Por: Mauricio Jaramillo Jassir
Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212
Todo cambio en Colombia es costoso y la mejor prueba de ello es la enorme dificultad para legitimar una terna de mujeres a la Fiscalía General de la Nación que ha encontrado una resistencia injustificada (o al menos no descifrada del todo) en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por supuesto, su independencia debe ser respetada, pues de ello depende el funcionamiento democrático, pero aquello no significa dejar de ver lo evidente: hay en el establecimiento quienes se niegan a cambiar.
La dificultad de fondo radica en que Luz Adriana Camargo, Amelia Pérez y Ángela Buitrago no cumplen con el perfil que en las pasadas décadas se ha impuesto en las ternas, cuando se han preseleccionado políticos a quienes los mandatarios de turno han premiado para catapultar su carrera hacia la presidencia como en los casos de Mario Iguarán, Néstor Humberto Martínez o Francisco Barbosa. Lo anterior pone en tela de juicio la independencia de un actor clave de la rama judicial frente a la ejecutiva. Sin embargo, es una costumbre tan arraigada y normalizada que sin sonrojos Iván Duque ternó a tres subalternos Clara María González, secretaria jurídica, Camilo Gómez director de la agencia de la defensa del Estado y cercano al pastranismo, y Francisco Barbosa alto consejero. Poco se recuerda, pero fue tal el descaro que, incluso candidatizó al decano de la Facultad de Derecho de la Sergio Arboleda, Leonardo Espinosa, quien luego tituló al entonces presidente como Doctor Honoris Causa en derecho. Salvo Clara María González, ninguno tenía experiencia ni recorrido para asumir las riendas de la Fiscalía. Aun así, Barbosa fue elegido y fueron tantas las críticas por sus evidentes limitaciones y ambiciones políticas desmedidas que optó por justificar su llegada en las excéntricas, pero relevadoras afirmaciones de ser el más preparado de su generación o de auto publicitarse como la mejor fiscalía de la historia. Ni Messi ha sido capaz de proclamarse como el mejor de la historia.
De lejos, las ternadas Camargo, Pérez y Buitrago están más y mejor preparadas que Barbosa y ostentan mayor probidad que Martha Mancera (esto último no es difícil, pero no es un dato menor) señalada en investigaciones de Revista RAYA, Casa Macondo, Vorágine y Cuestión Pública por supuestamente avalar operaciones ilegales de todo tipo. Esta semana Jaime Arrubla quien fuera magistrado de la CSJ se refirió a la polémica por la designación del reemplazo de Barbosa y en franco apoyo a los magistrados, desestimó las tres hojas de vida sin mencionar siquiera un nombre -se nota que no tenía claro de quién estaba hablando-, omitiendo cualquier detalle específico de su formación, recorrido o experiencia y tal vez la peor y más controversial anotación de que solamente “han cargado expedientes”. Más allá de la connotación clasista y misógina, la afirmación no es aislada y refleja lo que todavía buena parte del establecimiento colombiano interpreta de la primera terna en la corta historia de la Fiscalía compuesta por mujeres. Ninguna cabe en el molde de estar allí preseleccionada por cercanía con el gobierno de turno, ni corresponden a cuotas políticas de algún partido. Buitrago Ruíz conoció como experta las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en México, y en esa misma instancia trabajó en la denuncia de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) en Colombia. Camargo estuvo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que se estableció por acuerdo con Naciones Unidas y que fue clave en destapar los peores escándalos de corrupción en la historia reciente de ese país. También tuvo a su cargo casos representativos en la CorteIDH. Y, Pérez investigó desde la Fiscalía las violaciones a los derechos humanos en Trujillo, Riofrío y Bolívar que llevaron al primer reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por una masacre, el subsecuente pedido público de perdón y la creación de la primera comisión de la verdad. Acusó sin titubeos a paramilitares y narcotraficantes por la masacre del ARO y finalmente tuvo que exiliarse durante un tiempo. Se trata de mujeres que han trabajado en el campo del derecho penal, los derechos humanos y entienden las lógicas del conflicto armado, el narcotráfico y la criminalidad. Paradójicamente tienen una trayectoria que no sólo se resume en la despreciable frase de “cargar expedientes”, sino que es mucho más robusta que la del propio Arrubla, secretario jurídico de Andrés Pastrana. Es extraño que los medios le den tanta autoridad a alguien que ha utilizado su visibilidad en la rama judicial para hacer política, valga recordar que fue precandidato a la alcaldía de Medellín. En un caso de reciclaje político, Arrubla es de los pocos que, habiendo saltado a la política (2000), fue capaz de volver al poder judicial, extraña locomoción que refleja prácticas contrarias a la renovación frecuentes en nuestro sistema. También es raro que la tecnocracia de centro que tanto insiste en la experticia por encima de la filiación política, guarde silencio en esta terna que cumple a cabalidad con esa premisa.
El otro pecado de Camargo, Pérez y Buitrago es que nos es difícil verlas llegando a la Fiscalía a exigir que se les llame “doctoras”, como suele suceder con un segmento considerable del medio (hasta un periodista deportivo que posa de abogado -sin serlo- y escupe veneno anti sindical se hace llamar doctor). Parece una anécdota, pero termina siendo fundamental. La llegada de cualquiera de estas tres significa romper con un molde al que un sector representativo del establecimiento se aferra. Ojalá sea ésta la oportunidad para valorar el trabajo de nuestros funcionarios sin clasismos, sectarismos y arribismos. Que sea ésta la hora en que se asocie la labor de abogadas y abogados con la justicia y no con la “doctoritis”.
