Mauricio Jaramillo Jassir
Profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario
@mauricio181212
Un portal de noticias que suele difundir información falsa y engañosa (pero que tiene chulo azul en la red X) trinó que, de aprobarse la reforma a la salud, el gobierno tendría acceso a la historia clínica de todos los colombianos. Aunque parezca evidente la falsedad de la afirmación ampliamente difundida, no deja de reproducirse y generar dudas acerca de la viabilidad de la reforma. El trino es una muestra de la degradación del debate y de los simplismos por los que ha optado un sector de la oposición para impedir que avancen algunos de los cambios propuestos por el gobierno. Importa poco si son viables o no para esta reflexión; lo verdaderamente preocupante es que se sigan repitiendo imprecisiones y haga carrera la tesis de la destrucción. A la oposición hay que recordarle que hay formas más dignas y democráticas de disentir.
Entre las palabras cuyo significado se ha prestado para mayor abuso aparecen “estatización”, “expropiación”, “destrucción”, e incluso, en el colmo de la ignorancia supina y el abandono de todo mínimo retórico, “genocidio”, con el agravante de que en este preciso momento millones de palestinos lo padecen. Con esta última alusión, un sector de la derecha demuestra no solo desconocimiento, sino inhumanidad. En un debate frente a cámaras entre los representantes Alfredo Mondragón, defensor de la reforma, y JP Hernández, detractor de la misma, quedó en flagrancia la premura por hundir la reforma sin el debido escrutinio o deliberación. Cuando le solicitaron al representante Hernández que hiciera alusión directa a alguno de los artículos que sugieren el establecimiento de una junta de toma de decisiones subnacional para la destinación de recursos, tal como él denuncia, quedó en evidencia que desconoce el proyecto. Ante la falta de un argumento o de una respuesta concreta, aludió al lugar común de que su principal reparo con el proyecto es que “politiza la salud”, una generalización vacía, pero con un poder de incidencia en el debate significativo pues, por su simpleza, es fácil de recordar y trasmitir. Ésa ha sido la estrategia del miedo, dos o tres nociones jabonosas, de inmediata comprensión, pero de dudoso contenido, que han terminado por hacer mella en el derecho que todos tenemos a acceder a una información confiable que no haga abstracción de ninguna de las versiones.
Algunos sectores que se reivindican como técnicos (en realidad son tecnócratas, no en sentido peyorativo) han insistido en invocar la palabra “estatización” para hablar de la reforma a la salud, y “expropiación” para referirse a la pensional. Aunque se ha aclarado hasta la saciedad, es prudente recordar que la estatización en Colombia es prácticamente imposible, ya que implicaría que el Estado asuma el control total de una actividad, algo que no se prevé en ninguna de las reformas. Tanto en salud, pensiones, trabajo y educación se ha planteado aumentar la dosis de intervención del Estado. La discusión entre el oficialismo y la oposición pasa por determinar cuál debe ser la magnitud de dicha intervención, pero reducir la discusión a defensores de la libre empresa versus promotores del estatismo es tan malintencionado como ausente de técnica y experticia, tal como los propios detractores le han reclamado a los diferentes ministros. Algo similar ha ocurrido con la concepción engañosa de “expropiación de los ahorros” para hablar de la reforma pensional. Sería necesario que quienes han puesto a circular esa idea le contesten a la gente lo siguiente: si los ahorros son propiedad de los aportantes, ¿los pueden retirar en cualquier momento? Se puede debatir, criticar y apuntar hacia la inviabilidad de las reformas, si es del caso, pero no a partir de generalidades, ni superficialidades que, en varios casos, no son otra cosa que informaciones engañosas.
Como si lo anterior no fuera suficiente muestra de la degradación y empobrecimiento del debate, se suma el prejuicio en contra de los gobiernos subnacionales o entes territoriales. Preocupa que uno de los reparos sobre la reforma a la salud consista en la presunción de que los gobiernos regionales son derrochadores o corruptos. Habría que recordar que Odebrecht, el peor escándalo reciente, ocurrió en pleno corazón de la política nacional. La descentralización es una aspiración y promesa consignada en la Constitución del 91 a la que la derecha y la tecnocracia del centro le han declarado la guerra con el prejuicio de que ninguna ciudad de Colombia tiene los niveles de eficiencia de Bogotá o del gobierno central. Ese paternalismo presente en el debate sobre la reforma a la salud consolida el centralismo y entorpece el reconocimiento mínimo de la legitimidad de las autoridades locales elegidas directamente. Es posible –aunque sea contrafáctico, lo admito– que esta dirigencia de derecha y de un centro tecnócrata cada vez más conservador-reaccionario, de haberse enfrentado al debate para aprobar el pacto constitucional del 91, lo hubiesen rechazado con los mismos argumentos excéntricos y peregrinos que han repetido como oraciones de fe frente a las reformas del gobierno. Que está en juego la empresa privada, que habrá una fuga de capitales y salida de inversión extranjera, que el Estado se debe reducir a su mínima expresión y que la ampliación de derechos a aquellos sociales económicos y de grupo afectará su capacidad de gestión, etc. ¿Desde cuándo los vaticinios catastróficos son un argumento en el debate público?
Esta columna no es una defensa de la reformas, que se entienda bien. Es un llamado a elevar el nivel de debate y a que la oposición deje de lado las noticias falsas, las informaciones engañosas y los prejuicios centralistas. No está en discusión poca cosa… ¡Juego limpio, por favor!
