Por: Mauricio Jaramillo Jassir
No se trata de defender a rajatabla las reformas del gobierno, sino de exigir el derecho a la información del que nos siguen privando los medios hegemónicos. Esta vez optaron por una defensa a ultranza de las EPS y, sin asomo de análisis, han terminado por hacer eco de las denuncias de una dizque ruptura institucional.
Cada decisión o propuesta de alguna vocación liberal progresista es condenada sin explicaciones o análisis serenos acerca de su viabilidad. El gobierno, así como los congresistas de su bancada, han insistido a propósito del hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión VII del Senado, que algunos de los legisladores habrían financiado sus campañas con dineros de empresas que tienen intereses en el negocio del sector. Tal ha sido el caso visible de Keralty, señalada directamente por Petro como por el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias. En su mayoría, los medios hegemónicos no han sometido a revisión, investigación o cuestionamiento el señalamiento. Más bien algunos periodistas se han dedicado a defender directamente a la multinacional española que está detrás de Sanitas, una de las EPS en el ojo de la tormenta, a propósito de la intervención decretada por la Superintendencia de Salud.
El diario económico La República tituló preguntándose si la intervención significaba “expropiación”, una palabra que le cae como anillo al dedo a una oposición ansiosa porque se repitan en Colombia algunas de las decisiones más emblemáticas del chavismo (https://www.larepublica.co/empresas/supersalud-intervino-a-sanitas-3833023). El artículo indaga sobre la supuesta expropiación, pero con una abrumadora mayoría de testimonios de la derecha, incluso de personas que en nada representan la experticia en salud, pero reconocidos por su intransigencia frente al progresismo como Vicky Dávila o Abelardo de la Espriella ¿acaso el abogado penalista o la directora de Semana son expertos en cuestiones relativas a la gestión de la salud? El diario acompaña el artículo con una subsección que contiene una serie de testimonios rotulados como “contrastes”. Ojo con lo siguiente: de los 11 testimonios, 9 son de la más franca oposición y no hay ninguna voz experta en salud o que haya participado de la discusión como hubiese sido el caso de Andrés Forero del Centro Democrático, sino que se trataba de políticos que responden desde la generalidad proselitista. Basta ver las palabras de Miguel Uribe Turbay al que el Diario La República decide darle eco y sirve como ejemplo del lamentable nivel de debate “El gobierno de Gustavo Petro, al mismo estilo que Nicolás Maduro, llega a intervenir la EPS Sanitas. Este es el comienzo del fin de la salud y de la democracia”. Ahí no hay asomo de contraste como sugiere el subtítulo de la desencajada pieza “informativa”.
Se puede discutir acerca de la intervención de la Supersalud a Sanitas, por supuesto, pero presumir que es dictatorial carece de fundamento. A propósito de los decretos anunciados por el gobierno para garantizar el acceso a la salud, el exministro de salud Alejandro Gaviria no duda en hablar de una “ruptura institucional y radicalización destructiva”. ¿Se ha hablado de dictadura en el pasado, cuando los gobiernos han intervenido para garantizar la prestación de un servicio? ¿Cuándo el gobierno Duque destinó ingentes recursos en la pandemia para salvar al sector financiero se invocó una ruptura institucional? Éste es el nervio de la cuestión, a la hoy oposición y a los sectores que más provecho han sacado de un establecimiento social y económico de privilegios, la única intervención que les gusta es la que rescata al sector bancario y financiero. Renta básica, transferencias focalizadas o subsidios, les parecen despilfarros o formas injustificadas de estimular la holgazanería.
La Constitución del 91 institucionalizó un Estado social de derecho (artículo 1), es decir, generar las condiciones de equidad y dejar en manos exclusivas del mercado el cierre de brechas que por años no han dejado de ensancharse. El artículo 49 de la Carta establece que “corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio a la salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.” Y mucha atención con algo que se suele pasar por alto, señala que este derecho se debe organizar de manera “descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad”. La oposición le ha declarado la guerra a cualquier intento por descentralizar la salud con el argumento de que los gobiernos subnacionales se robarán los recursos. Hoy defienden a las EPS por encima de los derechos de pacientes, personal médico y una ciudadanía secuestrada (tomo la expresión prestada de mi colega Carol Ann Figueroa) y extorsionada por estas empresas que cuentan con todos los recursos para generar pánico. Así la participación comunitaria y popular de la que habla la Constitución es simplemente irrealizable.
Les guste o no, a un gobierno de izquierda o progresista se le elige para intervenir en la economía. Sucede en América Latina, Estados Unidos y Europa. No implica un “cheque en blanco” como se ha puesto de moda aclarar, pero sí entender que la opción más votada en las urnas consiste en que la administración se esmere por corregir las imperfecciones del mercado en materia laboral, de salud, educación y servicios públicos, entre otros. No se desconoce la separación de poderes y la búsqueda indispensable de consensos. Pero uno se pregunta ¿se puede negociar con quienes de antemano han dicho que su único propósito es el hundimiento de las reformas? ¿Se puede debatir y confrontar a Congresistas que presuntamente votan según sus fuentes de financiación? No hay democracia sin Estado de derecho (nadie por encima de la ley) ni separación de poderes, pero solemos ignorar que tampoco existe sin la soberanía popular, característica que en el último tiempo menosprecian. Basta de desconocer el resultado de la elección de 2022 y de arrebatarnos principios y derechos constitucionales como el Estado social de derecho, la salud y la información.
