Por: Mauricio Jaramillo Jassir
Profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos
Como era de esperarse, ante la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin piso la ley que crea el Ministerio de la Igualdad, aparecieron los sectores que apuntan a la necesidad de prescindir de la entidad pasando por alto que se trata de un vicio en el trámite de la ley y no de una decisión basada en la viabilidad misional del ministerio.
Se revivieron todas las tesis que sugieren un derroche y la falta de capacidad para llevar a cabo la tarea de reducir las enormes brechas, no sólo económicas -que nos han convertido en el país más desigual de la zona más desigual del globo-, sino de género, étnicas y sociales.
Ahora bien, no se trata de justificar contra viento y marea la labor de un Ministerio aún en ciernes, pues es innegable que el bajo nivel de ejecución debe suscitar explicaciones y una autocrítica aguda para enderezar el camino. No es un tema menor, valga recordar que disminuir la desigualdad ha sido bandera del progresismo en América Latina y una promesa de campaña histórica de los líderes de izquierda que han sobrevivido en Colombia al terrorismo de Estado, común denominador de los últimos tiempos.
Partiendo de esas críticas, se puede exigir la rendición de cuentas y la aceleración de trámites para lograr las metas, pero entre eso y apostar por su hundimiento hay todo un abismo. A quienes presumen como un exceso burocrático el Ministerio de Igualdad, valdría la pena preguntarles por qué no consideraron lo mismo en el caso de Comercio Exterior cuando se creó en plena apertura neoliberal como una señal de modernización. Con el surgimiento del Ministerio de Cultura ocurrió algo similar a mediados de los noventa, incluso Gabo fue uno de sus más sobresalientes contradictores. Es más, en el gobierno de Pastrana por poco se fusiona con Educación.
Los argumentos del derroche suelen asociarse única y exclusivamente a la inversión social o programas que apuntan a concretar el Estado social de derecho. Extraño que cuando se han producido inversiones y gastos significativos en la industria militar, o cuando se crean programas o iniciativas bajo el acompañamiento o tutela de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son leídas como una muestra de avance o como una inversión a futuro que da cuenta de una modernización inaplazable.
Colombia arrastra un registro histórico de concentración de la riqueza medida no solamente en salarios (0,54), tierras o capitales sino en exclusiones institucionales de las que los colombianos rara vez son conscientes o entienden su verdadera magnitud. Para colmo de males, ha hecho carrera la negación sobre las profundas brechas racistas y clasistas con una condescendencia justificada en la idea de que algunos grupos son más perezosos. En uno de los países más desiguales del mundo se piensa ingenuamente que toda pobreza tiene una causa ligada a la justicia que es en realidad darwinismo social, sólo sobreviven los que alcanzan la adaptación a un sistema social depredador. Eso sí, los de arriba rara vez compiten. Y como si fuera poco, en términos generales el establecimiento ha sido condescendiente con manifestaciones abiertamente discriminatorias empezando por los medios.
Esta columna no es una defensa del Ministerio de la Igualdad, sino un recordatorio sobre la necesidad de abordar el debate acerca de la superación estructural de la pobreza a través de una igualdad que, aunque no pueda crearse por decreto, tampoco debe aplazarse. En una democracia real no hay espacios para la exclusión estructural.
