Por: Mauricio Jaramillo Jassir
profesor de la Universidad del Rosario
Colombia vive un momento ideal para proponer una reflexión sobre los medios de comunicación. La llegada al poder de un gobierno de izquierda o progresista ha significado un desafío, pues han surgido cada vez más voces que piden a gritos equilibrios en la información y se proponen discusiones sobre la libertad de prensa frente a posturas del gobierno, así como sobre la ética de la llamada prensa corporativista, cuyos sectores parecen aún desconcertados desde el pasado 7 de agosto.
¿Es este uno de los peores momentos en la historia de la libertad de expresión en Colombia? ¿Es legítimo exigir mayor sentido de la responsabilidad social a los medios? ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la prensa o el gobierno frente a los medios y que atentan contra el pluralismo y el derecho a informar (y ser informados)?
¿Hacia una deriva autoritaria?
Algunos políticos de la oposición han tildado al actual gobierno de dictadura. Aquello debería suponer que en Colombia no hay separación de poderes, ni contrapesos y que, en buena medida, carecemos de espacios informativos para acceder a datos, análisis o noticias de forma independiente. Luis Carlos Vélez, conocido por sus controversias con el gobierno, llegó a afirmar en un trino que Petro era “el presidente que más ha atacado a la prensa en la historia de Colombia y agredirla es atentar contra la democracia”. Respecto de lo segundo es inobjetable, pero la primera afirmación es tan rebatible como obviamente malintencionada. Es imposible que Vélez, quien durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe se desempeñó como comunicador en Portafolio, CityTv y CNN, no estuviera al tanto de las intimidaciones constantes (no esporádicas) del expresidente hacia la prensa. Entre 2002 y 2010 fue sistemático el uso de calificativos como “mentiroso y miserable” contra Daniel Coronell, de igual forma, vale recordar la acusación a Carlos Lozano de ser “mensajero de las FARC” que el propio afectado señaló como una amenaza de muerte, o las denominaciones a algunos medios como “cajas de resonancia del terrorismo”, acuño del entonces vicepresidente Francisco Santos.
La campaña de intimidación contra la prensa no fue un hecho aislado, fue deliberada y sistemática. Camilo Vallejo uno de lo autores del informe “La palabra y el silencio” de la Comisión de la Verdad que resume buena parte de la violencia contra los medios entre 1977 y 2015, se expresa en una nota coyuntural sobre el gobierno Uribe en los siguientes términos: “Aparecen dos tipos de agresiones que eran muy pobres antes: el espionaje, lo que viene con las chuzadas del DAS, donde un gran número de periodistas sufre de interceptación de sus comunicaciones, de robos de equipos en sus propiedades. El otro es la estigmatización por parte del mismo presidente y ese es un problema de libertad de prensa en la medida en que pone en riesgo al periodista, en la que el principal funcionario, el presidente, pierde se posición de garante para defender a los periodistas” (Colombiacheck, 25 de julio de 2017).
Imposible que Vélez no lo recuerde. Su afirmación es una clara muestra del interés por transmitir la idea de que Colombia vive bajo un autoritarismo, aspiración de un sector del establecimiento incómodo con la perspectiva de algunos cambios. Estas posturas hacen eco de los señalamientos de la oposición que ponen en tela de juicio el carácter democrático colombiano desde el ascenso de un gobierno de izquierda, como ha sido el caso recurrente de María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo. El mensaje que se transmite es que el progresismo resulta incompatible con el Estado de derecho, el pluralismo, la libertad de prensa y la separación de poderes, base de la democracia moderna. Hacia futuro preocupa que en un gobierno de otra corriente ideológica se esgrima tal argumento para cercenar derechos políticos a la izquierda.
Prácticas que poco o nada informan
Se pueden rastrear una serie de prácticas cada vez más comunes por parte de determinados medios y que desdibujan su papel y ponen en entredicho su vocación informativa y ecuánime: edición de videos, uso de terceras voces, omisión del contexto y el reciclaje de noticias entre medios.
El espacio es limitado por eso, solo se pueden mencionar contados, pero en la práctica abundan los ejemplos. En el uso de los videos editados basta observar una noticia que se convirtió en tendencia en redes sociales hace varias semanas, cuando se dijo que David Racero, presidente de la Cámara y miembro del Pacto Histórico, tomaba distancia frente a Gustavo Petro y según una categórica expresión colombiana “se bajaba del bus”. Al menos así titulaba La FM. La noticia provino de una entrevista en la emisora Tropicana en la que Racero aclaraba no ser “petrista”, no porque no se sintiera identificado con el oficialismo, sino porque creía en las ideas de una base, movimiento o partido y aclarando que el proyecto político de la izquierda no podía depender de una sola figura. El video que circuló en redes sociales fue editado para que el espectador solo escuchara la frase de que Racero no era petrista. La difusión de videos parciales con datos que se entregan según dosis de sensacionalismo parece hoy la regla, mas no la excepción.
También ocurre que los medios transmiten sus propias ideas a través de terceros y no asumen la responsabilidad de señalamientos. Semana utilizó la voz de un reconocido homofóbico supremacista para atacar a Francia Márquez con el calificativo racista de “mononeural” que no sólo publicó, ¡incluso se dio el lujo de enviarlo al titular de una nota!. El Colombiano, Semana, El País de Cali, e Infobae -todos de reconocida línea conservadora- citaron en titulares al Human Rights Institute para advertir sobre la inocencia de Uribe Vélez en el proceso por la manipulación de testigos. En la organización trabaja el abogado que representa al expresidente. En ambos casos es evidente el uso de terceras “voces autorizadas” para transmitir una idea que el medio no se quiere adjudicar, pero sobre la cual tiene interés en difundir.
Los contextos se omiten y se entregan informaciones sin una explicación. De nuevo, Luis Carlos Vélez citaba un reporte del Bank of America según el cual “el caos del gobierno Petro” explicaba la caída del dólar. El periodista se expresó en junio, pero el informe era de abril, dato que decidió omitir, así como el resto de factores que han incidido en la reevaluación del peso frente al dólar. Cuando el comunicador renuncia al contexto de la noticia y deja de lado una función pedagógica, en especial en temas de conocida tecnicidad como la relación peso dólar, la noticia se presta para el sesgo o la información manipulable.
Por último, el reciclaje de información entre los mismos medios es evidente. Basta revisar el titular del Human Rights Institute para comprobar cómo las noticias se mueven en círculos cerrados y algunos medios renuncian a abastecerse de noticias por parte de fuentes alternativas. Ahora bien, no son todos. Medios como el Espectador suelen retomar informaciones de medios como Vorágine, Revista Raya, Cuestión Pública o Razón Pública, lo cual rompe una suerte de oligopolio informativo que atenta contra una diversidad que es clave en el derecho a la información.
Históricamente la libertad en Colombia ha estado bajo asedio, en especial por el conflicto armado y la violencia de bandas criminales que han impedido que se acceda a la información. y por las intimidaciones de grupos armados y obviamente de algunos gobiernos. Ahora bien, en esta Colombia cambiante en la que asoman transformaciones, vale la pena reflexionar sobre prácticas que erosionan el derecho que tienen los ciudadanos a la información, y sobre todo, la necesidad de que los medios no renuncien a su función social en medio de una sociedad del espectáculo en la que varios se han contagiado por la peligrosa tendencia del “todo vale”.
