Organizaciones Indígenas de Colombia (MPC) y la Comisión Nacional de Territorios de los Pueblos Indígenas de Colombia (CNTI) con el Decreto 1397 de 1996, una acción conjunta de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT). Instancias de diálogo y concertación de Gobierno Indígena a Gobierno Nacional.
Espacios en donde se han concertado y materializado políticas públicas interculturales para la pervivencia y el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas, ejemplo de esto es el Decreto 1953 de 2014 sobre los sistemas propios, el 2333 de 2014 sobre protección jurídica de los territorios ancestrales y el Decreto Ley 4633 de 2011 sobre víctimas indígenas, por mencionar algunos. Claro está que estos han estado mediados por la Minga como fuerza de movilización de los pueblos para concretar la palabra, ya no es las mesas en Bogotá, sino en las carreteras y en los territorios de los Pueblos Indígenas en el país.
Estas últimas acciones como la Minga, han llevado a los mismo pueblos a reflexionar si seguir concertando en mesas en el centro del país ha sido efectivo; en las reflexiones se han dado posiciones divididas, mientras unos consideran que se han dado avances, otros férreamente mantienen su posición de seguir movilizando la palabra; al final hay un común denominador y es que se reconoce que todas las estrategias de lucha son válidas si van en búsqueda de luchar por los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, sin dejar pasar por alto, que NO se puede concertar mientras las balas asesinas exterminan a los hijos de los pueblos en la Colombia olvidada pero codiciada.
En los últimos 12 años, la MPC ha tenido gran relevancia e importancia, sin lugar a dudas es un espacio de poder de gobierno a gobierno. Es allí, el espacio natural en donde se conciertan y dialogan las propuestas de los Pueblos Indígenas para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de cada gobierno cada 4 años, proceso que debió haberse dado desde 1991; pero solo fue en el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos su primer y segundo mandato el que consulta y concerta con los Pueblos Indígenas una ruta metodológica para los PND, en todo caso ambos no superaron el 10% de implementación de lo acordado, así lo denunció la Secretaría Técnica de la MPC y los entes de control del país. Con el gobierno del ex presidente Iván Duque el PND 2018-2022 denominado: “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” - Ley 1955 de 2019, se concertaron 216 acuerdos en un capítulo indígena transversales a todo el plan, con el “plus” de haber pactado un techo de 10 billones para la implementación de los acuerdos respectivamente, es la hora que esos Billones con B, no se vieron reflejados en los Pueblos Indígenas y sus territorios, debido a que siguieron con su oferta institucional hacia los pueblos, carente de todo tipo de enfoque étnico y territorial, donde de igual manera que el gobierno Santos no supera el 10% de implementación con el agravante o la excusa de la pandemia del COVID-19 en la ejecución de las políticas.
Hoy con el gobierno del cambio, de Colombia Potencia mundial de la Vida del Presidente Gustavo Petro, está la esperanza de por fin materializar los acuerdos y la palabra; por el momento se ha visto voluntad política del más alto nivel para que esto se dé, se está garantizando la pre consulta, la consulta y ha habido participación en todos los escenarios para que los pueblos tejan con funcionarios del gobierno las propuestas que quedarían en el mandato de los 4 años del gobierno actual, se le suma a esto que las concertaciones han estado acompañadas de reuniones de carácter político de alto nivel en cabeza de ministros en su mayoría. Es importante aquí nombrar lo que la Secretaría Técnica de la MPC denomino: “por primera vez en la historia sin mayor diferencia y en los mejores términos SE APRUEBA la ruta metodológica de Pueblos y Organizaciones indígenas para la Consulta Previa, Libre e Informada del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”. Está claro que, con estas acciones, si se esta viendo realmente un cambio. Se concierta para Vivir en el tiempo y en el espacio.
Amanecerá y veremos dirían los abuelos y abuelas en sus casas de pensamientos, en donde desde su más puro sentir, aún creen en la fuerza de la palabra como máxima expresión de lo sagrado para vivir.
